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El estado de emergencia por el que atraviesa el mundo por la pandemia de COVID-19, y de la cual apenas estamos intentando recuperarnos, nos deja no solo aspectos profundamente negativos, sino también grandes lecciones para el mejoramiento de la institucionalidad a la hora de enfrentar situaciones similares en el futuro.

Hemos presenciado como algunas de las grandes potencias económicas han sucumbido a los efectos de esta pandemia por la debilidad de sus sistemas públicos de salud, su frágil Estado Social de derecho y la carencia de una institucionalidad fuerte que sepa articular esfuerzos y alianzas estratégicas entre lo público y lo privado, para lograr resguardar a su población ante los efectos de esta atípica situación internacional.

De igual manera, hemos visto derrumbarse los discursos que por años han abogado por un debilitamiento del Estado Social, un recorte sistemático de la inversión pública y la apuesta exclusiva hacia el sistema de mercado.

La emergencia, nos ha permitido dimensionar las áreas del Estado que debemos fortalecer, empezando por el robustecimiento de los sistemas públicos de salud y, también, los sectores sociales a los cuales debemos resguardar de manera especial, por su vulnerabilidad ante amenazas de esta naturaleza ya sea por su condición socioeconómica o cualquier otro factor que le ponga en particular desventaja, pues la mano invisible de la que hablaba Adam Smith, no solo es incapaz de atender las disparidades sociales ante la voracidad del mercado, sino realmente inútil en casos como la atención integral de una situación como la actual.

También, hemos sido testigos de lo vulnerable de actividades económicas y generadoras de empleos directos e indirectos, especialmente pequeñas y medianas empresas en servicios de hospedaje y alimentación, manufactura y comercio minorista.

De tal manera, es hora de dar un renovado empuje a la socialdemocracia como doctrina y herramienta idónea para hacer frente a la conducción de los sistemas políticos y económicos. Una socialdemocracia fuerte, renovada y responsable como la propuesta en su momento por Anthony Giddens en su idea de rejuvenecimiento teórico y programático.

Una socialdemocracia, apegada al revisionismo y la apuesta a las reformas estructurales, sin caer en los extremos violentistas del marxismo clásico, ni la ley del más fuerte que nos receta el tradicional liberalismo. En otras palabras, apegada a sus principios y su esencia abogando por la paz, la libertad, la justicia social, la igualdad, la inclusión y la solidaridad por vías democráticas.

Eso sí, con el pragmatismo de un José Figueres y tal como posteriormente la propuso Giddens y la adecuaron distintos liderazgos como el de Blair y Schröder a sus respectivas realidades. Abogando por condiciones de disciplina fiscal, uso responsable de los recursos públicos, estabilidad macroeconómica y reformas políticas en procura de Estados más eficaces y eficientes, pero manteniendo la esencia del modelo en procura por Estados socialmente responsables, reguladores últimos de la economía y comprometidos con el bienestar social de sus habitantes.

¿Y qué le falta a esa tercera vía renovadora de la socialdemocracia? Precisamente, adecuarse a las nuevas realidades que van más allá de los enfoques político-electorales y la frialdad de los prismas económicos. Para ello, es indispensable que esta nueva socialdemocracia tenga como eje transversal la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas. Todas: sin excluir, discriminar y agredir a nadie.

Lo anterior, porque no hay un solo tema que no tenga que ver con derechos humanos. Generación de empleos, reactivación de la economía, protección del medioambiente, fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, inversión en infraestructura pública, atención de poblaciones vulnerables, sistemas de agua potable, derechos sexuales y reproductivos, política migratoria, así como un largo etcétera, son temas que deben abordarse integralmente desde esta perspectiva.

Solo así, las decisiones de política pública, la formulación de presupuestos nacionales y las alianzas público-privadas, abordarán los grandes retos priorizando en el bienestar de las personas, mientras se busca la tan ansiada estabilidad económica y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Una socialdemocracia progresista e integral nos da esa oportunidad de avanzar de manera ordenada y sin dejar a nadie atrás.

Pero, además, el reto pasa por no descuidar aspectos relacionados con el fortalecimiento de las habilidades de negociación, porque la propuesta que requieren hoy nuestras sociedades, de cara a las próximas décadas, sí o sí pasa porque seamos capaces de sentarnos a conversar.