La Contraloría General de la República interpuso una denuncia penal por hechos relacionados con las inversiones de corto plazo que realizó el Ministerio de Hacienda durante el año 2017 en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), por montos de $50 millones y ₡100.000 millones.
La información fue confirmada por el diputado José María Villalta Flórez-Estrada del Frente Amplio, quien había denunciado en abril del año pasado irregularidades en el uso de los recursos por el pago de las inversiones realizadas por el Banco de Costa Rica (BCR) a la Hacienda Pública, derivadas de la fusión de Bancrédito.
Según la denuncia que presentó Villalta a la Contraloría, tras la absorción de Bancrédito por parte del BCR (aprobada en setiembre de 2018 con la Ley 9605), el Ministerio de Hacienda recibió a finales del 2018 el pago de los recursos que el Estado había invertido en 2017 para salvar Bancrédito.
Estos recursos fueron pagados en dos formas:
- La deuda en dólares fue cancelada por el BCR en dos pagos (el 20 de noviembre $50 millones de saldo, y el 11 de diciembre del 2018 $1.1 millones de los intereses).
- La deuda en colones (tanto el saldo como los intereses) fue pagada con cuatro certificados de depósito a plazo emitidos el 10 de diciembre del 2018 a favor de Hacienda, el primero por ₡30.052 millones que vencía el 29 de marzo del 2019, dos por ₡23.000 millones, a uno y dos años plazo, y el último por ₡24.000 millones a tres años plazo.
Villalta denunció que cuando el Estado recibió estos recursos (en parte ejecutados en el 2018), no se incorporaron al Presupuesto Nacional por vía de un presupuesto extraordinario, a pesar de que la Ley 9605 en su artículo 3 autorizaba al Poder Ejecutivo a hacer los ajustes presupuestarios requeridos (vía decreto ejecutivo) y, según consta en el registro histórico de modificaciones al Presupuesto Nacional 2018, nunca se hicieron.
Dato D+: Tras el escándalo del hueco fiscal en 2018, la Asamblea Legislativa eliminó, a partir del Presupuesto Nacional 2019, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera hacer movimientos entre partidas presupuestarias sin la presentación de un presupuesto extraordinario.
El 5 febrero del 2019 la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, reconoció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso que el ingreso y uso de los recursos recibidos a finales del 2018 se hizo sin que el movimiento se reflejara en un presupuesto extraordinario, lo que Aguilar justificó señalando:
Lo revisamos con Presupuesto y con Contabilidad, porque contablemente sí estaba como una cuenta por cobrar. Dado que fue una transacción, que era inviable de todas maneras presentar un presupuesto en ese momento y que además no obedecía a un ingreso de ese momento, sino del año 2017, que había quedado pendiente, la recomendación fue que a pesar de que la Ley de Banco de Crédito, Banco de Costa Rica autorizaba al Ministerio de Hacienda a hacer la transacción, recibir los títulos, capitalizar ahora en marzo, presupuestariamente lo reflejáramos. Por eso, trajimos el remanente como el primer presupuesto extraordinario del año 2019.
Según señaló la Contraloría, la denuncia presentada es de carácter confidencial, por lo que no se ha confirmado en contra de cuáles personas fue interpuesta.
Aguilar, quien actualmente trabaja como superintendente de pensiones, dejó el Ministerio de Hacienda el 23 de octubre del año pasado, después de que la Contraloría recomendara al presidente Carlos Alvarado Quesada que la suspendiera por un mes sin goce de salario, debido al pago de ₡182.000 millones de deuda pública en julio del 2018, sin contar con la autorización presupuestaria correspondiente.
