El caso Crucitas llegó a su final definitivo el día de ayer, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda anunciara el rechazo de la última apelación que presentó la Fiscalía General de la República, contra el sobreseimiento a la causa que pretendía para llevar a juicio al expresidente Óscar Arias Sánchez.
Así el caso contra Arias, quien estaba siendo indagado por el presunto delito de prevaricato en la declaración de interés público del polémico proyecto minero en Cutris de San Carlos, quedó totalmente sobreseído pues con esto se agotaron las vías de apelación a la resolución.
Como ustedes recordarán, a inicios de octubre pasado el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, definió que Arias no iría a juicio por el Caso Crucitas, declarando el sobreseimiento definitivo a su favor. La argumentación de los jueces refirió a que al momento de empezar las indagaciones, la causa ya estaba prescrita, decisión coincidente con la que se tomó inicialmente en esa misma instancia, el 21 de febrero de este año (ese primer fallo fue anulado en alzada y por ello tuvo que repetirse el proceso).
Pues bien, luego de este segundo fallo, la Fiscalía General procedió a apelar nuevamente (tal y como había hecho con el primero, en febrero) y la respuesta a esta nueva apelación se hizo pública el día de ayer.
El delito por el que se acusaba al exmandatario tiene su raíz en el 2008, con la firma por parte de Arias y de su ministro de Ambiente, Roberto Dobles Mora, de un decreto que declaraba de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas, de la empresa canadiense Industrias Infinito.
Sin embargo, y tras la oposición que enfrentó el proyecto, la concesión de la minería fue anulada por el Tribunal Contencioso Administrativo en 2010 y dicha sentencia fue ratificada en 2011 por la Sala I. En dicho fallo, las autoridades señalaron que encontraron irregularidades en el otorgamiento de los permisos a la empresa y agregaron que no había fundamento técnico necesario para que se declarase el proyecto de interés público. Este segundo punto fue precisamente el que puso los ojos en Arias.
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Sin embargo, como la legislación nacional dispone que el delito de prevaricato tiene un periodo de prescripción de seis años, y como Arias no fue indagado por la Fiscalía sino hasta el 8 de noviembre del 2017, el Tribunal determinó que al momento de la apertura de la causa, esta ya estaba prescrita.
¿Por qué? Pues porque la tesis de la Fiscalía señaló que el plazo de prescripción debía de empezar a regir en el año 2011, cuando la sentencia fue ratificada por la Sala I; mas sin embargo, según detalla la sentencia, el primer acto de prescripción fue el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, el 14 de diciembre del 2010, por lo que dicho plazo de seis años finalizó el 14 de diciembre del año 2016, casi un año antes de que empezaran las pesquisas contra el expresidente.
Mientras tanto, y a pesar de que el foco ya no está en Arias, Crucitas no puede salir de nuestra zona de atención: esta misma semana el diputado herediano, Jorge Luis Fonseca Fonseca, dio a conocer el caso de un nuevo túnel de más de dos metros descubierto en la zona, y por el cual los coligalleros siguen extrayendo oro de forma ilegal, en el mina de la zona. Así las cosas, y a pesar de que en tribunales una de las partes de este asunto ya esté resuelta, es imposible perderle el pulso a lo que continúa sucediendo en la Zona Norte.
