El pasado 1ro de diciembre celebramos 71 años sin ejército. Conmemoramos la que se puede considerar una de las decisiones más visionarias y trascendentales para nuestro país del siglo pasado. Un legado de “Don Pepe” José Figueres Ferrer que en el marco del contexto social y político de Latinoamérica hoy, debemos poner en valor y conmemorar efusivamente.

Según estudio de Abarca y Ramírez de 2018, sobre los efectos en el desarrollo de largo plazo de la abolición del ejército de Costa Rica, esta decisión nos permitió invertir en infraestructura, educación y en la cobertura del seguro de salud. Entre los impactos directos e indirectos se evidencia, por ejemplo, que en educación, nos permitió pasar de 884 escuelas primarias en 1949 a 1175 dos años después, es decir, un aumento del 32%, para alcanzar en 1974 un total de 2610 escuelas distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. En cobertura del seguro de salud, nos facilitó una cobertura del 66% de la población económicamente activa (PEA) en 1978, cuando en 1949 sólo un 21% de la PEA estaba asegurada.

Se confirma nuevamente que la decisión de abolir el ejército fue una apuesta a un modelo de desarrollo y de convivencia social, que nos da la opción permanente de contar con la vía institucional para resolver nuestras diferencias, para concertar nuestras visiones y decidir por cuál camino nuestro país debe enrumbarse.

Podemos disentir, sentarnos a la mesa y y definir acuerdos, sin amenazas, sin sombras, ni miedos dibujados en figuras militares, que acechen el diálogo, la negociación, ni la estabilidad democrática como un todo.

Esa decisión que sustenta nuestra base democrática, nos obliga a construir la paz de manera permanente y apostar a la negociación y las alianzas en momentos complejos como los que vivimos actualmente.

El modelo de desarrollo que nuestro país asumió, que se ha venido transformando de manera permanente pero aún insuficiente, hoy no nos pone muy lejos de las realidades sociales de otros países vecinos, cuyas poblaciones más excluidas han levantado la voz y tomado las calles.

Esa Costa Rica que construimos después de abolir el ejército, hoy figura dentro de una “caja de cartón” que debe tratarse con cuidado por su fragilidad. Una caja de cartón en la que estamos todas las y los costarricenses, con una absoluta propensión a que cualquier cambio brusco o decisión sin fundamento nos ponga en riesgo de romper las paredes de la caja que nos protege.

Esta alegoría que aporta el Informe del Estado de la Nación 2019, en la portada de su edición número 25, como representación simbólica de nuestra realidad, alude al mal desempeño coyuntural del país en materia de desarrollo humano y nos invita a prestar atención - al menos- a cinco mensajes clave sobre los que el informe puntualiza.

Me refiero en este artículo al primero de ellos, el cual reafirma que desde la Asamblea Legislativa tomamos las decisiones acertadas en el momento preciso, ponderando el bienestar de nuestro país frente a las voces disidentes que apostaban por curitas frente a una enfermedad crónica, vaticinada como terminal y probada como urgente de resolver.

Los datos aportados por el Informe del Estado de la Nación, comprueban que en noviembre de 2018 se alcanzó el nivel mínimo histórico de la última década, en los saldos de depósitos y valores del Gobierno Central en el Banco Central y otras sociedades de depósito.

Celebro que hayamos alcanzado una meta necesaria para la estabilidad económica y social de nuestro país en el momento requerido, pero reconozco que esa decisión es sólo una en la lista inacabada de tareas pendientes que tenemos que asumir con la misma entereza que hace un año nos permitió transformar la política fiscal de nuestro país.

Esta lista inacabada para hacer más rígidas las paredes de esa caja de cartón, podremos asumirla en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (diciembre 2019-abril 2020), con respaldo técnico suficiente y con la voluntad política requerida para resolver y aportar soluciones a la vida de los hogares costarricenses en el corto, mediano y largo plazo.

Legislación que pueda dar respuesta a las necesidades de 29% de los hogares costarricenses que viven en pobreza, según los datos más recientes del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBI), así como al millón de costarricenses, distribuidos en todo el país, que viven en el marco de la informalidad laboral.

Existen propuestas sobre la mesa, información nítida, detallada y precisa del Informe del Estado de la Nación y otras fuentes que nos invitan a transformar nuestro país hacia el desarrollo humano sostenible con decisiones capaces de dar un giro de timón para hacer un país más inclusivo y de más y mejores oportunidades.

Un país que no concentre su actividad productiva sólo en el gran área metropolitana y en unas pocas empresas, que empate el crecimiento de la productividad con la creación de empleos de calidad. Una Costa Rica que asegure legislación para las dinámicas económicas actuales y del futuro, y facilite el crecimiento sostenido a los microemprendimientos, un país que pueda innovar y que progresivamente pueda confiar más en su sistema político para resolver los grandes problemas que nos aquejan como sociedad.

Hace 20 años, en el quinto informe del Estado de la Nación se retrataba en la portada de este un espejo que no era para ver nuestro reflejo, si no para conocernos. Hoy tenemos al frente un reflejo complejo, frágil y susceptible de resquebrajar la confianza en el sistema democrático.

Desde la Asamblea Legislativa, desde Liberación Nacional, asumimos el compromiso de seguir construyendo mediante la negociación, el diálogo y la conformación de mayorías o consensos, las decisiones que nos permitirán, como hace 71 años, dar ese giro de timón y asegurarnos un futuro promisorio durante el próximo siglo, para las generaciones actuales y las que vendrán.

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