La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) concluyó que la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, no incurrió en ninguna falta al deber de probidad por el nombramiento en puesto de confianza que hizo de Katherine Rivera Mc Kinley, a quien ella informalmente señalaba como su ahijada.
Según comunicó esta mañana la PEP, la investigación preliminar realizada bajo el expediente DEP-202-2018 concluyó al no encontrar "indicio alguno que haga suponer o habilite la sospecha de estar frente a algún acto contrario al deber de probidad en los hechos señalados".
La Procuraduría también analizó la circular DGSE-1949-2018 emitida por la Dirección General del Servicio Exterior, la cual recordaba a los funcionarios de ese ministerio su deber de confidencialidad, privacidad, reserva y discreción en los asuntos propios de las misiones diplomáticas, consulares y de la Cancillería, algo que fue tomado por la oposición como una "amenaza velada" hacia los funcionarios para no denunciar irregularidades.
Sin embargo, la PEP únicamente emitió una 'acción de recomendación' en la que le señala a la Cancillería que si bien ese ministerio cuenta con las potestades suficientes para organizar y dirigir el funcionamiento de dicha cartera, "se debe asegurar que el ejercicio de esa relación de jerarquía no menoscabe ni enerve en forma directa o indirecta, la utilización del mecanismo de la denuncia".
De acuerdo con el comunicado, el mecanismo de denuncia constituye un deber para los funcionarios públicos, cuando se trate de actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública.
Una vez más, la PEP aprovecha para reiterar sobre el compromiso que debe existir, por parte del funcionariado público y de la ciudadanía en general, en cuanto a la estricta observancia y respeto de las normas anticorrupción, cuyo conocimiento constituye un pilar de la prevención de prácticas corruptas, para alcanzar óptimos niveles de transparencia y gestión democrática.
-Comunicado de la PEP.
