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El presente escrito fue publicado en La Nación hace muchos años ya, conviene retomarlo desde la perspectiva del tiempo y los hechos acontecidos y realizar las reflexiones pertinentes.

La situación actual de nuestro país requiere de planteamientos que de una u otra manera propongan alternativas de solución a los problemas que afectan a todas las personas.

En Costa Rica, existe la suficiente creatividad e interés en la ciudadanía para generar ideas con propuestas que ayuden a encontrar las mejores soluciones. Así ha sido en otros momentos difíciles, que, con el aporte de muchas personas, se ha llegado a las mejores soluciones.

La crítica por la crítica no conduce al cambio, sino a las excusas, a la permanencia del no hacer, y al pesimismo. Es así como me atrevo a plantear algunas ideas, sin que se entienda como una crítica a esta o cualquier administración o a sus personas funcionarias, que no dudo hacen lo que pueden dentro de las circunstancias.

Abordaré el tema de ingobernabilidad, pues muchas veces es el punto final que se argumenta para cualquier salida a un problema. Significa “no hay solución, no trate de buscarla y así nos ahogamos en ese laberinto de problemas, los acumulamos y se pierde el horizonte”.

Considero que la ingobernabilidad al igual que la “inteligencia emocional” no es un concepto simple o unitario, sino que al igual que ésta, comprende una multiplicidad compleja. Así en una primera instancia, podríamos dividirla en sus diversas manifestaciones:

De la ingobernabilidad política

Será un tema por considerar en otra ocasión, solo apuntaré que hay un componente generacional que nuestra política aún no ha oxigenado con valores y compromiso, lo que ha degenerado un ambiente político cacreco, enquistado y lleno de intereses.

El tema no es de partidos, sino de nuevas generaciones, espero que los jóvenes lo entiendan así y se comprometan, dando oxígeno a las ideas y a la acción, rompiendo esquemas y construyendo positivamente.

La ingobernabilidad administrativa

Es la más concreta, al fin y al cabo, la administración pública es la simple administración de lo público, de tal manera que administre los recursos públicos hacia los objetivos sociales comunes. Así la persona que la ejerce debería tener las mismas bases de conocimiento e instrumentos para administrar una empresa y porque no, una familia.

Por lo tanto, si hay escollos y marcos legales complicados de lo público, la estructura para administrar y la idoneidad del recurso humano debe ajustarse a realidades y objetivos específicos.

No se asusten, no voy a plantear un tratado sobre la administración pública, sino lo que quisiera ampliar es una lógica mínima administrativa. Por ejemplo; ¿nos hemos cuestionado el tamaño de la administración? Esta es una buena pregunta. Yo diría en principio que el tamaño depende de los recursos disponibles para financiarla, y la eficiencia de la administración en el cumplimiento de los objetivos planteados. Desde luego que en la situación actual es patente que los recursos no alcanzan, y existe insatisfacción de sus logros.

No propongo un proyecto de reforma estatal con nombramientos de dirigentes de ministerios o contratación de asesorías; la propuesta es simple y no requiere de leyes complejas: recomiendo más bien empezar con una dieta de adelgazamiento en este caso en particular de la parte alta del Ejecutivo.

Actualmente, —si no tengo mal el dato— hay 24 ministros y 51 viceministros, más dos vicepresidentes. Entre otras cosas, ¿consideran ustedes factible que un presidente puede una vez por semana en el Consejo de Gobierno (especie de Junta Directiva Administrativa), escuchar a todas las personas y resolver sus pendientes? E incluso si fuera una reunión cotidiana, resultaría imposible.

La propuesta es que —siguiendo la metáfora del fútbol— contar con un equipo de 11 personas y una en rol de entrenadora o sea el presidente. Ese es un número común en relación con lo que tienen otros países desarrollados, o al menos nos alejaría del record mundial de Ministros por habitante. Creo que con 11 ministros y de ese punto de partida podríamos intentar una racionalización hacia la reducción del tamaño del Estado, o al menos, dar un ejemplo de austeridad en salarios y gastos.

En momentos de esta crisis internacional países de todo el mundo, han dado ejemplos de austeridad por propia voluntad o por las imposiciones dentro de los bloques económicos. No deberíamos esperar ese momento que lo veo muy cercano. La misma receta de adelgazamiento sería también conveniente aplicarla a instituciones descentralizadas, Juntas Directivas, y sus duplicidades de funciones, que entorpecen el desarrollo del sector productivo y al ciudadano en general.

Complementando esa propuesta, considero pertinente generalizar los índices de desempeño de los servicios públicos y del propio Estado. Esto vendría siendo como un total de la cuenta del Estado respecto a su resultado social.

No encuentro la necesidad de crear nuevas leyes, pero tanto la ciudadanía como el propio Estado conocería y valoraría el cumplimiento institucional, además de poder ponderar las medidas a tomar en cuanto a mejoras, simplificando, midiendo resultados y así a la larga, evitar las duplicidades de acciones y la existencia de instituciones caducas.

Si a todo esto le incorporamos la tecnología, los índices de desempeño darían transparencia a los gastos públicos o al menos darían oportunidad para atender las propuestas de mejora de la ciudadanía, pues la crítica estaría implícita en los índices.

La reducción de gastos de arriba hacia abajo será efectiva porque obligaría a las autoridades de los ministerios tendrían la oportunidad de conformar equipos de calidad técnica y ética que les permita ejecutar y dar resultados; y no que todos los esfuerzos se diluyan al igual como suele ocurrir con las responsabilidades.

La administración debería reforzar la continuidad de los buenos proyectos, contando con equipos técnicos idóneos acordes a las responsabilidades asignadas y potenciar a quienes han decidido tener una carrera pública. La propuesta va a una dirección de racionalización, profesionalización y mejora continua, lo cual requiere liderazgo y determinación para la elección idónea.

La ingobernabilidad ética

Es aún más simple, pero de cardinal importancia, pues esta manifestación de la  ingobernabilidad debilita las otras dos, es transversal, si no existe un concepto ético, en lo político y en la administración estatal su efecto es altamente nocivo.

La tecnología como herramienta, debe ser un instrumento que esté al servicio de la ciudadanía, tanto para acceder a los servicios, como para dar transparencia y servir como control a la labor del Estado.

Finalmente, la propuesta no es de despidos masivos en el sector público, sino una reducción propia del gobernante en su ámbito de decisión.