Escribo este texto porque me fue otorgado un espacio que mi consciencia me imposibilita no aprovechar. No hay día que no piense en mi mamá y mi hermana, que me criaron, y es mi compromiso con ellas y con todas las otras mujeres de este país lo que me lleva a exponerme socialmente, cuando lo más fácil es quedarse callado y alejarse del ojo público. Pero el silencio es cómplice, y como decía Sir. William Osler, “Por mucho, el enemigo más peligroso con el que tenemos que luchar es la apatía”.

Este país cuenta con un recurso humano en materia de Medicina, Derechos Humanos, Seguridad Social y Estadística envidiable, tan así que como colectivo han llevado a Costa Rica a ubicarse tercero entre los países con la menor tasa de mortalidad materna de Latinoamérica, como resumió de manera inmejorable el INEC en el texto: Mortalidad materna y su evolución reciente – 2016. Estoy seguro que este logro no es al azar, porque personalmente, como orgulloso empleado de la CCSS que soy, estoy al tanto de las increíbles capacidades de tantos profesionales involucrados en esas cifras de las que nos jactamos internacionalmente.

Y sin embargo, una vez más, un medio masivo decidió generar polémica donde no la hay, dándole voz a un diputado, que una vez más, recurrió a argumentos rancios (porque nada de lo que se dijo no fue dicho ya en campaña política, tal vez con la única excepción de que el Colegio de Médicos avalaba de facto todo lo dicho por el diputado, situación que fue desmentida categóricamente por el mismo colegio).

Tal vez lo más acongojante de esta situación, es que su interlocutora y debatiente pasa desapercibida, sin merecerlo, aún a pesar que citó el código penal: fue enfática en que una eventual normativa no amplia el alcance de la ley, fue vehemente en que la interrupción terapéutica de embarazo es una herramienta de último recurso que involucra un criterio técnico especializado y en la que siempre debe existir el consentimiento informado escrito y comprensible por parte de la paciente, para tan siquiera considerarse como una opción. Opción que los costarricenses han manifestado apoyar en su mayoría cuando la vida o la salud de la madre corra riesgo (y que de paso tiene 48 años de estar en la ley bajo la forma de aborto impune).

¿Cómo qué no hay polémica Leo, si todo el mundo esta hablando del asunto? Una situación es el deseo de politizar un tema complejo con aspiraciones partidistas, y la otra es remitirnos a los hechos. Costa Rica como miembro de la CIDH y país sede del Pacto de San José, está en deuda con las mujeres.

Hemos sido demandados internacionalmente en 2 ocasiones por el mal manejo de casos de embarazos en que las demandantes consideraron debía considerarse una interrupción terapéutica del embarazo, pero por ausencia de una normativa que respaldara a los involucrados, el caso resolvió en instancias legales a favor de las demandantes (los casos de Ana y Aurora como se les conoce popularmente) y se determinó en el arbitraje que Costa Rica debía reglamentar el articulo 121 del código penal.

¿Por qué es importante la norma técnica? Primero, porque si no la tenemos nos van a seguir demandando internacionalmente por reiteradas violaciones a los derechos humanos. El Estado se comprometió a consolidar la normativa, y a la fecha, falla en estamparle la firma, siendo el primer responsable  de esta ventana de tiempo en la que los oportunistas están haciendo fiesta, y por ende, los primeros responsables de esta campaña de desinformación.

Segundo, al no tener una normativa que respalde el accionar de las instituciones que cuidan a la mujer gestante, el Estado falla en proteger a la mujer, al producto y a todos los actores involucrados. A diario en los equipos de salud se atienden encrucijadas éticas muy complejas, como prescribirle quimioterapia a una mujer gestante con leucemia, o la toma de decisiones médicas y quirúrgicas en un embarazo gemelar en que una de las unidades feto – placenta se transforma en un tumor maligno, por citar un par de ejemplos. Una vez más, la salud o la vida de una mujer en riesgo, un equipo de salud desprotegido jurídicamente,  una nueva sanción internacional y el desprestigio de la comunidad vigilante de la materia.

No hay polémica porque si la norma estuviera firmada, estos berrinches basados en la recolección antojadiza de términos médicos por parte de legisladores sin ningún tipo de formación en el asunto, no existirían.

No hay polémica porque hablamos de aborto impune, un artículo del código penal de 1971 el cual ha sido ratificado en varias ocasiones y sobre el cual Costa Rica tiene una obligación que cumplir, simplemente porque los profesionales en salud, una vez que se judicializa nuestro campo, debemos recibir a cambio lineamientos claros, coherentes e integrales de qué es lo que debemos hacer al enfrentarnos a los casos complicados. Una ley requiere un reglamento y un financiamiento, es cívica básica.

El ejercicio de la medicina no es tan nítido como lo quieren hacer parecer aquellos que hablan desde fuera de la trinchera. Como si un paciente fuera una entidad inerte, únicamente personificada por su diagnóstico, y con una lista de tratamientos que se cumplen inobjetablemente. Cada paciente tiene un trasfondo, una historia, una familia y un contexto, variables que a menudo no se mencionan en los textos médicos, pero que no pueden quedar por fuera de una situación tan delicada y que dan cabida a las más aguerridas discusiones científicas entre los equipos de salud que buscan lo que siempre han buscado: lo mejor para su paciente y la excelencia en su práctica. Si a los profesionales de salud no nos interesara la vida, ¿tendríamos la esperanza de vida que ostenta Costa Rica actualmente?

Las guías de práctica clínica buscan reunir la mayor cantidad de información basada en evidencia, y de la misma manera la norma técnica debería proteger a ambas partes, tanto a los profesionales que no estén de acuerdo con una determinada línea terapéutica, haciendo uso de su derecho a la objeción de conciencia, como a los que estén dispuestos a ofrecer todas las opciones terapéuticas necesarias, no de su propia creación, igualmente basadas en los estatutos internacionales como los del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) o los de la Sociedad de Planificación Familiar (SFP, por sus siglas en inglés), o los de la Organización Mundial de la Salud, por mencionar algunos.

La verdadera polémica es, ¿por qué el presidente Carlos Alvarado no ha firmado la norma terapéutica si nada se lo impide y varias organizaciones nacionales e internacionales se lo exigen?, ¿por qué seguimos dándole micrófono a personajes que no tienen criterio para formar opinión pública en temas especializados?, ¿por qué ignoramos a la expositora que habló con la verdad y expuso de manera tajante los puntos que deben tenerse claros en la discusión, y le dimos tantísimo eco al representante del grupo que le mintió descaradamente a los costarricenses en la cara?

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