Reclaman que prohibir las jornadas de 12 horas a personas con discapacidad aumenta la posibilidad de exclusión laboral para esta población.

El Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad emitió un comunicado de prensa manifestando su oposición al proyecto de ley (expediente 24.290) que se discute en Asamblea Legislativa para legalizar las jornadas laborales de 12 horas (conocidas popularmente como jornadas 4x3). El movimiento señaló:

Manifestamos nuestra profunda preocupación ante una iniciativa que, lejos de promover la inclusión, acentúa las barreras que enfrentamos”.

En el comunicado, la organización indicó que las jornadas de trabajo que superan las ocho horas diarias representan un riesgo inminente para la salud física y mental de toda la población. Diversos estudios a nivel mundial han demostrado, de manera reiterada, el impacto negativo de las jornadas extenuantes en la salud y en la vida familiar y social de todas las personas trabajadoras”, y añade:

Como personas en situación de discapacidad, hace apenas dos décadas logramos el reconocimiento de nuestro derecho al trabajo. Sin embargo, aún luchamos por el pleno respeto de nuestro derecho a la inclusión laboral en condiciones dignas, accesibles y con ajustes razonables”.

El movimiento destacó que el desempleo sigue siendo el desafío histórico más apremiante y desgastante, y agrega:

Aprobar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias con respaldo legal aumenta la brecha que enfrentamos y nos aleja aún más de nuestro anhelo de ser parte activa de la sociedad y de brindar nuestras valiosas contribuciones al mundo del trabajo”.

Dato D+: Según indicó el movimiento, casi el 70% de las 676 mil personas adultas con discapacidad en Costa Rica se encuentran en situación de pobreza extrema, pobreza básica o vulnerabilidad económica, mientras que solo un 38% tiene una ocupación, ya sea en condiciones de informalidad, autoempleo o empleo asalariado.

El movimiento aseguró que “las cargas laborales con horarios excesivos generan impactos negativos significativos en nuestra salud física y mental, aceleran el desgaste cognitivo, exigen un estado de alerta constante a personas con discapacidad visual o auditiva, y propician alteraciones sensoriales en la población neurodivergente”.

El comunicado asegura que las cláusulas normativas que prohíben exigir jornadas de hasta 12 horas a personas con discapacidad no favorecen a esta población, y más bien aumentan la posibilidad de que no sean contratadas, y agrega:

En cualquier escenario, las jornadas laborales que, con el respaldo de la ley, superen la jornada máxima de ocho horas nos dejan en una profunda desventaja frente al resto de la población que, aun con implicaciones desfavorables, podría responder a las demandas de las jornadas 4x3”.

El movimiento también recordó que se debe considerar que a las jornadas de 12 horas se suman los tiempos de traslado, especialmente en zonas rurales donde, por ejemplo, solo existe un bus con rampa disponible:

Esta limitación obliga a las personas a destinar muchas más horas de lo habitual para movilizarse desde sus hogares hacia sus lugares de trabajo y de regreso, lo que no solo incrementa el desgaste físico, sino que también reduce significativamente el tiempo disponible para el descanso y el sueño”.

Adicionalmente, señalaron que el proyecto de ley no solo impactaría negativamente a las personas trabajadoras en situación de discapacidad, sino que también afecta directamente a sus familias:

  • A las madres que asisten a sus hijos e hijas adultas con discapacidad al finalizar su jornada laboral.
  • A las madres de niños y niñas pequeños en situación de discapacidad que deben brindar cuidados dedicados, especializados y permanentes al finalizar su jornada.
  • A las personas que asisten o cuidan a personas adultas mayores en situación de discapacidad o dependencia en su hogar.

Las personas trabajadoras con responsabilidades familiares de asistencia o cuidados se verán desplazadas por quienes sí puedan permanecer en el trabajo hasta por 12 horas. Es importante destacar que muchas personas con discapacidad también tienen responsabilidades familiares. Las cláusulas que prohíben la exigencia de jornadas de 12 horas a personas con responsabilidades familiares desincentivan la contratación de esta población y generan una enorme brecha.

El movimiento solicitó a la Asamblea Legislativa que reconsidere esta iniciativa y que priorice “un marco legal que garantice la plena inclusión y el respeto de los derechos laborales de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de discapacidad y sus familias”.