A inicios de esta semana, autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunciaron que, tras realizar las pruebas de ADN respectivas, se confirmó que el cuerpo encontrado el pasado 23 de octubre en un pozo en una finca en Playa Garza de Osa, es el de Estrella Dayana González Araya, una menor que apenas el pasado primero de noviembre habría cumplido los 17 años.

Los reportes de las autoridades aún no apuntan a causas para la agresión sufrida por la menor ni hay ninguna persona detenida como sospechosa; sin embargo, y según señaló la familia de la menor al medio regional Colosal Informa y también a Multimedios, existen sospechas de que el crimen esté ligado a una condena por agresión sexual de la que fue víctima una familiar de González en el año 2004.

El caso es pavoroso, por decir lo menos; pero refleja con claridad por qué el día de mañana, 25 de noviembre, el país y el mundo conmemorarán el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha a la que, por cierto, Costa Rica llega otra vez con números rojos y nada alentadores.

11 femicidios / 61 muertes violentas

Los últimos datos aportados por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial señalan que, a corte del pasado 26 de octubre, en el 2020 se habían contabilizado 61 muertes violentas de mujeres. De estas, 9 fueron consideradas homicidio pero no femicidio por no cumplir con las características necesarias de esta etiqueta; mientras que 41 más están pendientes de ser clasificadas, a la espera de informes policiales y periciales o de revisión.

El reportaje Violentadas en Cuarentena que publicó la plataforma de periodismo colaborativo, Distintas Latitudes semanas atrás (investigación a cargo de la periodista costarricense Floribeth González Chavarría, con apoyo de la ilustradora Acserí Álvarez Zúñiga), explicó la dificultad que afronta el país a la hora de declarar o no un crimen contra una mujer como un femicidio.

Para ello se entrevistó a la abogada y jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias Meza, quien explicó el reto que representa esta declaración en la legislación nacional.

Según Arias, los datos sobre la cantidad de femicidios que se hacen públicos desde el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia dependen del trabajo de una Subcomisión Interinstitucional sobre Femicidios que incluye a la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Salud, entre otras entidades.

"Esta Subcomisión saca sus conclusiones a partir de la información aportada por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la sección de Estadísticas del Poder Judicial, además de incluir un exhaustivo monitoreo de los medios de prensa (...). Luego hace una clasificación preliminar del caso que dependerá de la autopsia, las diligencias útiles del OIJ para que salga el informe policial, entre otras variables. No obstante, para que esa clasificación sea definitiva hace falta una sentencia en firme dictada por un juez de la República, y por eso, depende del tiempo que tardan los procesos penales", detalló Arias.

Lo anterior explica cómo, a pesar de haber conmocionado al país durante todo el año, el caso de Allison Bonilla Vásquez no cuenta en las cifras que oficiales de esta categoría.

Los muchos tipos de violencia de género

Para el Observatorio especializado del Poder Judicial "el femicidio es la más grave de las violencias de género" pero para nada es la única y los datos suministrados por el INAMU esta mañana a la prensa, son también un reflejo de ello.

Los albergues del INAMU, por ejemplo (que son los sitios en los que ingresan mujeres que se encuentran en alto riesgo de femicidio) han atendido, en lo que va del año a un total de 234 mujeres. Si a ese dato le sumamos a sus hijas e hijos, la sumatoria total es de 504 personas albergadas.

La cifra es mayor a la de 2019 pues a corte de esta fecha, el INAMU reportaba haber dado albergue a 203 mujeres.

La Fuerza Pública, por su parte, reportó también un aumento de los informes policiales por casos asociados a la violencia intrafamiliar durante el primer semestre de este año: en el 2019 se realizaron un total de 7.162 informes policiales por la Ley de Violencia Doméstica, pero en lo que llevamos del 2020 ya se registran 9.206: es decir, 2.044 casos más.

Por su parte y en casos referentes a la Ley de Penalización, en el 2019 se reportaron 3.193 casos, mientras que para el 2020 ya se registran 3.927 informes, lo que refleja un aumento de 734 casos.

El tema, sin embargo, no afecta solo a violencia intrafamiliar, las denuncias asociadas a otros tipos de agresiones contra mujeres también van en aumento.

Por ejemplo, las denuncias por delitos sexuales ingresadas al Ministerio Público por delitos como tentativa de abusos contra mayor, tentativa de abusos contra menores de edad, y difusión de pornografía y en de trata de personas, reportaron un aumento de 15 denuncias durante el primer semestre del 2020 (37 en total), con respecto a todo el año 2019 (donde se reportaron 22).

Además, los datos de denuncias por delitos contra personas menores de edad también son alarmantes y graves, pues al 30 de setiembre se habían recibido 7.060 denuncias, de las cuales 3.830 son por delitos sexuales. En estos casos y según reportaron los estudios del INAMU, cerca del 99% de estos delitos fueron cometidos por hombres, el 96% de las víctimas son niñas y en el 60% de los casos son actos realizados por un miembro de la familia.

