El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, acusó recientemente a la Contraloría General de la República de incumplir y desobedecer la resolución que la Sala Constitucional emitió sobre el entonces expediente legislativo 20.580; hoy convertido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9635).
Mediante una gestión planteada el 5 de agosto anterior y hecha pública este lunes, Cruz acusa que mediante oficios remitidos en diciembre de 2019 y febrero de este año, la Contraloría "está obligando al Poder Judicial a aplicar las normas de la Ley 9635 en sentido contrario a como ordenó esta Sala Constitucional en el voto 2018-019511".
Específicamente, Cruz acusa que la Contraloría pretende que él deje sin efecto un acuerdo de la Corte Plena sin tener las competencias para ello; y que violente la intangibilidad de los actos propios y el principio de confianza legítima para con los servidores del Poder Judicial, ya que el acto que le piden anular es un acto creador de derechos subjetivos.
"La CGR desconoce los argumentos en el sentido planteado y por el contrario, mantienen su interpretación particular, sin entrar siquiera a valorar la vigencia y pertinencia del cuerpo normativo que regula la relación de empleo en el Poder Judicial, conforme lo dispuso el voto de la Sala Constitucional", afirmó Cruz.
Se evidencia que la CGR ha sido advertida claramente del incumplimiento de lo resuelto por la Sala Constitucional, a pesar de lo cual, impone al Poder Judicial su particular interpretación, absolutamente contrario a lo resuelto en cuanto al núcleo normativo que se mantiene incómule en el caso de este Poder
Origen del conflicto
En diciembre de 2019, la Contraloría General de la República ordenó al Poder Judicial cumplir a cabalidad con la reforma al empleo público realizada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La Contraloría revisó el acuerdo adoptado por el acuerdo de Corte Plena en la sesión 11-2019 mediante el cual se determinó que las reformas a dedicación exclusiva, la prohibición, la base de cálculo para el pago los incentivos y otras compensaciones salariales, el auxilio de cesantía y la aplicación del tope fijado para remuneraciones, solo aplicarían para nuevos funcionarios, no así para los actuales.
La medida se basó en el argumento de que las leyes especiales en materia de remuneraciones del Poder Judicial no fueron derogadas, sin embargo, la Contraloría determinó que una vez entró a regir la Ley 9635, no puede entenderse que esas leyes son las únicas que rigen el empleo en ese poder.
Por ello, la Contraloría ordenó al presidente de la Corte, Fernando Cruz, informar a la Corte Plena y ordenar las instrucciones a las instancias internas competentes del Poder Judicial para asegurar la aplicación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma, para la totalidad de los funcionarios del Poder Judicial sin distingo de la fecha de incorporación, así como definir los mecanismos de seguimiento para asegurar dicho cumplimiento.
Cruz impugnó esa orden, sin embargo, la Contraloría la dejó en firme y por ello ahora acude a la Sala Constitucional para señalar que existe un incumplimiento a lo que la Sala dispuso cuando analizó la constitucionalidad del entonces proyecto de ley.
El presidente de la Corte solicitó a la Sala declarar el incumplimiento de la Contraloría a lo dispuesto por los magistrados y anular los oficios remitidos por el ente contralor sobre esta materia.