(Descripción de la imagen: Mujeres y hombres, niños y niñas con diferentes discapacidades y utilizando diferentes ayudas técnicas).

¡Que nadie se quede atrás! Esto es una frase que ha utilizado el Sistema de Naciones Unidas (ONU), para hacer el llamado a los países para que todas las acciones que lleven a cabo sean pensadas en todas las personas sin excepción alguna.

Las personas con discapacidad siempre hemos sido consideradas como un sector vulnerable, la actitud de las personas genera discriminación, falta de condiciones y oportunidades, entre otros factores, causando segregación y poco desarrollo de este sector en la sociedad.

Actualmente, Costa Rica está enfrentando una pandemia causada por el virus COVID-19, generando que el Gobierno de la República adopte diferentes medidas con el fin de evitar una mayor propagación y no golpar, en la medida de lo posible, la situación económica de las personas.

Ante una pandemia las personas con discapacidad nos volvemos aún más vulnerables, cada decisión que se tome y cada acción que se realice, repercute con mayor fuerza a las personas con discapacidad. Por ejemplo, no es lo mismo que se tome la decisión de dar clases virtuales para una persona sin discapacidad —que solo enciende su computadora, ingresa a una plataforma y recibe su clase— que para una persona con discapacidad, que para recibir su clase requiere que la plataforma que se va a utilizar sea accesible. No es lo mismo indicar que a cada niño o niña en condición de pobreza, los centros educativos les van a entregar alimentos, donde sus familias los preparan normalmente, que cuando es una persona con discapacidad, llámese Parálisis Cerebral por ejemplo, que requiere alimentos específicos para alimentarse a través de una sonda, o pedir distanciamiento social, o que salgan solos o solas a hacer ejercicios o con las mascotas, cuando para una persona con un grado severo de Autismo, se le dificulta estar en la casa por tanto tiempo porque le da crisis y requieren salir acompañadas por la persona que les asiste, o por ejemplo, las persona con discapacidad en situación de pobreza extrema, que viven aisladas y no tienen acceso a algo tan básico como un jabón o alcohol en gel.

Todo esto ha generado que las personas con discapacidad comenzaran a denunciar que algunas acciones que se están generando, no están contemplando a las personas con discapacidad. En este mismo sentido, la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD) ha emitido un comunicado haciendo un llamado vehemente al Gobierno de la República, para que en todas las medidas que se están llevando a cabo, se incluya a las personas con discapacidad.

La relatora especial sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU, Catalina Devandas, señaló recientemente que, “se ha hecho poco para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad con el fin de protegerlas durante la actual pandemia del COVID-19”, y agregó: “las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley N°8661, en su artículo 11, indica: “Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), ente rector en materia de discapacidad, está haciendo un gran esfuerzo, ha emitido diferentes recomendaciones según el tipo de discapacidad, y además, ha emitido 26 medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad en atención a la emergencia, entre ellas, incluir a las personas con discapacidad entre las poblaciones vulnerables de la emergencia nacional, el soporte económico, los cuidados a los dependientes, entre otras.

Además, recientemente, en un artículo de opinión la directora ejecutiva del CONAPDIS, señaló la importancia de que las autoridades garantizaran que la distribución de sus recursos sea con criterios de justicia, igualdad y equidad.

Como activista de Derechos Humanos y como persona con discapacidad me uno al llamado que hacen las personas con discapacidad al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a las diferentes instituciones, para que incluyan a las personas con discapacidad en las diferentes decisiones que están tomando y las medidas que están adoptando en relación con la emergencia nacional, y además, que se puedan adoptar las diferentes medidas emitidas por el CONAPDIS.

Lo que no se nombra, no existe, por ello, el enfoque de discapacidad es importante y necesario, solo así lograremos QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS.

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