El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagó de más una suma que asciende a 23,8 millones de dólares a generadores privados debido a una mala aplicación de la metodología tarifaria por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) durante los años 2017, 2018 y 2019.
Así lo reveló este viernes la Contraloría General de la República (CGR) tras publicar un informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso instaurado por el ICE y la Aresep para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados.
De acuerdo con un resumen publicado por la oficina de prensa de la institución, durante los últimos tres años el Ente Regulador aplicó mal la metodología para fijar tarifas de compra de energía eléctrica a privados con contratos renovados. Dicha mala aplicación se tradujo en una sobreestimación de costos de explotación y además, sin explicación aparente, Aresep usó datos de plantas eólicas pese a que se trataba de centrales hidroeléctricas.
La Contraloría cuestionó este aspecto porque ambos tipos de plantas difieren en tecnología, vida útil y costos de inversión y operación. Asimismo descubrió que si la aplicación de la metodología hubiese sido la correcta, la tarifa para las plantas eólicas habría sido de $5,89 centavos de dolar por KWh en 2019, pero al compartir datos con las hidroeléctricas, en ambos casos la tarifa fue de $7,03 centavos de dolar por KWh en 2019.
La auditoría también encontró que actualmente la metodología de Aresep para fijar tarifas para la compra de energía eléctrica a privados bajo la modalidad Construir y Operar con contratos renovados, así como contratos de plantas hidroeléctricas y eólicas que firman un primer contrato con el ICE, establecen que se utilice la capacidad instalada total de las plantas de generación, sin embargo, lo correcto es utilizar la capacidad máxima contratada por el Instituto ya que esta podría ser inferior a la capacidad instalada y la diferencia podría usarse para fines privados.
La Contraloría también descubrió que las metodologías de Aresep consideran que las plantas privadas operan todo el año, pese a que no todas son así.
Al final cuando el ente fiscalizador estimó las tarifas usando la metodología de Aresep y lo que debería ser su correcta aplicación, se evidenció que la tarifa para hidroeléctricas nuevas habría sido de 10,09 centavos de dolar por KWh en 2018, pese a que fue fijada por la reguladora en 10,93 centavos de dolar. En el caso de las eólicas nuevas, Aresep fijó una tarifa de 8,15 centavos de dolar por KWh, pero la correcta aplicación de la metodología habría arrojado 8,00 centavos de dolar.
La diferencia más grande se presenta en la tarifa de contratos renovados. Aresep fijó para 2018 la tarifa en 7,030 centavos de dolar por KWh, pero la correcta aplicación de la metodología habría arrojado 5,373 centavos de dolar.
La Contraloría también descubrió que en 2017 Aresep aplicó una operación matemática que había sido suprimida de la fórmula tarifaria para contratos renovados: dividir el costo de explotación entre el factor de antigüedad, algo que generó una sobreestimación de costos que afectó las tarifas. Luego en 2018 y 2019 la Autoridad Reguladora incluyó información de plantas eólicas (costos de explotación, factor de antigüedad, factor de planta y costos de inversión) para calcular la tarifa, pero la metodología decía que el cálculo debía efectuarse sólo con información de plantas hidroeléctricas.
Todos los yerros encontrados por la auditoría arrojan diferencias de hasta +27,6% en las tarifas estimadas y fijadas para 2017 en el caso de contratos renovados; de -5,71% para hidroeléctricas nuevas en 2018 y de +6,06% para eólicas nuevas en 2017.
En números absolutos, la Contraloría estimó que el monto que el ICE ha pagado de más a generadores privados por la mala aplicación de la metodología de Aresep llegó a mayo del 2019 a 5,3 millones de dólares; fue de 6 millones de dólares en 2018 y llegó a 12,5 millones de dólares en el 2017.
