Luego de que durante las dos semanas anteriores les compartí las entrevistas con los magistrados Paul Rueda Leal y Luis Guillermo Rivas Loáiciga, esta semana cierro el breve recuento sobre el estado de las reformas que prometió hacer el Poder Judicial, luego de la crisis que empezó en 2017, con la caída del ex magistrado de la Sala Penal Celso Gamboa Sánchez.

Inicio desde la reflexión. Hace más de un año que entrevisté a quien hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro. Y aunque ya la crisis había empezado, no se veía en el horizonte voluntad para cambiar algo dentro de la Corte, porque entonces se lo veía a Gamboa como la única manzana podrida.

Mediáticamente, el exmagistrado destituido amedrentaba a los diputados con el argumento de que si lo destituían en una votación pública, él podría apelar el proceso reclamándolo como ilegal.

En medio de aquel espectáculo, ya el ex fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán se había acogido a su pensión, camino que seguiría Carlos Chinchilla Sandí, ex presidente de la Corte. 

De aquella conversación con Fernando Cruz recuerdo escucharlo mencionar que, desde que Luis Paulino Mora Mora era presidente de la Corte ya se hablaba de reformas para cuanto tema se les ocurría. 

Otro exmagistrado que me habló de las reformas que debía llevar a cabo el Poder Judicial es José Manuel Arroyo Gutiérrez. Él me recordó que, desde principio de siglo ya se hablaba de una de las reformas más importantes, y aún pendientes, la separación de la función administrativa y la jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia:

Yo entré en el 2001 y en el 2002 ya estaba conformando, junto con el entonces presidente, don Luis Paulino Mora, y don Orlando Aguirre [actual magistrado de la Sala Segunda], una comisión que trabajó constante e incesantemente durante ocho años, para decirle a la Corte “mire aquí están las reformas que hemos discutido hasta la saciedad entre nosotros y con todos los sectores del Poder Judicial”. Dígame, ¿qué caso le hicieron? Ninguno.

Es decir, la línea de las reformas que luego de la crisis del 2017 planteó la Corte Suprema de Justicia no es nueva. Tiene matices en alguna u otra medida, pero los temas expuestos en los 10 puntos medulares que lidera el magistrado Paul Rueda eran ya conocidos, especialmente la separación de funciones entre lo administrativo y lo jurisdiccional. 

La pregunta del millón es, ¿por qué la discusión sobre la separación de funciones no se ha logrado llevar a Corte Plena? 

El magistrado de la Sala Primera, William Molinari Vílchez, actualmente lidera una propuesta de reforma que procura “más espacio para las labores jurisdiccionales” dentro de la cúpula judicial. Él tiene la respuesta corta a una profunda discusión: 

Es muy difícil soltar el poder.

El magistrado William Molinari Vílchez, lidera el llamado "grupo 8", sobre la reforma de gobierno judicial | Foto por Eduardo Carmona

Pero, ¿por qué estamos frente a profunda discusión? Primero empecemos por aclarar algunos conceptos. 

El Poder Judicial tiene su máxima jerarquía en los y las 22 magistradas que conforman la Corte Plena.  

Las labores administrativas de la Corte son “atender todos los aspectos logísticos, relacionados con el recurso humano (nombrar personal), presupuesto (decidir qué se hace con el dinero), equipo (qué y a quién se le compra algo), infraestructura (alquiler de edificios), entre otros”. 

Y, las funciones jurisdiccionales, tienen que ver con las labores de las Salas, Tribunales y Juzgados, además de que los órganos auxiliares de justicia: Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Escuela Judicial. 

Es algo así como si el Poder Judicial tuviera 22 gerentes generales. Para sorpresa de nadie, tal manera de administrar este Poder de la República carece de eficiencia: 

Trabajamos apoyados en el sector administrativo de la institución, pero muchas veces trabajamos a partir de lo que a nosotros se nos ocurre que hay que hacer. 

Yo no tengo la capacidad que podría tener un administrador de que, alguna ocurrencia mía esté suficientemente justificada. Y además somos 22. 

