Mientras la lógica indica que durante una emergencia nacional todos los recursos del Estado deben estar sujetos a valoración de su direccionamiento a la atención del fenómeno, en el caso del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de donde se financia cerca del 80% de los programas sociales del país, y que equivale a casi un 3% de la producción total de la economía, esto no aplica.
Sea porque los legisladores que lo crearon a mediados de los 70 no lo consideraron pertinente, no previeron una situación de la magnitud de la Pandemia que estamos viviendo, o por alguna otra razón, lo cierto es que la escala de esta emergencia muestra que la normativa a la que está sujeta el Fondo tiene un amplio espacio de mejora.
Imaginar la posibilidad que existan miles de infectados, incalculable cantidad de muertes y cientos de miles de desempleados a escala nacional, mientras que los recursos para prevenir muchos de estos efectos se mantengan impávidos ante tales acontecimientos, no parece razonable.
Los recursos siempre son escasos, los fondos públicos del Estado costarricense lo son más, y en una situación de emergencia se suma la premura con la que se debe actuar. Por ello, es indispensable para el futuro de nuestra sociedad (vendrán otras pandemias), garantizar que se cuenta con mecanismos que permitan valorar el uso alternativo de los recursos que el Fondo posee, de manera objetiva, inteligente y oportuna.
Los destinos específicos establecidos en distintas leyes a través de diversas legislaturas, han comprometido los recursos del Fodesaf en más de un 100%, a lo que se han sumado una serie de compromisos que se consideran ineludibles, pues hay programas sociales que no poseen otra fuente de financiamiento que no sea el Fodesaf; con lo que se puede afirmar que el Fondo no sólo está atado, sino abrumado. Al respecto, la OCDE ha manifestado que “el presupuesto de FODESAF es excesivamente rígido con una buena parte predeterminada a programas específicos. Dicha rigidez dificulta la capacidad de DESAF de mejorar la eficiencia estableciendo y revisando prioridades de política y aplicando la rendición de cuentas de las instituciones responsables de ejecutar los programas”.
El hecho que muchos de los destinos específicos no están conformes a las necesidades reales, las capacidades institucionales o las prioridades sociales, genera remanentes de recursos importantes, que hoy se podrían estar canalizando a asuntos que pocos podrían cuestionar son prioridades nacionales, tales como los programas de atención de la salud y el sustento de las personas en condición de pobreza. Sin embargo, la legislación que actualmente rige el Fondo no lo permite.
Existen instituciones ejecutoras de dineros del Fodesaf, a las que se les han otorgado recursos ordinarios para 2020, que previo a la pandemia han considerado utilizar en proyectos que verían la luz en este año, en 2021, o aún más allá; sin embargo, la certidumbre y necesidad de tales proyectos, depende de cómo salgamos de esta pandemia, por lo que las prioridades podrían haber cambiado. Bajo una legislación alternativa, se podría pensar en un mecanismo de valoración de tales prioridades, para determinar cuántos de esos recursos sería factible trasladar a la atención de la emergencia. En recursos ordinarios asignados en 2020 para proyectos que se podrían reconsiderar, se estima que deben existir más de ₡60 mil millones.
Diversas instituciones públicas, poseen en sus arcas, recursos superavitarios del Fodesaf, recaudados y trasladados en años previos, que tienen un destino específico así establecido por diversas leyes, por lo que, a pesar de lo sensato que sería dedicar tales recursos a los programas que están atendiendo a la población pobre con necesidades a raíz del COVID-19, no pueden, su deber es utilizarlos en el destino de ley, o reintegrarlos al Fondo, para reasignarlos a los destinos preestablecidos. En este rubro podríamos estar hablando de cerca de ₡40 mil millones adicionales.
Todos los años, el Fodesaf recupera recursos de los superávit de distintas instituciones, que luego deben ser redirigidos a los compromisos establecidos en su ley. En ocasiones, los recursos del superávit deben ser redirigidos a los mismos programas que generaron ese superávit, porque así lo establece la norma. Para este 2020, se deberían represupuestar casi ₡9.000 millones mediante este procedimiento.
La rigidez del Fodesaf es un asunto ampliamente documentado; tal mecanismo que es relativamente válido en tiempos normales, pues le brinda sostenibilidad financiera a los programas sociales, y establece una política de Estado en algunos ámbitos, no contempla el acontecimiento de eventos fortuitos de gran magnitud, como lo es la Pandemia del COVID-19, no permite valorar el uso alternativo de sus recursos, ni tampoco realizar un ejercicio presupuestario más moderno y eficiente, basado en resultados.
Cabe advertir eso sí, que cualquier opción de flexibilización del fondo en tiempos de emergencia no debe desvirtuar la naturaleza visionaria de su creación, que es beneficiar únicamente a la población más necesitada, aquella en condición de pobreza y pobreza extrema.
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