Ocupantes ilegales cuentan con el plazo de dos meses para demoler y retirar los escombros de las obras invasora.
A solicitud de la Fiscalía Adjunta de San Carlos y la Fiscalía Agrario Ambiental, ayer se emitió una orden judicial de restauración del área silvestre protegida en el Refugio Nacional Corredor Fronterizo Norte, el cual está ubicado en Chorrera en Cutris de San Carlos con la cual se determinó la demolición de más de 70 estructuras que invaden el lugar.
La resolución del Juzgado Penal de San Carlos corresponde a las diligencias de la causa 25-000857-0306-PE, en la que se investiga el presunto delito de invasión de área de conservación. De momento, el caso se tramita contra ignorado, es decir, no hay persona imputada individualizadas.
A raíz de dicha medida cautelar, los ocupantes ilegales cuentan con el plazo de dos meses para demoler y retirar los escombros de las obras invasoras. Además, la Municipalidad de San Carlos, en asociación del Sinac-ACHAN, tendrá que ejecutar la orden en coordinación con la Fuerza Pública para asegurar el orden y cumplimiento efectivo de la disposición judicial.
La franja fronteriza es área silvestre protegida y, a su vez, es bien de dominio público desde 1888. Su condición jurídica impide que se pueda titular en manos privadas, sin importar el negocio jurídico o el tiempo que se transcurra desde su invasión inicial.
La Fiscalía Ambiental indicó que la restitución podría tener un impacto positivo en la lucha contra la minería ilegal en Crucitas, pueblo aledaño al de Chorreras.
Si bien la investigación no corresponde a un delito de minería ilegal, este tipo de asentamientos da facilidades a los mineros ilegales para obtener equipo, albergue, alimentación y transporte, lo que incentiva la minería ilegal y finalmente se convierte en un eslabón del fenómeno criminal".
El Ministerio Público señaló que la investigación continúa en desarrollo.