Imagine a 22 personas actuando cada una por su cuenta. Podría suceder que la institución no tenga un norte bien definido, sino que 22 nortes.

William Molinari lideró la reforma Procesal Civil | Foto por Eduardo Carmona

El magistrado Molinari me transmite la humanidad de la que a veces despojamos a un cargo público. 

¿Por qué estudió Derecho?

—Uno de joven tiende a ser bastante idealista. En algún momento, cuando estaba en la U, el tema de la justicia social y la preocupación por las personas en general, yo lo asociaba con el Derecho.

Aunque desde el colegio ya tenía alguna espinita. Sin embargo, empecé por ingeniería, en la Universidad de Costa Rica. Ahí estuve un año. 

¿Cuál ingeniería?

—Entré a Ingeniería Eléctrica. Pero la que yo quería era Ingeniería Civil. En segundo año me cambié a Derecho.

Mi primer año no fue el mejor año, en cuanto a notas y cosas de este tipo, y eso también afectó a que me pasara a Derecho. 

Yo fui buen estudiante en el colegio, y de alguna forma ese año [su primer año de U] me provocó relajarme, y me relaje tamaño poco. Probablemente esto también incidió en que me pasara de carrera, pero particularmente creo que el tema social fue el que me hizo decidirme por Derecho. 

Siempre he sido una persona que discute y que defiende sus posiciones, y por lo menos así lo creo, me preocupa defender lo que de alguna forma afecta a las personas. 

Me cuenta el magistrado que el hecho de que terminara ejerciendo Derecho Civil es casualidad. De 28 años Molinari Vílchez ingresó por primera vez al poder judicial. 

El 1994, cuando el ahora magistrado consiguió ser empleado judicial, la manera de nombrar jueces era muy distinta a la que existe actualmente. Antes no existía la carrera judicial.  Entonces, Anita Solórzano, cuenta Molinari, era quien decidía a dónde iba nombrada la persona que ingresaba. 

Él ingresó a cubrir vacaciones y cosas por el estilo, y luego hizo lo que él llama un tour judicial, donde estuvo nombrado en Pérez Zeledón, Liberia, San José, Limón, entre otros.

Para aquel momento, así como era nombrado en cualquier lugar también era nombrado para atender cualquier materia, sólo en Contencioso-Administrativa nunca estuvo nombrado.

Luego del tour judicial, cuenta el abogado, encontró cierta estabilidad en Ciudad Quesada, donde estuvo nombrado por dos años y de donde fue llamado por el entonces magistrado Rodrigo Montenegro, quien le dijo: 

William, tengo un problema en el juzgado civil de Heredia, necesitamos un juez tramitador que haga alguna labor. "Cuando yo llegué había un atraso de ocho meses en la resolución de los escritos. Mi labor era mejorar esa situación", recuerda el magistrado. 

Según él, esa fue la primera vez que estuvo nombrado por un tiempo prolongado en una sola materia: Derecho Civil. Luego de que cumpliera con la labor asignada, donde agilizaron la resolución de los escritos de 8 meses a 15 días, el Poder Judicial le dio una beca para ir a sacar un doctorado a España, donde concretó la especialidad en la que actualmente se desempeña.

En 2008 Molinari renunció al Poder Judicial, sin embargo, en 2015 volvió nombrado como magistrado de la Sala Primera.

Durante una tarde-noche lluviosa el magistrado Molinari nos atiende en la oficina 500. | Foto por Eduardo Carmona

¿Cómo llegó a la magistratura?

—Luego de 7 años [fuera del Poder Judicial] se me ocurrió valorar la posibilidad de aspirar a la magistratura. No sabía la locura que sería ese proceso. 

Es decir, usted dijo, "voy a cerrar mi oficina y me voy a postular para magistrado", ¿así de la nada? 

—No. Obviamente hubo conversaciones. Don Rodrigo Montenegro me planteó esta posibilidad, y algunas otras personas también. 

