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Es posible que una de las mayores enseñanzas que traigo conmigo desde la escuela es que para encontrar la solución a un problema primero hay que identificar ese problema, definirlo, delimitarlo. Esto aplica para cualquier tema por resolver: desde las sencillas sumas y restas de la escuela, hasta los grandes problemas económicos, políticos y sociales de las sociedades. No es óptimo apuntarle a todo, esperando que “algo” se resuelva.

El lunes 17 de junio, La Nación publicó en su versión impresa una noticia acerca de una iniciativa de ley presentada por Pedro Muñoz del PUSC que busca igualar los porcentajes que cotizan actualmente los trabajadores independientes (varía entre 7.06% y 18.62% de los ingresos netos) con el porcentaje que cotizan los trabajadores dependientes (10.34% de su salario base o bruto). En otras palabras, el proyecto buscar que tanto trabajadores independientes como dependientes coticen un 10.34% de sus ingresos.

La pregunta que cabe aquí es, ¿qué problema busca resolver este proyecto? Según la noticia de marras, busca reducir la informalidad laboral de 466,000 trabajadores. Ante esto, vale la pena introducir algunos conceptos básicos relacionados al tema de trabajo en Costa Rica.

Empecemos por el que nos atañe: la informalidad laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se consideran trabajadores informales los siguientes:

  • Personas asalariadas sin seguridad social financiada por su empleador(a), es decir, no tienen rebajos de seguro social.
  • Personas asalariadas que sólo le pagan en especie o que el pago fue una única vez, a quienes por la naturaleza de su contratación, se considera que no son susceptibles de los rebajos de seguro social.
  • Personas ayudantes no remuneradas, las cuales independientemente de donde laboren son consideradas como informales.
  • Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen empresas no constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica.
  • Personas trabajadoras por cuenta propia con trabajos ocasionales (laboran menos de un mes), a quienes por la naturaleza del trabajo no son susceptibles a estar inscritas o llevar contabilidad formal en forma periódica.

La informalidad entonces se divide en dos y alberga tanto a trabajadores asalariados (empleados dependientes de un patrono) y no asalariados (independientes). Si se mira bien, la formalidad de un empleo no tiene que ver con la posición de la persona en el mismo (dependiente o independiente), ni corresponde únicamente al estado de la seguridad social. En otras palabras, el que un trabajador independiente cotice a la CCSS no lo hace automáticamente un trabajador formal y viceversa, el que no cotice a la CCSS no lo hace un trabajador informal. A primera vista, pareciera que el proyecto de ley en cuestión no ataca directamente la informalidad, ataca otro problema al que no hemos entrado a detallar (la recaudación por concepto de seguridad social de trabajadores independientes).

Según el INEC, al primer trimestre de 2019, había en Costa Rica 2,171,766 personas ocupadas. De estas, 1,169,982 trabajan desde la formalidad y 1,001,784 lo hacen desde la informalidad, es decir un 46% de la población ocupada es informal. Estos trabajadores informales se distribuyen de la siguiente forma:

  • 535,931 personas (53.5%) corresponden a trabajadores dependientes (asalariados, empleados de empresas o negocios).
  • 465,853 (46.5%) son trabajadores independientes. Este es el número al que se refiere la noticia del proyecto de ley, el cual asume incorrectamente como una cantidad de personas que no cotizan a la seguridad social.

Entonces, hay más de medio millón de personas dependientes que trabajan en la informalidad. De estas, 46,695 (8.7%) corresponden a ayudantes no remunerados de los cuales 37,978 no cuentan con seguro. ¿El resto? Corresponde a los asalariados cuyo patrono no financia su seguridad social (no se consideran los asalariados en especie ya que por definición del INEC, estos no son susceptibles de los rebajos de seguro social). Es precisamente ahí donde yace no el único, pero sí el mayor problema de la informalidad. Estamos hablando de 371,746 personas cuyo empleador ignora, con todas sus consecuencias, la seguridad social de sus empleados.

Muestra el INEC que en Costa Rica, de las poco más de dos millones de personas ocupadas, 689,091 no cuentan con seguro por trabajo. Restando asalariados y ayudantes no remunerados, tenemos 279,367 trabajadores independientes sin seguro. Un número nada despreciable que alarmantemente ha crecido 38% en comparación con el primer trimestre de 2011 (en el caso de los asalariados, el número ha visto un aumento de 15% en ese mismo periodo).

