Hace algunas semanas, publiqué un llamado a aprender, innovar y adaptarnos como país a nuevas formas de trabajar, pensar y legislar en el contexto del gran reto mundial de la revolución del conocimiento, que deriva en cambios sustantivos en el mundo del trabajo y que en definitiva transformará la relación laboral como la conocemos hasta ahora.
Sin embargo, a nivel global y particularmente nacional, no quisiera dejar de reflexionar sobre otro gran reto que se suma a las distintas transformaciones. Un reto que ya es tarde para enfrentar pues, no nos golpearán sus efectos en 50 años ni en 100, si no a la vuelta de la esquina. Se trata del envejecimiento de nuestra población y el cambio en su estructura etaria, una realidad ineludible que estamos enfrentando.
Las estadísticas poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan una sociedad en transición demográfica avanzada: tasas de natalidad y mortalidad bajas, fecundidad inferior al nivel de reemplazo, y alta esperanza de vida al nacer. Un proceso que países de Europa y otras regiones del planeta viven hace mucho más tiempo que nosotros.
Se estima que en setiembre de 2018, el país alcanzó los 5 millones de habitantes, con una población adulta mayor (PAM) cercana a 409.000 personas (8,2% del total). Para 2050, la PAM se proyecta en cerca de 1,3 millones de personas y representaría el 20,7% de la población total.
No podemos ser indiferentes a este fenómeno, que según advierte la Contraloría General de la República, tendrá impactos y efectos muy significativos para nuestra convivencia social y en especial, para nuestras finanzas públicas, por la presión en servicios más especializados y de alta calidad para garantizar una vida óptima después de los 65 años.
Esta discusión escapa del alcance de un plan nacional de desarrollo, un plan de trabajo de CONAPAM, o a una única política pública, y debe hacerse transversal a la toma de decisiones tanto del Legislativo y Ejecutivo como de las instancias que trabajan en el tema. Además requiere una planificación y articulación con medidas de corto, mediano y largo plazo y donde confluyan todas las instituciones que forman parte del sistema de protección social.
Según las estimaciones de la Contraloría General de la República, en materia de salud como mínimo probable, el cambio demográfico podría generar un aumento del 86% en el gasto de consulta externa y hospitalización para 2030 y del 129% hacia 2035 para la Caja Costarricense del Seguro Social.
En materia de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) para 2030 más de 146.000 adultos mayores estarían en condición de pobreza. Otorgar a cada miembro de la PAM en condición de pobreza una subvención básica del RNC requeriría aumentar el gasto del régimen en un 120% respecto a 2017. Los regímenes de pensiones tienen factores de riesgo cada vez más significativos para su sostenibilidad, y este es tan sólo uno de ellos.
En materia educativa se trata de una disyuntiva distinta: asegurar la calidad educativa frente a un destino específico constitucional, cuyo número deberá enfrentarse al escrutinio en torno a la reducción del número de niñas y niños en edad escolar. Según las proyecciones del órgano contralor el gasto en educación estimado para el año 2030 debería rondar el 5,2% del PIB y no el 8% asignado constitucionalmente.
Frente a estos datos y proyecciones que nos ofrecen los estudios de la Contraloría General de la República y del Programa Estado de la Nación, surgen preguntas a las que debemos buscar respuestas para enfrentar este desafío: ¿Cómo vamos a financiar una mayor presión sobre los servicios de salud para la atención de enfermedades no transmisibles y crónicas? ¿Cómo vamos a fondear el Régimen No Contributivo para garantizar que ningún adulto mayor viva en condición de pobreza o pobreza extrema? ¿Cómo vamos a fortalecer el sistema nacional de cuidados?
Estas preguntas iniciales llevan a una mucho más amplia: ¿Cómo vamos a estructurar un marco fiscal demográfico que asegure el financiamiento necesario para recibir el impacto que generará el envejecimiento de nuestra población en el sistema de protección social de nuestro país?
Estas preguntas, que además se combinan con otros retos como el alto endeudamiento del Estado, la revolución tecnológica, las transformaciones del trabajo y el cambio climático, nos deben llevar a una discusión nacional sobre cómo garantizar una vida digna a las y los adultos mayores en cada rincón de nuestro país, a través de la planificación y la prospectiva, así como la evaluación permanente del gasto público con miras a poder visualizar su impacto en la calidad de vida de la ciudadanía.
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