Durante mi tiempo fuera, estuve en el arbitraje de derecho, que es una suerte de justicia privada. Entonces, de alguna forma, nunca me salí del tema jurisdiccional.

También, hay un cariño que uno aprende a tenerle a la institución; y el hecho de que algunas personas importantes para mí me plantearon esta posibilidad también ayudó. 

Empecé a contarle a algunas personas cercanas, gente del arbitraje con la que yo integraba tribunales arbitrales, y discutimos temas jurídicos, un poco esta dinámica influyó.

El cariño que uno le ha tenido a esto. Papá había muerto un año antes...

Con todo lo observadora que soy, al mismo tiempo soy distraída. Y al momento en el que el magistrado Molinari mencionó a su papá, su voz se quebró y hubo un silencio prolongado. 

De inmediato reaccioné y le dije algo así como “de seguro su papá estaría orgulloso”. Él se aclaró la garganta y me ofreció por segunda vez café. Desistí de su invitación, y él se levantó de su sillón a servirse una taza. 

Acto seguido entramos en materia. ¿Puede declinar un magistrado o magistrada participar de temas administrativos que le resten tiempo de los temas jurisdiccionales propios de su elección?

El café caliente esperó por nosotros, pero el deber llama, y no se pone atención cuando se toma café | Foro por Eduardo Carmona

¿Podría usted no aceptar ser parte fundamental del tema administrativo? 

—(Ríe) esa es una buena pregunta. Sí, yo podría no aceptarlo y dedicarme eminentemente a la labor jurisdiccional. 

Probablemente, en algún momento, se hagan juicios sobre uno. Porque alguien tiene que hacer eso [labor administrativa]. 

Por ejemplo, nosotros tenemos un departamento de Planificación que hace muchas cosas importantes. En este departamento hay no-sé-cuántos profesionales en ingeniería industrial que valoran los procesos que nosotros hacemos en las oficinas civiles y administrativas.

Pero, ¿cómo hacemos para que ellos conozcan en realidad lo que los jueces hacemos, que lo entienden y que puedan planificar a partir de esto? No es tarea fácil. 

Cuando un ingeniero industrial se ocupa de una fábrica normalmente se ocupa de un bien tangible, pero cuando se trata de administrar justicia, y entender lo que esto significa, es muy complejo. 

Vea Trilce esto es complejo hasta para uno mismo.

Una muestra de ello es que, (durante todo este proceso de crisis que tuvimos, que uno participa de redes sociales o en chats de WhatsApp, etc, donde hay amigos y familiares, uno escucha todas las cosas que dicen sobre la institución), uno se entera de que la gran mayoría de la gente no tiene un conocimiento básico de lo que yo llamaría formación cívica judicial. 

Entonces, no saben diferenciar entre un fiscal, un defensor, un juez, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Justicia vs Poder Judicial. No saben lo que un juez requiere para dictar un fallo. 

En fin, hay una serie de asuntos que no son fáciles de comprender. Incluso los formados en Derecho, cuando estamos actuando la justicia, tampoco los comprendemos con mucha facilidad.  

Imagínese tratar de hacer entender esto a un ingeniero industrial, para que haga una labor adecuada en la revisión de los procesos que nosotros hacemos, y no estoy hablando de los procesos jurisdiccionales, sino de los administrativos. 

Entonces, cómo lograr integrar la planificación entre ingenieros y jueces, ver que conversan lo suficiente [si no es involucrándose]. Esto es un tema cultural, que lleguen a un acuerdo.

Entonces, ¿cómo decir que no? Es muy difícil decir que no. Lo que no significa que uno no debe decir que no. 

Vea la dinámica de Corte, y por eso es que estoy en esto [impulsando la reforma]. El órgano jerárquico supremo del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia. Está compuesto por 22 abogados y abogadas, en principio ninguno tiene formación en administración. 

