Aún cuando las personas con discapacidad son particularmente vulnerables y deben ser consideradas de alto riesgo de contagio, la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, Catalina Devandas, declaró el martes 17 de marzo de 2020 que se han tomado escasas medidas-en el mundo-para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad.
Devandas indicó que “este apoyo es básico para su supervivencia” por lo que pidió que los Estados tomen medidas adicionales de protección social “para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis” (ONU, 2020).
En la coyuntura actual, las medidas de urgencia que tomemos las autoridades deben considerar los efectos del COVID-19 sobre las personas con discapacidad. En Costa Rica residen 670,640 personas de 18 años y más con discapacidad, lo que significa que cerca de uno de cada cinco costarricenses tiene una exposición variable ante esta emergencia nacional.
Del total de mujeres con discapacidad (408,689), poco más de ocho de cada 10 tienen discapacidad severa (338,221). Mientras que del total de hombres con discapacidad (261 951), más de siete de cada 10 tienen discapacidad severa (193,384). Es importante el conocimiento público de estas cifras, ya que evidencian el enorme reto que supone en estos momentos de emergencia nacional de salud pública para la institucionalidad costarricense.
La atención inclusiva de la pandemia obliga a los servicios de salud a plantear medidas excepcionales para la atención de este importante segmento de la población, redoblando esfuerzos en focalizar recursos humanos, económicos y materiales para cumplimentar este objetivo.
Las personas con discapacidad han de ser consideradas un grupo altamente vulnerable en el marco de la emergencia nacional, toda vez que su condición de salud las hace más sensibles al contagio, lo que las coloca en una posición de alto riesgo. Esta vulnerabilidad se ve incrementada debido que el 52.4% de la población total con discapacidad se ubica en los dos quintiles de menor ingreso (214,370 mujeres y 138,627 hombres).
Asimismo, en situaciones de crisis, suele ocurrir que los grupos más vulnerables, por tener mayor dificultad para expresar y defender sus intereses, queden excluidos de estos servicios; de este modo, no podemos permitir que la población con discapacidad corra el riesgo de quedar anulada de estos servicios en un momento tan crítico para el país.
De este modo, la pandemia del COVID-19 ejerce una gran presión sobre los recursos sanitarios. Por lo tanto, las autoridades debemos garantizar que la distribución de nuestros escasos recursos se distribuya con criterios de justicia, igualdad y equidad.
De este modo, con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud de las personas con discapacidad y, considerando que la actual situación de emergencia nacional por el COVID-19 limita el contacto entre familiares y coloca en situación de riesgo, abuso o negligencia a las personas con discapacidad, el CONAPDIS llevará a cabo medidas de alcance nacional, al amparo del Artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la legislación nacional vigente.
Estas medidas adicionales de protección en tiempos de emergencia nacional pretenden no dejar a nadie atrás y tienen por claves la accesibilidad de los mensajes, los cuidados a los dependientes, los apoyos a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, el soporte económico, la atención a los gastos contingentes y los riesgos por gastos específicos que tienen las personas con discapacidad.
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