El proyecto excluye de la regla fiscal todos los recursos que se deban destinar para la consecución de los objetivos estratégicos que establece la iniciativa.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez Portuguez, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.056) que pretende establecer un marco para el fortalecimiento de la educación como derecho fundamental, para lo cual fija una serie de obligaciones y metas al Poder Ejecutivo. Además, establece que el sector educativo deberá tener prioridad de financiamiento.

El proyecto pretende fijarle al Gobierno una serie de objetivos estratégicos en materia de cobertura de servicios e infraestructura para el sector educativo, que incluyen:

  • Implementar el currículo completo en todos los centros educativos del país con grupos de 25 estudiantes como máximo.
  • Nivelar hacia arriba la infraestructura educativa en todo el país de forma que todos los centros educativos cuenten con las características de aquellos que tienen la mejor infraestructura.
  • Dotar de equipos de atención prioritaria al menos a todos aquellos centros educativos de primaria que se encuentren en la mitad de los distritos con menor desarrollo de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social (IDS).
  • Ofrecer el servicio de comedores escolares durante vacaciones al 50% de la población con menores ingresos, de forma presencial durante las vacaciones de medio periodo en julio, y de forma domiciliar durante las vacaciones de diciembre y enero. La cuota por estudiante deberá estar permanentemente ajustada por inflación.
  • Dotar del servicio de orientación en cada centro educativo de secundaria a razón de una persona orientadora por cada 300 estudiantes.
  • Lograr la cobertura universal del servicio de preescolar.
  • Lograr una cobertura del 50% de la Red de Cuido.
  • Lograr una cobertura del 50% de la población estudiantil con becas de transporte, priorizando a la población con menos ingresos.
  • Lograr cobertura universal del sector de educación especial.
  • Lograr cobertura universal de la población indígena.
  • Lograr cobertura universal de la población menor de 35 años que requiere los servicios de educación abierta.

El texto señala que todos los recursos presupuestarios para el cumplimiento de estos objetivos estratégicos quedarían fuera del alcance de la regla fiscal, y establece que para el sector educativo y los servicios públicos esenciales complementarios, el Ministerio de Hacienda no podrá girar menos recursos de los que sean aprobados en el Presupuesto Nacional.

Adicionalmente, el texto presentado establece que Hacienda deberá formular una ruta presupuestaria para implementar los objetivos estratégicos en un plazo máximo de diez años, señala que le corresponderá al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) aprobar las metas anuales formuladas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Red de Cuido, en relación a los objetivos estratégicos establecidos en el proyecto, y le asigna a la Contraloría General de la República (CGR) la obligación de hacer cada tres años una evaluación detallada de la gestión presupuestaria de todo el sector educativo con relación al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Sobre las fuentes de financiamiento, el proyecto propone aumentar el monto que el Instituto Nacional de Aprendizaje traslada a juntas administrativas de los colegios técnicos profesionales, institutos profesionales de educación comunitaria (IPEC) y centros integrados de educación de adultos (Cindea), de un 6% a un 25%.

Además, aumenta la banda inferior que la Superintendencia de Telecomunicaciones fija a la contribución especial parafiscal que los operadores y proveedores de telecomunicaciones aportan al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), de un 1,5% a un 2,5%. Para aumentar esta banda, se define un incremento anual por diez años de 0,1 puntos porcentuales hasta alcanzar el 2,5%. 

Dato D+: Fonatel tiene como propósito llevar telefonía e internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo acceso universal, servicio universal y solidaridad, que incluye el Programa de Centros Públicos Conectados (que pretende dotar de computadoras y tabletas con conexión de banda ancha a: escuelas y colegios públicos), así como el Programa Red Educativa (que busca conectar todas las escuelas y colegios públicos del país a una red de banda ancha de alta velocidad).

El proyecto también autoriza al Poder Ejecutivo para crear fideicomisos a través del MEP para financiar la construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura educativa y a través de la Dirección de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai) para financiar la construcción, reparación y mantenimiento de sus establecimientos a nivel nacional.

Adicionalmente, la propuesta de ley establece que el 10% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que las municipalidades deben dar a las juntas de educación, deberá distribuirse de forma equitativa entre todas las juntas del cantón, priorizando las que tengan mayores necesidades de infraestructura.

La iniciativa también pretende modificar el artículo 24 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) que actualmente fija la asignación presupuestaria al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) en un monto nominal equivalente a lo asignado en 2019, el proyecto propone que este monto pase a ser por lo menos el mismo porcentaje del producto interno bruto (PIB) que representaba ese año.

Dato D+: En 2019 Hacienda le giró a Fodesaf 255.583 millones de colones, que equivalían a un 0,71% PIB, para el 2026 ese mismo porcentaje correspondería a unos 326.446 millones de colones.

El proyecto fue presentado con la firma de respaldo de Jonathan Acuña Soto, Rocío Alfaro Molina, Priscila Vindas Salazar, Antonio Ortega Gutiérrez y Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio (FA), Óscar Izquierdo Sandí del PLN, y la diputada independiente electa por el Partido Liberal Progresistas (PLP) Johana Obando Bonilla.

Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto podrá iniciar su trámite legislativo ordinario si es convocado por el Poder Ejecutivo, o a partir del 1 de agosto.