¿Cómo trabajamos el tema de la administración? Lo trabajamos apoyados en el sector administrativo de la institución. Pero muchas veces, [trabajamos] a partir de lo que a nosotros se nos ocurre que hay que hacer. Yo no tengo la capacidad que podría tener un administrador de que alguna ocurrencia mía esté suficientemente justificada. Y, además somos 22. 

Imagínese a 22 personas actuando cada una por su cuenta. Podría suceder que la institución no tenga un norte bien definido, sino 22 nortes. 

Ese “puede llegar a suceder” es que, ¿podría llegar a suceder o ya sucede? 

—Yo creo que sucede. No todos nos metemos a la administración, pero la gran mayoría está metida en la administración. 

Lo cierto del caso es que cada quién está actuando en su área jurisdiccional. es como un archipiélago. Por ejemplo, yo soy el coordinador de la jurisdicción civil, pero hay alguien que coordina la jurisdicción agraria, y hay otro que coordina la jurisdicción laboral, etc. 

Entonces, en el tema administrativo no necesariamente nos ponemos de acuerdo.

No necesariamente nosotros dictamos políticas judiciales-institucionales bien delimitadas,  que nos den un norte. 

En determinado momento William Molinari se levanta, y me dice "le quiero mostrar algo", y me presenta buena parte de la reforma de gobierno judicial | Foto por Eduardo Carmona

Pero don William, en el Poder Judicial funciona la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano jerárquico, sin embargo, también está el Consejo Superior, que se supone se creó para desahogar un poco las labores las labores administrativas de la Corte Suprema de Justicia.

¿En qué paró el funcionamiento adecuado del Consejo Superior?

—El Consejo funciona relativamente bien. Se encarga de temas administrativos. 

Desde mi punto de vista, los perfiles de quienes integran el Consejo no son los más adecuados. Casi que se convierte en una especie de representantes de las distintas áreas de la institución.

Se podrían estar tomando decisiones a partir de a quiénes representan, y no de los intereses institucionales. Además, casi todos son abogados. Es decir se presenta el mismo problema. 

En el área administrativa el jefe es el jefe, y nosotros los magistrados somos el jefe. Y entonces la posibilidad de incidir sobre el Consejo Superior existe. 

Si yo tuviera la posibilidad de rehacer completamente la estructura administrativa, probablemente tengo que coger nuestro organigrama, arrugarlo, tirarlo a la basura y hacerlo de nuevo. 

La reforma que lidera el magistrado Molinari Vílchez propone que el Consejo Superior sea integrado por 11 personas. Cada una de esas personas será perfilada de acuerdo a conocimientos administrativos, y de cómo funcionan los órganos auxiliares del Poder Judicial. Estas personas no necesariamente serán abogadas o abogados.

El eje central de esta reforma judicial, a la que formalmente han llamado: Plan para concentrar a Corte en aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales es sacar de Corte todo aquello que no sea política estratégica.

Sacamos todo lo que hemos denominado micro administración: nombramientos de jueces 4 y 5, esto tiene sus consecuencias incluso en en la función jurisdiccional.

Sacamos todo el tema disciplinario de los jueces, porque esto nos demanda una cantidad de tiempo enorme. 

Estamos distribuyendo todo el tema nombramientos de los jueces en un órgano que se llama el Consejo de la Judicatura, que ya existe, pero que la integración es muy distinta a la que tiene ahorita. Actualmente no tiene tantas facultades como le estaríamos otorgando.

Este Consejo únicamente estaría integrado por jueces que se escogerían democráticamente. No participaría ningún magistrado en este órgano, solamente jueces. 

A las direcciones le daríamos más potestades y responsabilidades. Ya no las vamos a llamar direcciones sino gerencias. Esto es porque queremos que tengan una dinámica más gerencial. 

Esto implica que [las gerencias] tomen muchas de las decisiones que en este momento se recaen en el Consejo Superior. 

Es como depurar todo lo que hace Corte, que cada instancia tenga menos funciones y las decisiones están menos concentradas... 

—Exactamente. Básicamente es una redistribución de competencias. Dejamos en corte la política estratégica y las decisiones operativas-administrativas en el consejo Superior. 

