Informe técnico señala caída de ingresos, más presión por intereses y faltantes en transferencias sociales.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de ley de Presupuesto de la República para 2027 refleja un panorama fiscal adverso por la caída de los ingresos corrientes, el peso creciente del pago de intereses y la existencia de faltantes presupuestarios en áreas sociales e institucionales.
El señalamiento consta en el Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2027, que la Contraloría emitió el 30 de setiembre. El documento analiza las perspectivas fiscales, el comportamiento de los ingresos y egresos, las normas de ejecución presupuestaria, las asignaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el gasto social y el cumplimiento de los principios presupuestarios.
La contención del gasto primario no logra compensar la caída de los ingresos corrientes, lo que profundiza el resultado fiscal deficitario. El estancamiento de dicho gasto, debido a faltantes presupuestarios, genera; por consecuencia, menores asignaciones, lo cual habrá de incidir en los sectores vulnerables y también en la operatividad institucional".
Según el informe, los ingresos sin financiamiento caerían 2,4% respecto al presupuesto inicial de 2026, principalmente por una menor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), así como por el estancamiento del Impuesto sobre los Ingresos y Utilidades. La CGR también estimó que la carga tributaria pasaría de 13,7% del PIB en 2022 a 12,3% en 2027.
El órgano contralor calculó que el déficit financiero alcanzaría ₡2,4 billones, equivalentes al 4,4% del PIB, el mayor déficit estimado en un presupuesto inicial durante los últimos cinco años. A ese resultado contribuirían la reducción de ingresos y el aumento de los intereses, que llegarían a ₡2,7 billones, un monto equivalente al 35,3% de los ingresos corrientes y al 4,9% del PIB.
El presupuesto propuesto suma ₡12,4 billones, equivalente al 22,3% del PIB, el menor porcentaje presupuestado desde 2008. De ese monto, el Gobierno financiaría 37,7% con endeudamiento, mientras que el título de servicio de la deuda alcanzaría ₡5 billones, el 40,3% del gasto total, y requeriría el 64,7% de los ingresos sin financiamiento.
La Contraloría también llamó la atención sobre las asignaciones a la CCSS. El informe indica que el Ministerio de Hacienda incorporó alrededor del 73% de los recursos solicitados por la institución, con una diferencia de ₡418.194 millones: ₡241.855 millones en el Seguro de Salud, ₡146.408 millones en el Régimen No Contributivo y ₡29.931 millones en el Seguro de Pensiones.
La CGR señaló que esas diferencias incrementan la deuda del Estado con la seguridad social, que alcanzaría ₡4,7 billones, equivalentes al 9% del PIB. Además, indicó que los créditos de apoyo presupuestario aprobados desde 2020 para pagar deudas con la CCSS ascienden a ₡327.223 millones, pero el Gobierno solo giró el 65,3% y, al cierre de agosto de 2026, no registraba gasto devengado de los recursos revalidados para ese año.
En materia social, el informe identificó reducciones en transferencias corrientes por ₡37.503 millones, concentradas principalmente en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Para el IMAS, el monto presupuestado alcanza ₡141 mil millones, ₡45.640 millones menos que lo devengado al cierre de 2025, mientras que la transferencia al PANI resulta ₡17 mil millones menor que la ejecución de ese mismo año.
El documento también apunta una recomposición de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que cambia el destino relativo del 19,3% de sus recursos. Entre los destinatarios del fondo, el Régimen No Contributivo registra la mayor reducción nominal, con una baja de ₡83.138 millones, equivalente al 48% frente a la Ley de Presupuesto de 2026.
La Contraloría agregó que la función educación recibiría ₡2,5 billones, la menor asignación del bienio 2026-2027, con una reducción de ₡25.294 millones. Según el informe, esa baja responde en buena medida a reclasificaciones presupuestarias y a la disminución en la transferencia al IMAS, aunque la función mostraría un aumento si se eliminaran esos efectos.
El órgano contralor también encontró debilidades en el cumplimiento de los principios presupuestarios. En particular, calculó una subestimación del gasto por al menos ₡493.946 millones, principalmente por la diferencia entre las estimaciones de la CCSS sobre las obligaciones del Estado con los seguros sociales y la asignación incluida en el proyecto de presupuesto.
El informe, sin embargo, reconoció avances en transparencia e integración presupuestaria, pues el proyecto incorpora por primera vez ₡7.774 millones de recursos que antes operaban fuera del Presupuesto de la República, entre ellos ingresos provenientes del impuesto al ruedo a favor de las municipalidades, los permisos sanitarios de funcionamiento y el aporte anual por vehículo.
La CGR cuestionó además la baja vinculación entre el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030. Según el informe, solo el 11% del presupuesto está asociado a objetivos de intervención pública del plan, frente al 13,5% registrado en 2026, y 33 programas presupuestarios carecen simultáneamente de productos y usuarios definidos.
El documento también objetó cinco normas de ejecución presupuestaria incluidas en el proyecto, identificadas como las normas 8, 9, 10, 11 y 12. A criterio de la Contraloría, esas disposiciones resultan improcedentes por la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional, la técnica presupuestaria y la normativa vigente.
Entre esas normas, la CGR mencionó el bloqueo previo de ₡29.844 millones en partidas del Poder Judicial, restricciones para trasladar recursos entre subpartidas y condicionamientos para utilizar plazas vacantes o pagar compensaciones salariales. La Contraloría sostuvo que esas medidas exceden el trámite propio de una ley de presupuesto, pues requieren una discusión mediante ley ordinaria.
Finalmente, el informe advirtió que la razón deuda/PIB pasaría de 61,2% en julio de 2026 a 65,5% en diciembre de 2027, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda incluidas en el proyecto. La CGR indicó que esa trayectoria mantendría al sector público bajo el escenario más restrictivo de la regla fiscal, con un tope máximo de crecimiento de 4,08% tanto para el gasto corriente como para el gasto total en 2027.