Desde hace una buena cantidad de décadas, Costa Rica ha sido reconocida como un faro para los Derechos Humanos en la región. Esto no es algo que se diga a la ligera.

En la base de esa afirmación está la historia de nuestra solidez democrática, de instituciones estatales fuertes, del reconocimiento en foros internacionales, además del avance en derechos de diversas poblaciones vulnerabilizadas o la firma de tratados que brindan un marco progresivo para garantizarlos.

Sin embargo, la garantía de una democracia fuerte es su constante revisión. Si el horizonte es la protección de los derechos en toda su extensión, el camino es la crítica y la mejora continua de la normativa y el aparataje institucional que vela por ellos.

La pandemia ha hecho emerger muchas falencias que ha tenido el Estado para responder a esas poblaciones vulnerables. Lo dijo en días anteriores, con mucha contundencia, el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la CCSS: “El COVID-19 lo que está reflejando es condiciones sociales que han estado ahí siempre, pero no las hemos querido ver”.

Esa frase vino en el contexto de los contagios por COVID-19 en las llamadas “cuarterías” en San José: edificaciones utilizadas como viviendas sin condiciones mínimas de espacio y servicios básicos, donde claramente se pone en riesgo la vida y la salud de población vulnerabilizada por su condición migratoria y de pobreza.

Esa violación del derecho a la vivienda existía, por supuesto, desde antes. Lamentablemente, dejó de ser objeto de discusión pública y, en la práctica, se normalizó. La pandemia quizá tan solo lo hizo explotar y lo acentuó mediáticamente. Hoy buscar soluciones es complejo por la coyuntura que atravesamos, pero también porque dichas soluciones se construyen con el tiempo. Probablemente, un tiempo similar al que hemos evitado enfrentar —con convicción— ese problema.

Durante años el Sistema Financiero de la Vivienda ha subejecutado los recursos disponibles para la construcción de viviendas de interés social, al tiempo que nuestras autoridades locales han hecho poco por aprovechar las herramientas regulatorias para crear ciudad. Dar solución al problema de las cuarterías pasa por una conjunción de esfuerzos de intervención social y sanitario, pero también por eliminar las barreras normativas y los incentivos negativos (perversos) que han hecho que se postergue contar con espacios habitacionales urbanos más dignos.

Algo similar ocurrió con las condiciones laborales de las personas trabajadoras agrícolas, especialmente en monocultivos, en la zona norte de nuestro país, situación que había sido señalada desde mucho antes por diversas voces. Tras una inspección iniciada en junio de este año por los brotes de COVID-19 en esa región, en la que participaron tanto el Ministerio de Trabajo como los de Seguridad y de Salud, se encontraron irregularidades en una cantidad de empresas bastante importante. Más de una veintena de ellas fueron clausuradas por la autoridad laboral debido a violaciones a las normas de salud ocupacional, el salario mínimo, tiempos de descanso, pago de horas extra, entre otras.

El anterior es también un escenario que nos habla de un Estado que no está tutelando adecuadamente todos los derechos, para todas las personas, en todas las regiones del país. Nos muestra que debemos tener como una prioridad fortalecer las capacidades y repensar la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo para hacer cumplir con nuestro Código de Trabajo.

Ambos ejemplos que (aunque no son los únicos que se han evidenciado con la pandemia) nos sirven para reflexionar sobre las desigualdades que una Costa Rica con ideales de solidaridad y paz social, y firme defensora de todo el abanico de los Derechos Humanos, debería combatir con apremio. Pero más que nada, ese debate que se encendió en las últimas semanas sobre diversas poblaciones vulnerabilizadas, y esa sensación de verdadero apuro por atender esos temas en el escenario político, debería volverse algo permanente.

Muchas veces, en estos tiempos tan extraños y complejos, hemos oído la expresión “volver a la normalidad” como una especie de meta a la que podríamos acercarnos cuando nos llegue la vacuna contra el nuevo coronavirus. Pero “volver a la normalidad” no es una opción, si esa normalidad se trata de regresar a tiempos donde las desigualdades, la vulneración de derechos y los problemas de poblaciones vulnerables, no sean nuestra urgencia de todos los días.

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