Este miércoles se hizo pública la más reciente actualización de la Encuesta de Confianza del Consumidor elaborada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la que se constató que si bien la población espera un aumento de los casos de la COVID-19 en las próximas semanas, también exige una reducción de las restricciones comerciales asociadas a la prevención de los contagios.
Así se concluye de los resultados de este estudio, enfocado en las opiniones y expectativas económicas de la población en tiempos de la COVID-19 y cuyos datos fueron recabados entre el 5 y el 20 de agosto pasados. En este marco se entrevistó a 700 personas, todas mayores de de 18 años, nacionales y extranjeros, que utilizan telefonía celular dentro del territorio nacional.
Según el resumen que el propio documento presenta:
Los resultados más relevantes muestran que en setiembre y octubre del presente año se espera un aumento del número de personas infectadas (64,7% así lo afirmó) y que pese a esto son más quienes opinan que las restricciones al comercio deben disminuirse (45,2%) en vez de mantenerse o aumentarse (38,2% y 12,2%, respectivamente).
La primer parte de la encuesta señala que hay más preocupación por el coronavirus en general que por el riesgo de contagio personal (de una calificación de 0 a 10, el primer rubro obtuvo un promedio de 7,9 mientras que el riesgo de infección fue percibido con un 5,3):
Estos primeros resultados indican que, en general, la epidemia inquieta a las personas, aunque admiten que su posibilidad de infectarse no es tan alta. Llama la atención que, aun con la presión que actualmente están experimentando los servicios de salud por el crecimiento del número de personas infectadas, se considera que la eventualidad de desbordar la capacidad de los hospitales preocupa a tan solo 6,9 puntos en promedio".
La Escuela de Estadística también señaló que el grupo que percibe sus posibilidades de infección como muy bajas contiene en mayor proporción a mujeres (60,8%), personas de 50 años y más (51,9%), con bajos niveles de educación (50,8% tiene primaria o menos) y con ingresos familiares insuficientes (59,2%).
Clamor por apertura comercial
Según señala este volumen de la encuesta, si bien se espera que en los próximos dos meses aumente el número de personas enfermas por COVID-19, el 45,2% de los entrevistados opinó que las restricciones al comercio deben disminuirse, mientras que el 38,2% de estas afirmó que se deben mantener y apenas el 12,2% pidió un aumento en las medidas sanitarias.
Este resultado llama la atención, pues al esperar en los próximos meses un número de casos creciente en el país era de suponer más apoyo para mantener o aumentar las restricciones al comercio. Sin embargo, esta situación puede reflejar que, pese a esta expectativa, también está el deseo y la necesidad por la reactivación económica, pues como se verá más adelante, las opiniones sobre el deterioro de la economía familiar son evidentes.
Por otra parte, el estudio señala que el impacto de la COVID-19 en la economía familiar es evidente, pues el 68,2% de los hogares señala que ha visto perjudicada su economía a raíz de la pandemia, un hecho que se acrecienta en aquellos de quintiles más bajos:
Una muestra de la desigualdad del perjuicio del coronavirus a la economía de los hogares se conoce al saber que, actualmente, en los que experimentan grandes dificultades económicas (17,0%), 83,3% admite que el coronavirus afectó su economía familiar. Por el contrario, en los hogares que están mejor económicamente, e incluso pueden ahorrar (15,2%), solamente 24,3% dijo que el coronavirus afectó su economía familiar.
Así las cosas, un 34,9% de los hogares señaló que tiene al menos un miembro a quien le redujeron la jornada laboral y que 32,4% vio afectado al menos a uno de sus miembros porque le suspendieron el contrato; además, el 26,5% de los hogares fue afectado por el despido de alguno de sus miembros. De esta manera y forma manera global, se estima que 57,0% de los hogares del país posee al menos un miembro que fue perjudicado laboralmente por la COVID-19.
Sin embargo y a pesar de lo anterior, también se encontró que 58,1% de los hogares reportaron que al menos uno de sus miembros desarrolló estrategias para seguir generando ingresos en medio de la crisis.
En esta segunda línea, la encuesta señaló que el 38,3% de los hogares tiene al menos un miembro que desarrolló nuevas formas de ganar dinero en su misma línea de trabajo y el 28,8% laboró en otro oficio para ganar dinero. Además, 25,4% de los hogares tiene al menos un miembro que hizo teletrabajo. En general se estima que 58,1% de los hogares reportó que al menos uno de sus miembros desarrolló alguna estrategia para seguir laborando ya sea desde su trabajo previo a la pandemia o en uno nuevo.
La fe en el 2021
Así las cosas, las esperanzas están puestas en el 2021: la mayoría visualiza al próximo año como uno clave para que los hogares recuperen el nivel económico que tenían antes de la pandemia (48,7% así lo afirmó) y también para que en el país se recuperen los trabajos perdidos por la crisis (44,6%).
No obstante, la expectativa para que la actividad económica del país sea como antes de la pandemia es menos positiva, pues solamente 25,5% espera que suceda en 2021 y poco más de la mitad piensa que será después (24,5% en el 2022 y 27,6% en el 2023).
Sin embargo y a pesar de todo lo anterior, en el país aún existe una amplia mayoría de personas que visualiza la situación de la pandemia más favorable en Costa Rica que en el resto de Centro América, pues el 74,1% afirma que es mejor y es apenas el 4,6% el que opina lo contrario.
Finalmente, la UCR midió el papel desarrollado ante la pandemia por diez entidades gubernamentales y descubrió que las de primera respuesta (el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencias, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito recibieron las mejores calificaciones, ubicadas entre 8,8 la primera y 8 la última.
Son las instituciones de apoyo paralelo, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Ministerio de Trabajo, la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, las que recibieron calificaciones menores, aunque ninguna más baja que 5,6 (que fue la obtenida por la Asamblea).