Eliminar la pobreza en todas sus formas constituye el fundamento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pese a ello, el Banco Mundial estima que la pobreza aumentará por primera vez desde 1998 y según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano registrará un descenso desde su primera medición en 1990.
En este contexto, el llamado Internacional para la Erradicación de la Pobreza cobra un particular sentido de urgencia, especialmente debido a sus impactos diferenciados sobre las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, con discapacidad, afectando en todos los escenarios con mayor intensidad a las mujeres.
Las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por los impactos económicos y sociales producto de la COVID-19. Según estimaciones recientes de ONU Mujeres y del PNUD, 47 millones de mujeres y niñas caerán en la pobreza.
En Costa Rica, la tasa de desempleo de las mujeres se disparó durante la pandemia, alcanzando un 30,4% en el II trimestre de 2020, 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de los hombres (20%), según datos de la Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en agosto de 2020. Esta es la tasa de desempleo más alta en la historia del país, representando un preocupante aumento de 120.000 mujeres desempleadas en el último año.
Aquellas mujeres con niveles de educación más bajos han sido las más afectadas por la crisis. Entre las mujeres con educación primaria incompleta, se ha producido una reducción del 54% de su participación en el mercado laboral. Los impactos desiguales están relacionados con su mayor participación en las actividades económicas fuertemente impactadas por la crisis, incluyendo los sectores de servicios, turismo, pequeñas y medianas empresas (Pymes), empleo informal y trabajo doméstico remunerado.
Del mismo modo, la pandemia ha expuesto y exacerbado otras brechas de género que afectan negativamente la autonomía económica de las mujeres, como la carga desproporcionada que asumen las mujeres del trabajo de cuidados de las niñas, niños y las personas dependientes, y, el trabajo doméstico no remunerado. Los sesgos y estereotipos de género continúan produciendo desigualdad de oportunidades. Se ha agudizado además la inseguridad de las mujeres ante los actos de violencia en los sitios que deberían ser espacios de protección, pertenencia, calma y serenidad: sus hogares.
Esta situación se complejiza en un escenario actual donde la pobreza, según la Encuesta Nacional de Hogares de julio 2020 del INEC, alcanzó el 26,2% de los hogares del país, lo que representa un 30% de la población. Este porcentaje equivale a 1.529.255 personas en condición de pobreza, estimándose un aumento de 321.874 en el último año. El porcentaje de personas en pobreza extrema aumentó a 8,5%. A nivel territorial, la región Pacífico Central presenta el nivel de pobreza y de pobreza extrema más alto: 34,7 % y 11,3% respectivamente, recordándonos la necesidad de redoblar esfuerzos para reducir las desigualdades territoriales y mejorar la calidad de los servicios institucionales en las zonas rurales para fomentar un desarrollo sostenible e inclusivo.
Enfrentar este reto requerirá de un esfuerzo colectivo que contemple también acciones orientadas a atender la degradación del medio ambiente, cuyas manifestaciones se ensañan con mayor fuerza sobre las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Empoderamiento económico de las mujeres y economía verde como oportunidades
Las brechas de género presentes en el mercado laboral se han profundizado durante la pandemia, generando una seria amenaza de regresión en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Reconociendo las dimensiones de género de la pobreza y la necesidad de avanzar decididamente en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el Gobierno de Costa Rica y el Sistema de las Naciones Unidas, a través las agencias PNUD, FAO, OIT y ONU Mujeres, están implementando el “Programa Conjunto: Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental”. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo Conjunto para los ODS con incidencia directa en los cantones de Puntarenas, Buenos Aires y Limón.
Las acciones de este Programa tienen como objetivo fortalecer las capacidades y la articulación de las entidades del sistema de protección social, con énfasis en los componentes de bienestar, agro y trabajo de Puente al Desarrollo. Para ello, trabaja con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entre otras entidades clave, promoviendo la adopción de herramientas y modelos de intervención sensibles al género, la protección social y al medio ambiente.
Como parte de las actividades impulsadas se encuentra la dotación de fondos no reembolsables para iniciativas productivas de mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad económica, la generación de habilidades para su empleabilidad, empresariedad y emprendimientos, y la reducción de brechas de género en el acceso a recursos financieros. Otro esfuerzo está orientado a desarrollar una plataforma de comercio electrónico para facilitar la venta de productos de mujeres empresarias y emprendedoras en situación de pobreza o vulnerabilidad económica, vinculándolas directamente con las personas consumidoras.
Estamos ante una oportunidad única para garantizar un futuro más pacífico, equitativo y resiliente. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con Costa Rica para avanzar decididamente hacia la erradicación de la pobreza. El trabajo multisectorial es un aliado indiscutible para no dejar a nadie atrás en estos momentos críticos para el mundo.
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