Entonces, ¿qué hacemos para reducir la informalidad en nuestro país? Les comparto algunas ideas.

  1. No reinventar el agua tibia: En octubre de 2016, el ex-Ministro de Trabajo y ahora presidente, Carlos Alvarado Quesada, firmó el “Acuerdo tripartito para la implementación de la Recomendación 204 de la OIT sobre la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal en Costa Rica” como parte de la “Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal”. El mismo establecía un plazo de seis meses para la elaboración de la estrategia y presentación del plan de acción. Tardaron 1 año y 4 meses para presentarlo. El plan tiene una meta clara y es reducir la informalidad a un 32.6% para el año 2025 (este porcentaje sale de una reducción del 10% del promedio de la informalidad entre el 2012 y el 2016). El plan se centra en cuatro ejes (formación técnica profesional, protección social, facilitación de trámites y simplificación tributaria). Debemos exigirle al presidente y su equipo de gobierno un compromiso de ejecución impecable de esta estrategia que él mismo firmó hace solo tres años.
  2. Revisar las cargas sociales: Un alto grado de informalidad corresponde a asalariados cuyos patronos no responden por la seguridad social. Las cargas sociales de un patrono empiezan en 26.33% y pueden llegar a 50% si se consideran reservas por cesantía, vacaciones, aguinaldos y pólizas de riesgo de trabajo. Hay que revisar con lupa estos montos y entender técnicamente si puede mejorar la recaudación al aumentar el porcentaje de contribuyentes motivados por una menor carga tributaria. Esto inclusive puede propiciar la generación de empleo, lo que golpea otro indicador que no entramos a revisar (11.3% de la fuerza de trabajo que se encuentra desempleada).
  3. Establecer amnistías: No podemos invitar a las personas a que coticen a la seguridad social recibiéndolas con un cobro retroactivo, como pretende la CCSS. La amnistía tributaria logró recaudar en un periodo de 3 meses alrededor de 232 mil millones de colones que de otra forma posiblemente no habría recuperado, habría gastado millones en recuperarlo, o le habría tomado muchos años. Las amnistías no deben ser la regla, pero hay casos en que son una buena opción y este parece ser uno de ellos.
  4. Analizar la obligatoriedad del SEM (Seguro de Enfermedad y Maternidad) para trabajadores independientes: El porcentaje que deben cotizar los independientes varía entre 7.06% y 18.62% de los ingresos netos. Este porcentaje se compone de entre 2.89% y 10.69% para el SEM y entre 3.67% y 7.93% para IVM (Invalidez, Vejez y Muerte). Muchos independientes no se ven tentados a cotizar a la CCSS ya que actualmente tanto el SEM como el IVM son obligatorios en esos porcentajes y algunos de estos trabajadores ya están cubiertos por el SEM gracias a que tienen un segundo trabajo en el que figuran como trabajadores dependientes o están asegurados por afinidad o consanguinidad (sus parejas o sus familiares los cubren con sus seguros). Si hacemos al SEM un seguro voluntario para trabajadores independientes que ya lo tengan de otra manera, el porcentaje total de cotización se reduce y con esto puede aumentar la recaudación. Esto involucra analizar si igualmente se modifica la contribución estatal (que varía entre 1.31% y 9.11% para SEM). También es vital recordar el pilar solidario de la CCSS, por lo que se deberá establecer un porcentaje único de aporte para quienes opten por no cotizar al SEM.
  5. Individualizar las cuentas del IVM: los que tenemos menos de 30 años ya hemos escuchado que “no vamos a tener pensión”. Eso sin duda ahuyenta a potenciales contribuyentes a cotizar en un régimen que saben que posiblemente no vayan a disfrutar. Si hacemos de este régimen uno de reparto individual, garantizando el acceso a todos los cotizantes a una pensión, estoy convencido que vamos a atraer más contribuyentes.

El problema de la informalidad en Costa Rica no se va a solucionar pronto, pero no por ello debemos relegar sus posibles —y necesarias— soluciones.