El pasado 7 de enero, el Semanario Universidad publicó en su versión digital una noticia titulada “PLN difunde estudio que propone revivir la minería a cielo abierto”, la cual hace referencia a un estudio denominado “Contaminación con mercurio y drenaje ácido causada por la minería ilegal en Crucitas”; el mismo, según se puede apreciar en su autoría, es realizado por profesionales y un estudiante de diferentes campos de ciencias naturales.

En el mencionado estudio, se puede leer cómo los autores llevan a cabo una investigación detallada de la afectación ambiental que ha tenido la zona norte de nuestro país debido a la actividad ilegal de minería efectuada, específicamente, en la finca llamada Crucitas. Recordaremos que, en este mismo sitio, años atrás, se pretendió desarrollar esta misma industria, en ese momento bajo la concesión —por parte del Estado— a una empresa de capital canadiense, con una declaratoria de interés nacional incluida.

Lo controversial de dicho estudio se centra en su cuarta conclusión y recomendación, la cual indica que:

Es urgente que Costa Rica retorne a un modelo de sostenible derogando la ley 8904 “para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”, y remplazándola por una nueva ley con una estructura altamente técnica, que permita desarrollar una industria mineral responsable, en lugar de perpetuar daños irreparables al medio ambiente, generando a su vez beneficios a nuestro país.

Realizando una relectura un poco más detallada y pausada, se puede evidenciar que en el estudio técnico mencionado no existe una sola letra, palabra, frase, o mucho menos, idea, que lleve a sostener la conclusión de que en Costa Rica se debe derogar la Ley 8904 y promulgar una nueva ley que faculte al Estado a permitir una industria minera; lo anterior refleja que dicha conclusión carece no solo de un sustento técnico en la materia  jurídica, social y/o económica que la respalde, sino que además, deja la impresión de que la misma es totalmente antojadiza y carente de argumentos. Incluso, en las seis hojas de estudio previo al apartado de Conclusiones y Recomendaciones, solamente se menciona la ley una vez, y es en la introducción del documento, de esta forma, la misma está siendo atacada sin valoración objetiva alguna; sumado a lo anterior, en la descripción de la metodología utilizada, no se indica nada referente a consideraciones legales, sociales o económicos que se utilizaron para llegar a la conclusión.

Además, el estudio en mención realiza afirmaciones que no sustentan con datos o fuentes, y más bien dan la impresión de ser falacias argumentativas o juicios de valor, como lo es la frase: (…) “la realidad es que, si existen metales, se van a explotar, ya sea por medio de un modelo de minería responsable y sostenible, o mediante minería ilegal como está pasando en Crucitas”; y es que esta idea viene a contradecir el criterio de conservación ambiental que caracteriza a Costa Rica, pues un gran porcentaje de nuestros territorios se encuentran bajo protección y conservación. Es irracional pensar que por existir algo, simplemente se tiene que explotar; siendo así, no tendría justificación la protección especial que le da nuestro país a la Isla del Coco, a los parques nacionales y demás espacios naturales que protegemos.

Y es justo por establecer que existen solamente dos tipos de minería, la legal e ilegal, que el estudio carece de un enfoque objetivo desde su inicio, sin dejar de mencionar que, curiosamente, omite señalar que existen diferentes modelos de desarrollo, incluidos los que se sustentan en la explotación de los recursos naturales y los que tienen una visión sustentable y amigable con el ambiente. Como costarricense sé que el modelo por seguir, trazado hace muchos años por nuestros gobernantes, no era, es o deberá ser el de la explotación.

En publicación del 9 de enero, en Delfino.cr, Ricardo Sánchez-Murillo, uno de los autores del estudio, sale en defensa del estudio luego de las declaraciones del Ministro de Ambiente, quien realiza cuestionamientos al documento. En esta publicación, titulada Crucitas: más allá del cálculo político”, el coautor omite referirse a la cuarta conclusión y recomendación, y señala que la investigación “(…) fue enteramente financiada por recursos de proyectos vigentes del grupo de investigadores, quienes consideramos una obligación moral-científica con el país y los ciudadanos de la región, invertir recursos y nuestro tiempo en el entendimiento geoquímico de la presencia y dispersión de los solutos y contaminantes externos…” pero no menciona la metodología utilizada y el análisis de la información para llegar a la creencia de que en Costa Rica se debe derogar una ley y crear otra.

Es cierto que hoy, en Crucitas, el desorden y la explotación son el pan de cada día, donde la contaminación y el abuso son herramientas que se utilizan para desarrollar una actividad ilegal. El informe en cuestión sí logra demostrar la afectación que ha tenido el mercurio en el ambiente, pero lo anterior no es justificación para proponer la implementación de la minería a cielo abierto de forma legal.

Sí, en Costa Rica sabemos que tenemos riqueza en nuestros recursos materiales, ya sea porque sepamos apreciar el valor ambiental de la conservación, o porque pensemos en desarrollar una industria que podría generar millones de dólares al año; pero lo cierto es que la minería a cielo abierto es un tema que se debe someter a un debate nacional, donde los argumentos tengan una base sólida en estudios confiables y con certeza científica, sopesando la trayectoria y el prestigio ambiental que ha tenido nuestro país a lo largo de los años, lo cual le ha permitido posicionarse como un país “verde” en el imaginario colectivo mundial.

Y desde ese balance, debatido con información de apoyo y datos duros, es que nuestros gobernantes deberán definir el futuro de esta industria en nuestro país, antes no.