No asistió al Plenario de la Asamblea Legislativa este jueves, sin embargo, eso no le impidió a Oscar Mauricio Cascante Cascante, diputado de la Unidad Social Cristiana electo por Puntarenas plasmar a última hora su firma en la consulta legislativa contra el proyecto de ley que pretende sancionar la usura crediticia.

Aunque la consulta fue presentada con la firma de 11 diputados a las 8:21 pm del miércoles, los legisladores Wálter Muñoz y Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN) enviaron un escrito a la Sala este jueves a las 11:24 am pidiendo retirar sus firmas. Con ello el documento quedó con solo nueve rubricas, una menos que el mínimo suficiente para que la Sala Constitucional admitiera la consulta.

Sin embargo, de previo a que la consulta fuera rechazada en la Oficina de Admisibilidad del Alto Tribunal, la Sala recibió a las 2:55 pm un oficio del diputado Cascante pidiendo adherirse a la consulta, por lo que se alcanzaron las 10 firmas necesarias para admitirla.

La consulta se tramitará bajo el expediente 20-007686-0007-CO y la Sala, según los establece el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, contará con un mes calendario para dictar la opinión consultiva, contado a partir del momento en que le sea enviado el expediente completo del proyecto.

Según confirmó la oficina de prensa del Alto Tribunal, la consulta es suscrita por los diputados Erick Rodríguez (independiente); María Inés Solís, Erwen Masís, Pedro Muñoz y Oscar Cascante (Partido Unidad Social Cristiana); Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu (Partido Republicano Social Cristiano), Ivonne Acuña (independiente); Jonathan Prendas e Ignacio Alpizar (tránsfugas leales a Nueva República).

Delfino.cr informó esta semana que un grupo de diputados pretendía enviar ley contra usura a Sala IV alegando violación a libertad de comercio, violación al principio de razonabilidad técnica, libertad de contratación, principio constitucional de proporcionalidad, principio de igualdad ante la ley, principio constitucional de seguridad jurídica, libertad de elección de los consumidores, principio de tipicidad penal y otros principios penales.

En el escrito los diputados piden a la Sala que el proyecto de ley sea "interpretado" de modo que se diga que no estaría viciado de inconstitucionalidad siempre que establezca que los topes de intereses deberán fijarse dependiendo del tipo de actividad (tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, prendarios y microcréditos) de acuerdo a criterios técnicos definidos por una autoridad competente técnica con base a la información estadística correcta, la cual deberá establecer la definición de una tasa de usura.

El proyecto aprobado en primer debate solo dispone dos metodologías: una para tarjetas de crédito y créditos mayores a 675 mil colones que si se aplicara hoy significaría un tope en intereses del 39%; y uno para microcréditos inferiores a 675 mil colones con un tope de interés del 55%.

Los diputados además alegan una violación al trámite legislativo por haberse dispensado el proyecto de todos los trámites de comisión, incluida su publicación y las consultas obligatorias.