Una serie de acciones y omisiones de la Procuraduría de la Ética Pública en la investigación contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, por el caso del cementazo tienen molestos a los diputados de la oposición.

Las pesquisas que ha realizado la Comisión Especial Investigadora del manejo que se le dio en el Congreso al documento de la PEP, que notificaba la desestimación de la causa contra el exmandatario, apuntan a que los yerros iniciaron desde el momento en que la Procuraduría empezó a estudiar el caso.

A la fecha, los diputados han detectado siete hechos y actitudes cuestionables:

1. El Procurador de la Ética investigó "conjuntamente"

Aunque no lo hizo en ninguno de los otros casos, el ahora ex procurador de la Ética Pública, Ronald Víquez, formó parte de la investigación contra el expresidente, pese a que esta fue encargada a Tatiana Gutiérrez, ahora procuradora de la Ética a.i.

Si bien se trata de una decisión dentro del marco de sus competencias, para los diputados de la oposición resulta llamativo que Víquez únicamente entrara a conocer el caso de Solís, cuando había múltiples acusados por este caso.

2. No hubo un acta de notificación del informe

Contraria a la práctica que tienen los tribunales de justicia, la Procuraduría de la Ética no tiene un acta de notificación de sus informes ni resoluciones, sino que únicamente hacen entrega de los documentos en sobres manila cerrados, con la leyenda confidencial y hacen firmar un documento que confirme el "recibido".

En el caso de la Asamblea Legislativa, el informe sobre el expresidente Solís no fue recibido por el Directorio, sino por una funcionaria de la Dirección Ejecutiva: Enid Padilla.

La Procuraduría afirma que la notificación fue válida porque cuando llegó el funcionario a hacer entrega del sobre, un guarda le indicó que la Presidencia no estaba recibiendo documentación, por lo que debía ir a la Dirección Ejecutiva.

3. La notificación se hizo a sabiendas del cambio de Asamblea

La Procuraduría de la Ética sabía que el viernes 27 de abril, día que hizo la notificación del informe sobre el expresidente Solís, el Congreso estaba en transición para que asumieran los nuevos diputados y además, que era un día en que los congresistas no se encuentran en Cuesta de Moras, pues lo dedican a hacer giras comunales.

A pesar de ese conocimiento, la PEP dijo que la notificación se hizo ese día pues es "práctica usual" en la institución notificar las resoluciones de forma inmediata y que aunque el viernes es un día "inusual" en el Congreso, sigue constituyendo un día hábil.

Esta circunstancia hizo que el primer día habilitado para apelar la desestimación de la causa contra Solís quedara para los antiguos legisladores, a pesar de que estos ya habían abandonado sus despachos. Los otros dos quedaron para los nuevos diputados, pero "chocaban" con las actividades protocolarias del 2 y 3 de mayo.

Juan Antonio Quirós, notificador de la Procuraduría, reconoció que esa fue la primera vez en la que a la hora de notificar a la Asamblea Legislativa, no pudo hacerlo en la Presidencia.

4. La primer notificación se hizo "confidencial", pese a que era desestimatoria

Gilbert Calderón, procurador de la Ética Pública del 2004 al 2015, afirmó que el informe que desestimaba la denuncia contra Luis Guillermo Solís debía ser público desde el momento en que se emitió, pues a diferencia de una resolución, este no hacía señalamientos de faltas cometidas por el expresidente.

A pesar de ello, la Procuraduría notificó al Congreso de forma confidencial, como si se tratara de una resolución acusatoria. Para ello, alegó que debía ser confidencial hasta que el acto quedara en firme, una vez transcurridos los 3 días hábiles para apelar.

5. La segunda notificación se hizo "confidencial", pese a que ya había un acto final en firme

Cuando la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, pidió a la Procuraduría de la Ética que le enviara una copia del informe pues al original le faltaban folios, la institución remitió el documento nuevamente en carácter de confidencial, a pesar de que el acto final que desestimaba la denuncia contra Solís ya había quedado en firme.

Para los diputados esto es un indicio de que la primer notificación podía ser nula, por lo que el plazo para apelar corría a partir de la segunda ocasión en que el informe llegó a la Asamblea Legislativa.

6. Se notificó al Directorio del Congreso y no a los 57 diputados

Aunque la denuncia contra el expresidente Solís fue interpuesta por el Plenario al aprobar el informe final de la Comisión Investigadora del cementazo, la Procuraduría de la Ética decidió notificar a los tres integrantes del Directorio y no a los 57 diputados.

La institución no supo explicar ante los diputados por qué tomó esa decisión.

7. No se investigaron todas las imputaciones contra Solís

La Procuraduría de la Ética solamente investigó dos imputaciones hechas por el Congreso contra el expresidente Solís: presionar, por medio del entonces viceministro Fernando Rodríguez y/o el diputado Morales Zapata, a la Dirección General de Aduanas para que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento importado por Juan Carlos Bolaños; y presionar al órgano de Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía para que emitiera un criterio al siguiente día hábil para poder sacar a consulta pública las reformas al Reglamento sobre Cementos Hidráulicos.

Para los diputados de oposición, la PEP omitió investigar las siguientes acusaciones hechas contra Solís:

  • Haber instruido a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica nombrar a Mario Barrenechea como gerente general.
  • No haber llamado la atención ni sancionado a directivos del Banco de Costa Rica que tenían informes de la Procuraduría de la Ética que señalaban faltas éticas en sus actuaciones.
  • Decir que las visitas de Juan Carlos Bolaños a Casa Presidencial no dejaron resultados exitosos para el empresario del cemento chino.

La Procuraduría se defendió alegando que esas imputaciones no se hicieron de forma específica contra Solís, sino contra "la Presidencia de la República", por lo que ellos solo hicieron referencia a las que explícitamente hacían referencia a actuaciones del exmandatario."Ninguno de esos puntos fueron investigados. Ni uno solo. Escogieron de todos los últimos dos, que tienen que ver con el desalmacenaje y nacionalización del cemento y la reglamentación técnica, habiendo otros hechos", señaló Carlos Ricardo Benavides.