La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) diseñar un plan para solucionar el problema de las listas de espera en un plazo máximo de seis meses.

Así lo ordenaron los magistrados mediante la sentencia 2019-55605 emitida a raíz de un recurso de amparo presentado por una adulta mayor, a quien se le indicó que requería una cirugía en el Hospital San Rafael de Alajuela, sin embargo, no se le señaló una fecha concreta y se le puso en lista de espera.

El fallo fue adoptado por los jueces constitucionales Fernando Castillo (presidente), Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, y los suplentes Marta Esquivel Rodríguez (instructora del caso) y Mauricio Chacón Jiménez con el fin de reducir los plazos desproporcionados e irrazonables que deben esperar los asegurados para recibir atención en los hospitales.

Dato D+: La magistrada Marta Esquivel sostuvo durante varios meses la tesis de ordenar a la Caja confeccionar un plan contra las listas de espera. Durante múltiples de casos su posición fue de minoría, pero finalmente logró que el resto de magistrados acogieran su tesis.

En su sentencia, la Sala concluyó que los plazos excesivos en las listas de espera es una constante en la Caja del Seguro Social y que estas actuaciones en la prestación del servicio público violentan el derecho a la salud de los administrados como un derecho fundamental autónomo e infringen los principios constitucionales del servicio público.

Por ello, los jueces constitucionales ordenaron a las autoridades de la Caja diseñar, en un plazo máximo de seis meses, un sistema de gestión integrado para disminuir las listas de espera.

La sentencia establece que dicho plan deberá definir plazos de espera razonables por patología, criterios objetivos para precisar la ubicación de un paciente en las listas de espera y fijar un cronograma de acciones para cumplir con las metas.

Asimismo, la Caja deberá proponer soluciones a las carencias y problemas reconocidas por la propia institución: ausencia de infraestructura adecuada, falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento; y el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos, entre otros.

Fiscalización del cumplimiento de la sentencia

Para verificar que la Caja cumpla con lo ordenado por el Tribunal Constitucional, los magistrados programaron una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Ese día, las autoridades deberán exponer los avances y acciones que desarrollaron para cumplir con la resolución.

Los magistrados también instaron a Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, coadyuvar con el seguimiento de la ejecución del fallo.

El magistrado Paul Rueda salvó parcialmente el voto por considerar que antes que un proyecto, lo que procede es establecer plazos específicos para la ejecución de medidas concretas.