El caso Crucitas comenzó a desarrollarse en diciembre de 1999 cuando la empresa Industrias Infinito S.A. solicitó al Estado la concesión de explotación minera sobre un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela. Tras varias solicitudes de información por parte de las autoridades, el 17 de diciembre del 2001 el Poder Ejecutivo entregó a la empresa canadiense la concesión, siempre y cuando presentara el estudio de impacto ambiental necesario.

El presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella y su ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez emitieron el 12 de junio del 2002 el Decreto Ejecutivo 30477-MINAE, declarando la moratoria nacional sobre la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto. Dicho decreto contenía un transitorio que establecía que todos aquellos trámites relacionados con la exploración y explotación del mineral oro a cielo abierto que se encontrasen pendientes ante la Dirección de Geología y Minas y ante la Secreta...