El magistrado Molinari me muestra el organigrama que él mismo "botaría a la basura" | Foto por Eduardo Carmona

La elaboración de esta reforma ha contado con la participación de varias direcciones del Poder Judicial, esto con el fin de alcanzar la legitimidad necesaria para que sea ejecutada. 

Sin embargo, aunque la propuesta fue discutida por más de un año y ya está en papel, el verdadero reto es lograr que se discuta en Corte Plena. Pero si de retos se habla, al magistrado Molinari le apasionan los retos. 

¿Cuál es el calificativo que usted utilizaría para describir la manera en la que trabaja la Corte? 

—Dispersión. La manera de trabajar le quita eficiencia. No tenemos una política estratégica bien definida, por eso es que digo que es dispersión. Y esto incide indudablemente en la eficacia y la eficiencia de la institución. 

De acuerdo a la propuesta de reforma que está colgada en el sitio web, me queda claro que hay un problema administrativo general en la institución, y si ese problema inicia la cúpula obviamente va contagiando a toda la institución. 

En la propuesta dice que la dinámica actual, la manera en la que trabaja el Poder Judicial es ineficiente y conocida por todos. Incluso, como bien lo señala el documento, el Estado de la Justicia también ha señalado que la Corte sigue concentrando el poder político y administrativo, lo cual pone en riesgo la independencia judicial interna. 

Mi pregunta es, ¿cree usted que este cambio, donde Corte únicamente se dedique a temas administrativos puntuales, significa de alguna manera ceder un poder que eliminaría el control vertical de la institución?

¿Cree que esta podría ser una de las razones por las cuales este cambio no se haya querido dar, pese a que todos reconocen la ineficiencia?

—Efectivamente esto implica democratizar la institución. Estamos trasladando muchas competencias a sectores donde la magistratura no estaría presente. 

El único magistrado que va a estar presente en el Consejo Superior es el presidente, pero con menos poder. Porque si hay más miembros en el Consejo, el poder de cada uno se diluye. Esto es muy importante. 

O sea, cuando uno tiene un órgano con pocos miembros, la posibilidad de manejar las decisiones es muchísimo mayor. Tres contra dos. Tener tres de acuerdo puede parecer eficiente, pero no necesariamente representa el análisis a profundidad de un tema, como para tomar una mejor decisión. 

Si se diluye un poco este poder, y si tenemos miembros del Consejo Superior muy bien perfilados, probablemente vamos a tener insumos de muchos lugares y de muchos profesionales. 

Entonces sí, hay una democratización importante del poder. Para Corte implica perder algún poder en el ámbito administrativo.

Yo diría que sí, que esta es una de las razones por la que no se ha discutido. 

Y otra de las razones es por la dinámica que tiene Corte, a veces se vuelve muy complicado tomar decisiones, pero ya por un tema meramente operativo. Trate usted de poner de acuerdo a 22 abogados del perfil de nosotros. Es muy complejo. 

El solo hecho de procurar llevar este planteamiento a Corte, para someterlo a discusión es todo un esfuerzo.

Yo soy muy optimista, y soy un poco apasionado. Yo esperaría que mucho de esto lo logremos discutir y aprobar. 

Ustedes [la prensa] deben estar presentes y darse cuenta de que es lo que está sucediendo, de alguna forma, a mí me parece que eso es fundamental. Esta discusión debe ser muy transparente. 

Yo esperaría que demos un paso positivo en la discusión de este tema de una vez por todas. Pero, lo cierto del caso es que ni siquiera lo hemos podido llevar a corte para discutirlo. 

¿Por qué? 

—Creo que tiene que ver con la dinámica de Corte, las dificultades que hay para ponerse de acuerdo sobre ciertos temas. Y lo otro puede ser por un tema de poder. No es fácil tener poder y soltarlo. Para nadie es fácil. 

