Ninguno de los 57 diputados reiteró en Plenario el texto sustitutivo que pretendía legalizar las huelgas en los servicios esenciales a cambio de la prestación de "servicios mínimos".

Aunque los congresistas tuvieron este lunes dos oportunidades distintas para presentar mociones de reiteración (mociones que reiteran en Plenario las mociones de fondo rechazadas en Comisión), al cerrar la sesión legislativa a las seis de la tarde nadie la presentó.

Así lo constató Delfino.cr esta noche tras revisar las 69 mociones de reiteración que fueron presentadas por los diputados al proyecto de ley que reforma el derecho a huelga y sus procedimientos, tramitado en el expediente 21.049. Dado que hay dos mociones que reiteran una misma propuesta, en total los parlamentarios desistieron de insistir 197 mociones de fondo que fueron rechazadas en comisión.

No era requisito que el proponente o firmante de la moción de fondo rechazada tuviera que ser el mismo que tuviera que presentar la reiteración

La polémica moción de texto sustitutivo fue presentada por la liberacionista Franggi Nicolás (quien había dicho que la reiteraría) junto a sus compañeros Daniel Ulate Valenciano y Paola Valladares Rosado. También firmaron la moción los tránsfugas Nidia Céspedes, Carmen Chan, Ignacio Alpizar, Harllan Hoepelman y Marulin Trejos; el republicano Dragos Dolanescu; los del PIN, Patricia Villegas y Walter Muñoz; el frenteamplista José María Villalta y la socialcristiana Shirley Díaz. 

Grupos sindicales como la ANEP expresaron su apoyo a dicha moción ya que prácticamente tiraba a la basura todo el texto que fue consensuado durante meses entre los diputados de la Comisión Especial que analiza el proyecto, tramitado en el expediente 21.049.

Si la moción se hubiese acogido se mantendrían iguales algunos de los artículos actuales del Código de Trabajo que han demostrado ser ineficientes o ineficaces en los procesos judiciales de calificación de huelgas.

¿Qué efectos tenía el texto sustitutivo sobre el texto dictaminado? 

  • Se elimina la obligación a los sindicatos de registrar una dirección de correo para recibir notificaciones
  • Se elimina la posibilidad de disolver sindicatos si se les prueba en juicio que organizan o incitan a sus afiliados a realizar bloqueos en vías públicas o en el acceso a instalaciones públicas o de servicios públicos, así como a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal.
  • Elimina la obligación a las autoridades públicas de denunciar las conductas anteriores en caso de tener conocimiento de ellas.
  • Se elimina la prohibición de hacer huelgas políticas o contra políticas públicas; y la de no declarar como legal una huelga que tuvo bloqueo de vías.
  • Elimina la lista de servicios esenciales donde la huelga estará terminantemente prohibida.
  • Elimina el requisito de aviso de huelga al patrono y permite la huelga contra políticas públicas si de previo a la huelga se procuró una negociación con las autoridades involucradas en el diseño, gestión, discusión o aprobación de esa política pública
  • Se elimina la posibilidad de cobro retroactivo en caso de huelgas ilegales.
  • Dispone notificar según lo que diga la Ley de Notificaciones Judiciales
  • Prohíbe solicitar la calificación del movimiento si se alcanzó un acuerdo entre partes.
  • Elimina la obligación de los jerarcas de solicitar la calificación de la huelga en el plazo de 24 horas siguientes al inicio del paro de labores.
  • Mantiene el procedimiento fijado en el dictamen de mayoría para calificar la huelga, pero incrementa los plazos máximos fijados, lo que hará más extenso el tiempo de espera por la sentencia de primera instancia.
  • Elimina el plazo máximo de 3 días para resolver el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
  • Elimina el arbitraje obligatorio para dirimir conflictos en servicios esenciales que tienen huelga prohibida.
  • Permite huelgas en servicios esenciales a cambio de un plan de servicios mínimos.
  • Elimina la posibilidad de solicitar a un juez la orden de retorno a los huelguistas en caso de huelgas manifiestamente ilegales.
  • Establece la posibilidad de fijar por convención colectiva los servicios mínimos a mantenerse en caso de huelgas en servicios esenciales.
  • No establece el requisito de que el plan de servicios mínimos esté respaldado en estudios técnicos. Si no existe acuerdo entre partes sobre el plan de servicios mínimos, 15 días antes de la huelga se debe presentar la propuesta de plan ante el juez de trabajo, quien será quien lo decida.
  • Elimina la lista de servicios de importancia trascendental para el país donde la huelga no puede superar los 10 días naturales, y donde para poder hacerla se debe fijar un programa de servicios mínimos basado en estudios técnicos.
  • Elimina la calificación de la educación como servicio de carácter estratégico para la nación donde la huelga no podría extenderse más allá de 21 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos, y donde para hacerse se requiere un plan de servicios mínimos que permita tener abiertos los centros educativos y en condiciones de limpieza.
  • Elimina la posibilidad de solicitar al juez la suspensión de huelga en servicios públicos no esenciales, en caso de que la misma esté causando daños de dificil o imposible reparación.

El comparativo entre ambos textos puede ser visto en este enlace.

Las 69 mociones presentadas se empezarán a conocer este martes a las 9:30 am en sesión extraordinaria del Plenario. Quien más reiteraciones presentó fue José María Villalta con 23, seguido de Pedro Muñoz con 15, Erwen Masís Castro con 8 e Ignacio Alpizar y Shirley Diaz con 5 cada uno.

Todas las mociones y su respectiva intención pueden ser consultadas en el Excel que Delfino.cr y su iniciativa Barra de Prensa han preparado para dar seguimiento a este proyecto de ley.

Esta nota forma parte del reporte de Barra de Prensa del 2 de septiembre de 2019 titulado: "Diputados quitan 1250 millones anuales a programa de lucha contra el cáncer para darlos al Icoder"