La economía digital supone un gran reto a nivel internacional para los fiscos, quienes aún no consensúan cómo someterla a impuestos adecuadamente. Dada su relevancia, el tema está en la agenda de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, donde aún no se ha concretado un modelo a seguir para que las administraciones tributarias puedan gravar a estas empresas.
El problema pasa porque el sistema fiscal internacional está basado en un elemento en donde se supone que para pagar impuestos en un país hay que tener presencia física en éste. Sin embargo, la digitalización presupone el paso de una economía en donde el valor se centraba en la producción física a una en donde la marca y patente tiene un valor más importante y se puede deslocalizar en cualquier territorio. Muestra de ello es que las corporaciones están presentes, virtualmente, en cualquier parte del mundo.
Actualmente se estima que la economía digital representa el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, pero se calcula que en un lapso entre cinco y 10 años alcance un 25%. Ante la digitalización de la economía, la OCDE ha encontrado tres grandes retos en materia fiscal que han generado las grandes tecnológicas.
El primero de ellos es que dichas empresas pueden tener actividad en diferentes países sin una presencia física. El segundo reto observado fue la dependencia de las compañías respecto a los activos intangibles —como la propiedad intelectual— y, por último, el uso de datos personales de los usuarios.
A partir de lo anterior, el G7 ha encomendado a la OCDE que presente a comienzos del año que viene una “arquitectura” de reglas que puedan adoptar todos los Estados para regular —y tasar— a las ganancias digitales. Según ha confirmado el organismo recientemente, la propuesta podría estar lista a mediados de octubre. El primer desafío que encuentra la OCDE se basa en acordar a nivel internacional una imposición fiscal basada en “nuevas reglas sobre territorialidad” atendiendo a las condiciones especiales de estas empresas sin presencia física. El segundo desafío consiste en consensuar una tasa mínima global que dificulte la evasión y dumping fiscal obstaculizando el desvío de beneficios e ingresos en paraísos fiscales o países con impuestos bajos.
Cómo vemos, el tema no es sencillo y tampoco es ajeno al caso de Costa Rica, donde la operación legal de empresas digitales ha suscitado un debate y reclamos de diversos grupos, al considerar erróneamente que lo no regulado es ilegal. Lo cierto es que lo no regulado es innovación y no podría implicar ilegalidad.
Mientras tanto, Francia ha tomado la delantera con la introducción de la tasa Google o GAFA (acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple), la cual afecta a todas las empresas cuyos ingresos mundiales superen los 750 millones de euros de los que al menos 25 millones hayan sido generados en territorio francés. Se trata de un gravamen del 3% sobre la cifra de negocio que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019. El gobierno francés no quiso esperar el acuerdo internacional e implementó una tasa impositiva, no sin antes señalar que podría retirar el impuesto en cuanto se logre un pacto global.
Los sistemas tributarios, incluido el costarricense, no se encuentran adaptados a las nuevas formas de hacer negocios que implica el gran desarrollo de la economía digital en esta cuarta revolución industrial. El concepto de economía digital incluye distintos aspectos que van desde el comercio electrónico, las denominadas plataformas colaborativas, el dinero electrónico y las criptomonedas entre otros.
Los deberá ir adaptando la normativa fiscal pero sin obstaculizar el avance y desarrollo de la economía digital. El reto está aquí y la discusión apenas inicia.
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