El reloj me avisa que luego de una hora y cuarenta minutos de conversación es hora de marchar | Foto por Eduardo Carmona

Notas de la libreta

Sin caer en en redundancias me doy por enterada, y a ustedes también. El cambio administrativo pasa por un cambio cultural y de voluntad política. 

Reconocer que para ciertas personas perder poder no es una opción, me parece un análisis honesto y sencillo. 

Sin mayor postura el magistrado Molinari se muestra como una persona amante de los retos profesionales, intelectuales y personales. De entrada, me lo parece una persona reposada, cuidadosa de sus palabras. 

Como el magistrado Paul Rueda, está al tanto de que el bien colectivo va de la mano con la estrategia. Ambos, (aunque igual y a estas alturas muchos ya sabemos) están conscientes de que esta reforma no significa solamente reducir el poder de la cúpula judicial, sino de muchos otros departamentos judiciales. 

La sola idea de que trabajen más en equipo y que haya un seguimiento institucional más eficiente de lo que se hace y cómo se hace, no le cae bien a todos por igual. Todo, recalca Molinari Vílchez, pasa por un tema de poder:

Yo creo que para darse cuenta de que esto [es] una realidad de nosotros los seres humanos, no habría que hablar mucho. Somos seres humanos y estamos dentro de la dinámica del poder.

Yo no creo que nosotros [los y las magistradas] seamos seres distintos a otros seres que ordinariamente toman decisiones, y en cada una de nosotras, las personas que tomamos decisiones, influyen muchas cosas: percepciones de la dinámica de poder, percepciones de lo que uno considera que se debe hacer en una institución;  incluso, de cómo se considera que una democracia debe desarrollarse. 

Todos estos temas serán cuestiones que pasen por la cabeza de uno, cuando debe tomar decisiones. Por tanto, creo que se debe ser estratégico para lograr que ciertas cosas sucedan. 

William Molinari Vílchez, magistrado de la Sala Primera | Foto por Eduardo Carmona

***

El alto juez es reflexivo. En sus palabras hay más que el mensaje explícito. Entiendo que para que esta gran reforma judicial se logre, se debe:

  1. Lograr conciencia ciudadana sobre la importancia de que se discuta la reforma. 
  2. Para lograr esta conciencia es necesario que los medios se interesen, ¿pero, cómo lograrlo sin un escándalo de por medio?
  3. Estar presente en las sesiones plenas de la Corte. Ahí se verá quién defiende qué. 

La meta de William Molinari es que, este proyecto se discuta este mismo año. “Sea cual sea la decisión que se tome, lo fundamental es que se discuta”, recalca. “No podemos dejar seguir pasar el tiempo y que no discutamos temas tan importantes como este”. 

Entiendo que la entrevista de esta semana esté un poco extensa, pero aquí, como en todo, es importante el contexto. Es importante entender que, el hecho de que las reformas prometidas por todos y todas las magistradas estén en papel, no quiere decir que se vayan a ejecutar. 

Bien podría suceder lo que sucedió con las reformas propuestas en la era de Paulino Mora Mora. 

Hacen propuestas, las divulgan para calmar a algunos cuantos y luego tiran la pelota. La pregunta es, ¿vamos a dejar que tiren la pelota?

Aquí la ironía es muy grande. La institución que históricamente se ha proclamado pilar fundamental de la democracia del país está poco dispuesta a democratizar su funcionamiento interno. 

Me queda la sensación de que la democracia, así como la transparencia, es un discurso con poderosos réditos, pero que cuando de repartir poder se trata, “no es el momento adecuado”, dirían ciertas magistradas. 

En esto quiero ser optimista como el magistrado William. Espero que no tengan que pasar otros 20 años para que se pellizquen en la Corte y empiecen a actuar de acuerdo a lo que se espera del más alto nivel jerárquico del Poder Judicial. 

Gracias por acompañarme durante esta serie. Por acá les dejo la colección de entrevistas que (con tiempo) les permitirá hacerse un panorama más completo de lo que les compartí las semanas anteriores. Les recuerdo que siempre me pueden escribir a [email protected], estoy atenta a sus comentarios.