Cada vez que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realiza una convocatoria a elecciones (generales o municipales) o a referéndum, recibe en una ceremonia solemne el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito.
¿Tradición u obligación? La respuesta es: obligación.
El artículo 102 de la Constitución Política que enlista las 10 funciones del Tribunal Supremo de Elecciones establece en su inciso 6 lo siguiente:
Dictar, con respecto a la Fuerza Pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos pueda emitir libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los delegados que designe;
¿En qué se traduce ese 'traslado de mando'? Según explicó el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, para efectos prácticos-operativos en buena teoría no pasa nada, ya que el Ministerio de Seguridad Pública continúa dando órdenes de operaciones, girando instrucciones y fijando objetivos a nivel de combate a la criminalidad y la delincuencia.
La variación más significa consiste en que los delegados del TSE ahora pueden girar órdenes directas a la Fuerza Pública y los oficiales están obligados a cumplirlas. Inclusive, en la eventualidad de que tengan una orden en un sentido dictada por el Ministerio de Seguridad Pública y otra orden emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, la que se debe cumplir es la emanada por la autoridad electoral.
Además ahora los oficiales realizan acompañamiento y supervisión del trabajo logístico relacionado con los comicios. Por ejemplo, si no hay quien haga el traslado de urnas de un lugar a otro, la tarea debe cumplirla la Fuerza Pública.
Los oficiales, también, son los encargados de verificar la instalación de los clubes partidarios que se abren en cada cantón, ya que los partidos deben enviar los permisos a la delegación cantonal de Fuerza Pública correspondiente y un par de oficiales realizan las verificaciones del caso.
En resumen, la Fuerza Pública se convierte en un brazo operativo del Tribunal Supremo de Elecciones.
Se hace el traslado de mando porque ellos [el TSE] no tienen que pedirnos permiso a nosotros. Si un delegado gira una orden al jefe cantonal de la Fuerza Pública, él está obligado a cumplirla.
—Eduardo Solano, viceministro
