Un total de 66 países, incluido Costa Rica, publicaron este martes una declaración en apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), luego que Estados Unidos implantara sanciones contra funcionarios de esa institución que investigan crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán.

Según se desprende de la lista, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá ni Paraguay fueron los únicos países de América Latina que no firmaron el pronunciamiento, el cual reitera "nuestro compromiso de defender y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad sin que se alteren las medidas o se realicen amenazas contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella". 

Los países firmantes afirman que la CPI es una institución central en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la justicia, ambos componentes esenciales de la paz, la seguridad y la reconciliación.

Por lo tanto, seguiremos respetando nuestras obligaciones de cooperación en virtud del Estatuto de Roma y pedimos a todos los Estados que garanticen la plena cooperación con la Corte para que cumpla su importante mandato de garantizar la justicia para las víctimas de los crímenes más graves de interés internacional.

Las naciones que suscriben la declaración recordaron que la CPI es un tribunal de último recurso que ancla un sistema de justicia para crímenes internacionales graves arraigados en tribunales nacionales. Recordaron, además, que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad principal de investigar y enjuiciar los crímenes del Estatuto de Roma pero la CPI solo interviene cuando los Estados no están dispuestos o no pueden llevar a cabo los procedimientos a nivel interno.

"La CPI, como la primera y única corte penal internacional permanente del mundo, es un componente esencial de la arquitectura multilateral que defiende el estado de derecho. Encarna nuestro compromiso colectivo de luchar contra la impunidad por los crímenes internacionales. Al brindar todo nuestro apoyo a la CPI y promover su alcance universal, defendemos el progreso que hemos logrado juntos hacia un orden internacional basado en normas, del cual la justicia internacional es un pilar indispensable", agrega el pronunciamiento.

Estados Unidos emitió sanciones contra cinco funcionarios de la CPI que investigan abusos cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán, luego que el 5 de marzo la Corte se declarara competente para conocer del asunto.

La propia CPI rechazó las sanciones hacia sus funcionarios y las calificó como "una escalada e intento inaceptable de interferir con la ley y los procedimientos de la Corte".

Un ataque a la CPI constituye también un ataque a los intereses de las víctimas de crímenes atroces para quienes la Corte representa su última oportunidad de obtener justicia.

El comunicado de apoyo a la Corte Penal Internacional fue firmado por Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Grecia, Guyana, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, México, Namibia, Países Bajos, Nuevo Zelanda, Nigeria, Noruega, Perú, Portugal, Rumania, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Senegal, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Estado de Palestina, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda , Reino Unido, Uruguay y Venezuela.