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Los regímenes de pensiones como el de Jupema, el del Poder Judicial, el de los Exdiputados y otros de Hacienda son de PRIVILEGIO porque solo son posibles gracias a que el Estado (entiéndase todos nosotros) aporta un porcentaje muy sustancial de los mismos.

Estos regímenes con pensiones de, por ejemplo, ₡9 millones al mes de un excatedrático o expresidente ejecutivo, son el resultado del contubernio entre la Clase Política y la Alta Burocracia. A menudo una y otra son indistinguibles.

No solo han disfrutado estos funcionarios de salarios altísimos, aún para estándares de primer mundo, sino que lo han hecho sin nunca correr el riesgo de perder su empleo. En cualquier país avanzado la seguridad en el empleo se paga aceptando un salario relativamente menor al de otros cuyo empleo está en riesgo todos los días. En Costa Rica no; aquí es al revés: la seguridad absoluta de que nunca perderán el empleo se compensa.... ¡ganando mucho más!

La pensión promedio del régimen de IVM es en torno a los ₡250,000/mes; la indolencia y la pobre cultura e información de nuestro pueblo, poco combativo, han hecho posible que una sola persona se lleve, en un mes, cuarenta veces la suma de un pensionado promedio del IVM. Es simplemente obsceno. Y en diciembre se lleva ochenta veces más. Ninguna sociedad avanzada permite tal abuso.

Nadie necesita una pensión de ₡9 millones al mes. Estas son personas que ya han educado a sus hijos, y si han llevado vida ordenada, no tienen grandes deudas. Peor aún, se han inventado un auxilio de cesantía cuando se jubilan. La señora expresidenta de la Corte se llevó cerca de ₡90 millones y no había quedado cesante. ¿Auxilio de cesantía para quien pasa a disfrutar de una pensión de ₡9 millones? Esto es cinismo. La clase política ha orquestado, dirigido y ejecutado un verdadero expolio y está obligando a todos a pagar. Así era Venezuela; nadie movió un dedo, y cuando lo hicieron, se entregaron a líderes populistas. Demasiado tarde.

Los regímenes de pensiones de privilegio deben desaparecer; uniformándose en uno solo: el régimen de IVM de la CCSS, que es el único régimen tutelado constitucionalmente. Debemos acabar con una situación que tanta desigualdad genera entre los ciudadanos. La Ley de Protección al Trabajador permite que cualquier trabajador cotice de forma voluntaria para aumentar su pensión. Una asociación de ciudadanos que no tienen otro interés que defender a la gran mayoría de trabajadores del país, ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta, precisamente con el objetivo de que todos lo regímenes de pensiones sean unificados en el de IVM. También han presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa con idéntico fin.

Aunque dichas iniciativas repararían la injusticia que todos los días se comete contra los trabajadores costarricenses, el camino es muy empinado, puesto que los magistrados que deben resolver son beneficiarios directos de este estado de cosas. ¡¡Debemos continuar con este gran movimiento social de protesta, para lograr el objetivo!!

Mientras en Latinoamérica la constante es acortar la brecha económica en Costa Rica la desigualdad continúa en aumento. Ninguna sociedad tan injusta permanece pacífica. Ninguna. Tengamos coraje y arreglemos esto antes de que un pueblo enardecido tome su Bastilla.