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El 10 de febrero de 2020 el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, anunció la concesión o venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) y del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), como una de las medidas acordadas por el gobierno para reducir el déficit fiscal.

Esto ha generado numerosas reacciones a través del espectro político costarricense. Me ha llamado particularmente la atención la anuencia (y hasta necedad) que mantenemos como sociedad a tratar los problemas desde una ideología “salvadora” más allá que desde sus causas. Por un lado, un sector defiende a la institución a pesar de sus enormes falencias y, por el otro, el cierre definitivo de la misma.

Ambas posiciones carecen de sentido práctico y validez filosófica en el contexto actual, ya que las condiciones de “derecha e izquierda” no existen como realidades separadas, sino que conviven e interactúan entre sí. Esto ha sido demostrado a través de una serie de democracias en el norte de Europa en las cuales se ha logrado alcanzar desarrollo económico capitalista a través de un Estado Social de Derecho eficiente que garantice las libertades individuales y sociales. No es una ni otra, son las dos.

Es por eso por lo que considero de relevancia traer a la mesa los hechos, costos y datos del fenómeno del monopolio de FANAL con el objetivo incluir o generar argumentos que permitieran facilitar la toma de decisiones estratégicas con riesgos controlados o administrables. Estos hechos son verificables, en el Boletín de Competencia N°174 de la COPROCOM para abril de 2018:

  • La Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a los Gobiernos reexaminar los sectores regulados o exceptuados de las normas de competencia a fin de analizar las razones iniciales o circunstancias que dieron lugar a éstos, si se han alcanzado los objetivos que se perseguían y si esos fines pueden alcanzarse en la actualidad mediante el control de la normativa antimonopolio o por formas de intervención que restrinjan la competencia en menor grado.
  • En el año 1885, a través del Código Fiscal se emite la normativa que rige a la fecha y que establece el monopolio estatal de la elaboración y comercialización de aguardiente, alcohol y toda bebida alcohólica preparada en el país.
  • Las razones que justificaron en su momento el monopolio del alcohol son:
    • Fomento a la industria de la caña de azúcar
    • Defensa de la salud pública evitando el alcohol adulterado
    • Recaudación de ingresos fiscales
  • No obstante, hoy en día tales justificaciones no tienen lugar ya que luego de más de 100 años, la industria de la caña de azúcar es un sector consolidado. Por otro lado, existen medios institucionales para que el Estado le haga frente al alcohol adulterado, por lo que no se justifica en la actualidad, la existencia de un monopolio, amparado en este razonamiento. Finalmente, si bien FANAL fue históricamente una recaudadora de impuestos de mucha importancia para el fisco, en la actualidad empresas en el sector de elaboración de bebidas alcohólicas (y potenciales productoras a futuro de alcohol en caso de abrirse el mercado) podrían desempeñar igualmente esta función.

Además de estas realidades establecidas por la COPROCOM, existe otro argumento relevante que no se ha llevado a la mesa para la discusión, y corresponde al gran costo de oportunidad que representa el monopolio de FANAL en el desarrollo de iniciativas rentables para el aprovechamiento de los subproductos agrícolas, especialmente aquellos que más exportan y que más contaminan, como son los residuos de la actividad piñera, cafetalera y bananera.

Nosotros en el país tenemos la oportunidad de desarrollar productos y servicios alrededor del etanol para su venta al consumidor final, para uso en la industria de la salud y limpieza o para su uso como combustible. Estamos hablando de tres mercados distintos actualmente restringidos sobre los cuales se podría hacer uso útil de los residuos agrícolas que actualmente estamos generando. Si esto se cambiara, se atacarían de forma efectiva problemas ambientales, económicos, de brechas sociales y fiscales.

Sin embargo, los posibles desarrollos no se ejecutan ya que no existe rentabilidad en proyectos de inversión asociados a la producción de etanol ya que este no se puede colocar en ningún mercado y solo es permitido venderlo a FANAL y comprarlo de vuelta, arrastrando así sus ineficiencias en costo y en tiempo. Además, generar etanol a partir de residuos agroindustriales es de interés para RECOPE y su famoso proyecto de gasolina con etanol. Ahí y solo ahí, cobra sentido financiero y estratégico ponerle etanol a la gasolina: si y solo si es producido a partir de desechos a una escala que le permitiera venderse al precio de mercado.

Pero bueno, entonces la situación parece que tener más beneficios que costos:

  • Facilita el acceso a la OCDE en un tema clave
  • Permite dinamizar la economía al facilitar el acceso a mercados
  • Facilita el desarrollo del aprovechamiento de subproductos o desechos agroindustriales
  • Permite la producción de etanol a partir de desechos para su uso como combustible (RECOPE)
  • Acción directa para combatir el déficit fiscal
  • Facilita el cierre de brechas sociales

Sin embargo, los costos mayoritarios serían:

  • Despido de personas
  • Pérdida de know how obtenido a través de los años
  • La transición podría generar contracciones en el mercado y aumento de los precios en el corto plazo

Parte de esto se puede mitigar aprovechando el valor de FANAL. Por ejemplo, los laboratorios y el personal de control de calidad se pueden utilizar para los controles de alcohol adulterado del Ministerio de Salud.

El alcohol etílico o etanol representa un tema estratégico para Costa Rica y su competitividad, y representa una prueba a nuestra coherencia con el compromiso ambiental y social. Necesitamos de herramientas para poder generar innovación sostenible con el ambiente, que permita dinamizar la economía y cerrar las brechas sociales.

El monopolio de FANAL atenta directamente contra estos objetivos.