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Hoy podemos afirmar con datos, que prácticamente todas las mujeres hemos experimentado el terror de ser violentadas en plena vía pública, a través de agresiones sexuales encubiertas y legitimadas como algo propio de las relaciones entre mujeres y hombres, con la excusa de ser “piropos” que hasta deberíamos agradecer, cuando en realidad son actos intimidatorios, invasivos,  que afectan a cada paso nuestra autodeterminación sexual. Afecta nuestra movilización. La Segunda Encuesta Nacional de Salud Sexual Reproductiva del 2015 registra un dato alarmante: 3 de cada 4 mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero.

Cuando vamos a los centros de estudio, de trabajo, de vivienda o cualquier otro destino, las mujeres enfrentamos decisiones adicionales por nuestra condición de género: escoger las rutas, o modificarlas en función de cuál es la menos riesgosa: la hora a la que pasaríamos por ciertos lugares; si lo vamos a hacer solas o si buscamos con quien nos acompañamos; el tipo de transporte que utilizaremos... Analizar detalles como la ropa que nos pondremos, si es necesario llevar algo que nos ayude a defendernos ante un eventual ataque y otra serie de medidas dirigidas para ejercer el derecho a transitar sin ser atacadas e incluso, para a salvaguardar el básico derecho a mantenernos vivas, en los centros urbanos que nos resultan amenazantes por el hecho de ser mujeres.

Esto debe ser motivo de atención y preocupación para la Asamblea Legislativa, porque el acoso sexual callejero jamás puede ser naturalizado como un patrón de interacción válida o natural entre hombres y mujeres.

Nos afecta a todas las personas, pero de manera desigual. Los hombres reciben palabras y miradas lascivas o tocamientos indebidos en espacios públicos, espacios privados de acceso público o en medios de transporte tanto públicos como privados, hechos que deben ser reprochados, también, bajo el entendimiento de que las estadísticas demuestran que este es un problema que aqueja mayoritariamente a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, y esto se explica por tratarse de un ejercicio de poder marcado por la condición de género.

Según datos de la Encuesta Actualidades, de la Escuela de Estadísticas de la Universidad de Costa Rica, un 61% de mujeres, en contraste con un 32.8% de hombres, fueron víctimas de acoso sexual callejero en el 2015. De acuerdo al Poder Judicial, entre el 2011 y el 2013, 70% de las personas denunciantes de este tipo de agresión fueron mujeres; entre el 2014 y el 2016, las denuncias llegan a 21.238, nuevamente, siendo las víctimas mayoritariamente mujeres.

El “continuo de la violencia contra las mujeres” plantea que la violencia está presente en toda la vida de las mujeres, desde que nacen hasta el final, de ahí que la mayoría de las veces, y sobre todo al tratarse de una agresión con connotación sexual recibida –generalmente- por parte de un desconocido, las víctimas de acoso sexual callejero lo enfrentan de manera individual, como si fuera un “destino inevitable”.

Las ciudades son espacios que reproducen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres; el acoso callejero, como violencia de género, limita el derecho de las mujeres al libre tránsito y a la movilidad segura, en espacios y medios de transporte que en principio fueron hechos para el beneficio y disfrute de todas y todos.

Sin embargo, esa igualdad en el acceso y disfrute de las ciudades, sólo será posible a través de un enfoque de género en el rediseño de las ciudades, políticas de movilidad y transporte público, de vivienda, urbanismo y seguridad ciudadana, entre otras, donde se considere los riesgos a los que las mujeres estamos expuestas y se incorporen los mecanismos legales y estructurales para solventarlos.

En este sentido, la implementación de un protocolo contra el acoso sexual callejero por parte del Ministerio de Seguridad Pública, que como legisladora acompañé junto a la colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres y otras organizaciones feministas, es un primer paso hacia la consolidación de ciudades que sólo podrían ser seguras para todas y todos, al desarrollarse con un enfoque de género e inclusión.

Desde la Asamblea Legislativa, reafirmo mi compromiso por aprobar una legislación que penalice el acoso sexual callejero como lo que es: una forma de agresión contra las mujeres y las niñas. En este esfuerzo cuento con el apoyo de la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana, la cual represento en la Comisión de la Mujer, donde se tramita el expediente 20.299 Ley contra el Acoso Sexual Callejero, que contempla acciones de prevención, atención y sanción de este grave problema social.

Una vez que el expediente pase a Plenario, espero la mayor claridad por parte de las demás bancadas legislativas para una pronta aprobación.

Además, me complace mucho que el Despacho de la Primera Dama, con el liderazgo de la Arq. Claudia Dobles, también tenga este enfoque en las acciones de movilidad urbana y transporte público: que coincidamos en que cuando hablamos de una ciudad segura e inclusiva, necesariamente ésta debe ser un espacio que tome en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres y que éste debe ser un espacio libre de acoso sexual callejero.

Ya es tiempo de dar este importante paso.