Aunque en Costa Rica los valores familiares siguen siendo sólidos, las exigencias de la vida moderna, las responsabilidades laborales y el estrés económico han llevado a que muchas familias opten por delegar el cuidado de las personas adultas mayores en instituciones especializadas. Si bien los hogares de ancianos han existido desde hace décadas, hoy en día este recurso, junto con otras alternativas, es cada vez más utilizado. Sin embargo, no todas las familias tienen acceso a estos servicios, ya que, en algunos casos, están dirigidos principalmente a personas con redes de apoyo limitadas.

Desde el año 2000, con la promulgación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935), diversos actores comunitarios han sistematizado soluciones al desafío del envejecimiento en Costa Rica, convirtiéndolo en un asunto público prioritario. En este contexto, encontramos organizaciones gerontocomunitarias, como los Hogares de Ancianos, Centros Diurnos y Redes de Cuido, que han sido avaladas por el IMAS como organizaciones de bienestar social. Según datos del Conapam, estas instituciones atienden cerca de diecisiete mil personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad social y gerontológica.

Estas organizaciones están presentes en las comunidades, gestionando programas de atención al envejecimiento y la vejez a través de la acción social en 63 centros diurnos, 74 hogares de larga estancia y 54 redes de cuido para personas adultas mayores. A raíz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la visión gerontológica de estas organizaciones se ha enfocado en las personas, sus necesidades y la promoción de sus derechos, basándose en la familia y la comunidad para mejorar la calidad de vida.

Las organizaciones de bienestar social gerontológico son entes de derecho privado, sin fines de lucro, que nacen a partir de la Ley de Asociaciones (Ley 218). Han sido calificadas como idóneas para administrar recursos públicos después de un riguroso proceso supervisado por el Conapam, el cual incluye auditorías contables, revisión de la estructura organizativa, sistemas de información y evaluación de la gestión operativa. Además, reciben transferencias presupuestarias de la Junta de Protección Social.

Es importante destacar que la gran mayoría de las instituciones que atienden a la población adulta mayor cumplen con los estándares de atención establecidos por los modelos gerontológicos del envejecimiento activo y la atención centrada en la persona, los cuales garantizan la dignidad, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. Estas organizaciones operan bajo normativas claras y son supervisadas regularmente por el Ministerio de Salud, el Conapam y la Junta de Protección Social para asegurar que sigan las mejores prácticas en el cuidado integral de esta población.

Los Hogares de Ancianos, Centros Diurnos y Redes de Cuido trabajan con dedicación y respeto, aplicando protocolos de atención individualizados, desarrollando programas recreativos y terapéuticos, ofreciendo planes nutricionales balanceados y creando un entorno que favorece la autonomía y el bienestar integral, tanto físico como emocional, de sus usuarios. A pesar de las limitaciones presupuestarias, estas organizaciones cumplen con su labor con compromiso, siempre priorizando el bienestar de las personas adultas mayores y manteniendo un enfoque centrado en la persona, respetando sus derechos en todo momento.

Hago un llamado a reconocer y valorar el trabajo esencial que realizan estas organizaciones comunitarias. El modelo de gestión de las Organizaciones de Bienestar Social de Costa Rica ha demostrado ser exitoso, basándose en enfoques de intervención social e incluso recibiendo reconocimiento a nivel latinoamericano por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los Hogares de Ancianos, Centros Diurnos y Redes de Cuido han respondido eficazmente a las necesidades físicas, sociales y emocionales de las personas mayores, fomentando su autonomía, participación social y dignidad. Su modelo de gestión fue clave durante la pandemia de COVID-19, permitiendo que miles de personas adultas mayores recibieran protección y atención integral.

Estas instituciones demuestran su compromiso diariamente, incluso con el limitado apoyo económico del gobierno. Aunque el Estado costarricense tiene la obligación de atender a la población adulta mayor, esta tarea sería imposible sin la dedicación de miles de costarricenses que, como miembros de juntas directivas, voluntarios, coordinadores administrativos y funcionarios, colaboran activamente en las organizaciones de bienestar gerontológico.

Costa Rica está envejeciendo y el compromiso de cuidar a nuestras personas adultas mayores debe ser compartido por toda la sociedad. Hago un llamado a las familias para que asuman con responsabilidad el cuidado de sus seres queridos mayores. Asimismo, insto a los gobiernos locales y a la empresa privada a apoyar activamente a los Hogares de Ancianos, Centros Diurnos y Redes de Cuido en sus comunidades. Juntos, podemos construir una Costa Rica que refleje respeto y afecto hacia sus ciudadanos mayores.

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