Criticaron proyectos de ley del Poder Ejecutivo y de diputado oficialista que buscan reformar el código minero.
El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) emitió tres pronunciamientos oficiales respecto a iniciativas legislativas que buscan definir el futuro de Crucitas, en Cutris de San Carlos.
La organización rechazó un proyecto del Poder Ejecutivo (expediente 24.717) y otro del diputado oficialista Jorge Antonio Rojas López (expediente 24.577), que pretenden reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en la zona.
El PCA, que representa a diversos sectores ambientales y ciudadanos, argumenta que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. En un comunicado a la prensa indicaron:
Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales".
Además, advierten que los proyectos implicarían la destrucción de los cerros Fortuna y Botija, la formación de lagunas de relaves y un impacto severo sobre acuíferos y ecosistemas en una región de selva tropical húmeda.
Para el Parlamento, legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que distinguen a Costa Rica a lo largo de la historia, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.
Puntualmente sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno señalaron que apenas destina el 1% del valor bruto de las ventas a la región de San Carlos, mientras traslada al Estado la responsabilidad de remediación ambiental. Esto "genera serias dudas sobre la fiscalización y la transparencia del proceso", criticaron.
En el caso de la propuesta de Rojas López, señalaron que omite el tema de los “Royalties” (pagos que se realizan al propietario de un derecho). No se refiere a cuál porcentaje de Royalties se les cobraría a los posibles concesionarios, cómo se distribuiría ese porcentaje, etc., y que aunque propone tener efectos en materia de pensiones del régimen no contributivo, no presenta un análisis riguroso de este aspecto y es engañoso al no generar beneficios concretos y suficientes para las comunidades de Cutris.
A favor de propuesta del Frente Amplio
El Parlamento Cívico Ambiental manifestó su apoyo a la iniciativa de ley (expediente 24.675) de la diputada frenteamplista, Priscilla Vindas Salazar, que promueve un modelo de recuperación sostenible y desarrollo regional.
Para la agrupación es una "alternativa viable y visionaria". Este propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales.
El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional".
La Comisión de Energía y Minas del parlamento señaló “la distinción entre los dos enfoques es clara, por un lado, una visión que abandona las políticas de Estado del país y quiere convencer a la opinión pública recurriendo a aparentes beneficios monetarios que al final ni son para las comunidades, ni son suficientes para compensar las pérdidas económicas, sociales y ambientales, por el otro, un enfoque novedoso, integralmente ganador y en la mejor de las tradiciones de soluciones sostenibles pioneras que ha caracterizado al país en los últimos 30 años”.
El PCA enfatizó en la importancia de mantener el liderazgo internacional de Costa Rica en protección ambiental, y de alinear las políticas nacionales con los compromisos globales en sostenibilidad y resiliencia climática.
Para finalizar su mensaje, solicitaron el archivo de los expedientes del Ejecutivo y del diputado oficialista. Además, pidieron a miembros de la Asamblea Legislativa y sociedad civil mantenerse vigilantes en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo sostenible.