Por eso es que este martes y, a las puertas de la conmemoración de mañana, la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, Patricia Mora Castellanos, señaló que:

Este 25 de noviembre se conmemora a nivel nacional e internacional, el día en contra de la violencia hacia las mujeres. Las mujeres históricamente hemos sido acechadas por distintas formas brutales de violencia y de discriminación. Hoy más que nunca, debemos alzar la voz contra el machismo y exigirle a la sociedad en su conjunto, y al Estado en particular, que cuide de la seguridad de nuestras niñas y mujeres y que exija justicia pronta y cumplida ante cualquier acto de agresión a una de ellas".

¿Aumento en las denuncias o aumento de la violencia en pandemia?

Una de las grandes preguntas que nos ha dejado el 2020 es la de si la pandemia de COVID-19 ha tenido algún impacto negativo en la incidencia de casos de violencia de género, ahora que muchas de las víctimas han tenido que permanecer en casa junto a sus principales victimarios.

Volviendo al reportaje de Distintas Latitudes, es importante resaltar al respecto la posición de la secretaria técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias, quien señaló allí que "a las autoridades les preocupa toda la violencia que están sufriendo las mujeres durante la pandemia y que no se refleja en las estadísticas porque no es fácil denunciar cuando convives 24 horas, 7 días a la semana, con el agresor".

Para la especialista, el contexto de confinamiento (aunque estas hayan sido menos severas que en otras naciones) a representado el "panorama perfecto para un agresor", pues:

En el ciclo de la violencia, lo que busca un agresor es aislar a la víctima, alejarla de su familia, de su comunidad, de sus amigas. Y ¿qué hacen los confinamientos?, eso mismo: le ofrecen al agresor las condiciones que requiere en el ejercicio de poder de esa relación”.

Dicho reporte también agrega el criterio de la psicóloga especializada en género, Mariana Zumbado, quien señaló que el impacto económico de la pandemia a significado un impulso directo a las condiciones de vulnerabilidad femenina, ya que en aquellos casos donde estas han visto reducidas sus jornadas laborales o han enfrentando despidos, se "incrementa la dependencia económica, una de las razones históricas para que las mujeres se queden en relaciones de violencia".

Por ello es el acompañamiento a las víctimas, la denuncia y el no dejar solas, es tan importante ante estos hechos de violencia.

¿Dónde denunciar?

Así, y ante el panorama anteriormente detallado, cerramos esta nota recordando la importancia de la denuncia y del apoyo institucional como mecanismo para sobrevivir a la violencia machista.

Según este documento del Ministerio de Salud que recopila todas las herramientas disponibles para denunciar estos casos, las víctimas cuentan con apoyo en la Defensoría de los Habitantes, en los Juzgados de Familia y en los Contravencionales y de Menor Cuantía.

Además, la persona agredida puede acudir al Patronato Nacional de la Infancia si es menor de edad, en su Línea de emergencia 800-300-3000.

En caso de ser víctima de agresión y requerir de atención inmediata, el sistema del 9-1-1 también cuenta con atención disponible las 24 horas del día para las mujeres que así lo requieran y con contacto directo al Instituto Nacional de las Mujeres y a su línea del Centro operativo de atención a la violencia intrafamiliar (COAVIF).

El COAVIF es un servicio de atención inmediata y especializado al que se accede por medio de este Sistema Nacional de Emergencias (9-1-1) y que atiende situaciones de mujeres mayores de edad víctimas de violencia en relación de pareja actual o pasada (casadas, en unión libre, noviazgo); de mujeres menores de edad (mayores de 15 años) víctimas de violencia en relación de pareja; de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por parte de cualquiera de los familiares; y de personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar.

Además, el Centro también atiende a mujeres mayores de edad víctimas de violencia sexual y violación extra familiar; a mujeres mayores de edad víctimas de explotación sexual comercial o de trata; y a mujeres mayores de edad afectadas por situaciones de hostigamiento sexual en empleo y docencia.

El servicio también se encarga de las labores de seguimiento y derivación de casos, cuando se requiera de una atención en forma personal y más especializada; de apoyo emocional y contención en crisis para las víctimas que así lo necesiten; además se valora y coordina con las instancias correspondientes para traslado e ingreso de afectadas a centro especializados de atención y albergue temporal del INAMU y se asesora y orienta legalmente en temas como denuncia por violencia intrafamiliar, pensión, divorcio, legalización de la unión libre, bienes gananciales,  guarda crianza y educación, régimen de visitas, entre otros.

También necesario recordar que muchas de las municipalidades del país cuentan con Oficinas Municipales de la Mujer y que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene, a su vez, redes locales de prevención y atención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar a las que las personas víctimas pueden acudir, consultando en su centro de salud más cercano.

Salir del círculo de la violencia no es fácil y por ello es necesario que el tema se siga hablando del tema y que entendamos que todos somos responsables de la contención de esta problemática. Nada de dejarlo pasar o de pensar que no es con uno, la responsabilidad de que en 2021 el número de muertes violentas de mujeres sea menor, es algo que nos toca a todos.