Un nuevo informe de la Contraloría General de la República encontró deficiencias en la administración y manejo de 48 proyectos de reconstrucción bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre enero del 2013 y marzo del 2019, que incluyen atrasos en la entrega de obras, aumentos en los costos y falta de planificación de los proyectos en los que el país ha invertido ₡78.000 millones en los últimos cinco años.
Dato D+: La reconstrucción es la tercera fase de atención de una emergencia, y abarca las medidas finales que procuran la recuperación del área afectada, la infraestructura y los sistemas de producción de bienes y servicios.
Según detalla el informe, estas 48 obras de reconstrucción a cargo de la CNE y asignadas a 20 unidades ejecutoras (que incluyen al AyA, el CONAVI, la Dirección de Obras Fluviales del MOPT y 17 municipalidades) se llevaron a cabo sin la realización de una línea base, documento que integra el presupuesto, cronograma y alcance del proyecto, con aprobación de las partes interesadas, y cuya función es controlar el avance de la obra durante la ejecución. El informe añade:
En el período de estudio la CNE y unidades ejecutoras reconstruyeron 48 obras en ausencia de mecanismos que permitieran asegurar su calidad y oportunidad, y con un costo final significativamente diferente al estimado en los planes de inversión.
En concreto, se encontró que 11 de los 48 proyectos tuvieron un gasto adicional promedio que fue 44% más alto de lo que se había reservado en el Fondo Nacional de Emergencias, para un costo final promedio de ₡257 millones adicionales al monto presupuestado. Por otro lado, en los restantes 37 proyectos se sobreestimaron los recursos requeridos en un promedio de 23%.
Dato D+: El rango esperado de incrementos en costo por proyecto se encuentra entre 10 y 20%, según la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, mientras que el rango de sobreestimación es de entre 10 y 30%.
Además, la auditoría determinó que 42 de los 48 proyectos tardaron en promedio 7,8 meses más de lo previsto, para un aumento de 160% del plazo previsto. Solo cuatro proyectos fueron entregados antes de la fecha pactada.
Uno de los casos más extremos es el de la reconstrucción de la ruta cantonal entre Sarchí Norte y Bajos del Toro en Alajuela (de aproximadamente 2,2km), proyecto que lleva más de seis años en ejecución y cuyo costo ha aumentado cerca de ₡2.000 millones, cuando el costo inicial estimado era de ₡260 millones.
Adicionalmente, la Contraloría señaló que en todos, menos uno de los proyectos, se presentó un mal manejo de la bitácora de campo, con faltas que incluían la ausencia de informes de inspección de la unidad ejecutora (12 casos), recepciones de obra sin sujetarse a los términos de contratación (2 casos), lo cual según la Contraloría “impide tener certeza de las condiciones de calidad obtenidas”.
Dato D+: El artículo 21 del Reglamento de Funcionamiento y Fiscalización de Unidades Ejecutoras señala que la totalidad de los proyectos debe contar con el trámite del Cuaderno de Bitácora y apegarse al Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
Según señala el informe, las situaciones encontradas son producto de que la CNE enfoca sus esfuerzos directamente en la ejecución de la obra, y no realiza fases previas como formulación y planificación de los proyectos, por lo que no identifica de forma precisa la necesidad pública a atender y la selección de la alternativa óptima para tal fin, por lo que el informe concluye que:
No se prioriza el orden de atención de los proyectos en función del impacto para las comunidades, la disponibilidad de recursos y capacidad de supervisión de la CNE; y no se evidencia suficientemente el nexo causal entre los proyectos y la emergencia.
La auditoría señaló, además, que la CNE selecciona las instituciones públicas para que hagan de unidades ejecutoras, en su gran mayoría municipalidades, aun cuando estas carezcan de la experiencia necesaria para llevar a cabo los proyectos de reconstrucción.
