El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, una reforma a la aún inexistente Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado del Poder Judicial, para posponer su entrada en vigencia 18 meses más, ante la falta de recursos económicos y de capacitación a los funcionarios judiciales.
Se trata del expediente 21.559 denominado "Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada", ya que además de posponer la entrada en vigencia de dicha jurisdicción vino a realizar una serie de cambios para que los costos no sean tan altos.
Por ejemplo, la reforma pasa de decir que la persecución y juzgamiento de los casos de delincuencia organizada se conocerían solo en la jurisdicción especializada, a establecer que se conocerán tanto en la ordinaria penal en todo el país, como en la especializada que tendrá sede en el Primer Circuito Judicial de San José.
Debido al cambio anterior, los diputados facultaron al Ministerio Público a solicitar al Juzgado Penal especializado en delincuencia organizada el traslado de determinada causa penal a esa jurisdicción, cuando se cumplan los requisitos legales para ello. Si la Fiscalía no lo estima necesario, la causa se seguirá tramitando en la jurisdicción ordinaria penal.
Asimismo se reforma el diseño de la protección prevista en la ley para todos los funcionarios de la jurisdicción especializada, para que esa protección no sea permanente, sino solo cuando sea necesaria conforme se determine en un estudio técnico realizado al efecto. Con esto se recortarán gastos en escolta del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esos funcionarios.
Por otro lado, se modifica la forma de selección y el régimen laboral de los funcionarios de esta jurisdicción especializada, de modo que los nombramientos que se realicen lo sean por un período perentorio, y una vez vencido este plazo el funcionario vuelva a su puesto original.
Finalmente se ordena a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial a realizar una revisión periódica de la idoneidad de cada uno de los funcionarios que forman parte de la jurisdicción especializada, con el fin de detectar riesgos o condiciones particulares que demanden devolver a la persona a su puesto de origen, o la adopción de otra medida procedente.
Con estas reformas se espera que el costo de implementar la jurisdicción pase de 44 mil millones a 19.750 millones de colones, distribuidos en 4573 millones para modificación de planta física, adecuación de salas de juicio y atender procesos de crimen organizado; y 15.177 millones para la implementación de la jurisdicción.
Aunque la prórroga para la creación de la jurisdicción es de 18 meses, el Poder Judicial deberá realizar la capacitación de los funcionarios sobre esta ley faltando 12 meses para que entre a regir.
