El Partido Liberación Nacional (PLN) retiró de la agenda del plenario legislativo dos proyectos de ley que ya habían superado su primer debate, en medio de denuncias sobre una supuesta instrucción de Casa Presidencial a los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para que voten en contra de cualquier iniciativa o moción presentada por la oposición.
La primera iniciativa pretende dar una solución habitacional a diez familias de Varablanca, Heredia, y fue retirada después de que, según denunciaron varios diputados, se le advirtiera a su impulsora que el oficialismo votaría en contra si no permitía que un legislador del PPSO presentara un nuevo expediente con el mismo contenido. El segundo proyecto, relacionado con el impuesto a las personas jurídicas, fue apartado de la agenda durante la misma sesión, antes de que el plenario continuara su discusión.
Fuentes legislativas distintas confirmaron a Delfino.cr que, tras el archivo del proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, el 19 de octubre, la fracción de Pueblo Soberano recibió una instrucción desde Casa Presidencial para rechazar todos los proyectos de ley y mociones de las bancadas de oposición.
El episodio que desató la controversia de este martes fue el retiro de la agenda del expediente 25.332, presentado originalmente el 8 de diciembre de 2025 por la entonces diputada liberacionista Kattia Rivera Soto e impulsado posteriormente por Ángela Aguilar Vargas.
La iniciativa autoriza a la Municipalidad de Heredia a segregar y donar diez lotes de la Ciudadela IMAS, en Varablanca, a familias que los habitan desde hace décadas, pero que no cuentan con títulos de propiedad. Aguilar trabajó en una solución para esos habitantes desde su etapa como alcaldesa de Heredia.
El proyecto ya había sido aprobado en primer debate el 17 de septiembre, con 48 votos a favor y ninguno en contra. Posteriormente, el plenario retrotrajo su trámite mediante el artículo 148 bis del Reglamento legislativo para introducir modificaciones, cuyo texto actualizado fue aprobado el 12 de octubre.
No obstante, el lunes 26 de octubre apareció un nuevo proyecto, el expediente 25.864, presentado por el subjefe de fracción oficialista Juan Manuel Quesada Espinoza y firmado también por la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, con el mismo objetivo de donar los diez lotes de Varablanca.
Una comparación realizada por Delfino.cr entre el texto actualizado del expediente original y el nuevo proyecto permitió comprobar que cuatro artículos fueron reproducidos literalmente en su contenido normativo. Un quinto conserva prácticamente toda su redacción y la nueva iniciativa mantiene los mismos diez lotes, planos catastrados, superficies y personas beneficiarias.
Durante la discusión de una moción para dispensar de trámites el nuevo expediente, diputados de distintas bancadas acusaron al oficialismo de apropiarse de una iniciativa de la oposición y condicionar su respaldo a que figurara como autor un diputado de Pueblo Soberano.
Quesada defendió su actuación y afirmó que había conversado con Aguilar sobre el procedimiento que consideraba necesario para conseguir la aprobación.
Yo hablé con la diputada Ángela y le dije que ese era el camino para poder hacer viable eso y estuvimos de acuerdo".
La diputada liberacionista Diana Murillo Murillo rechazó esa versión y aseguró que no había existido un acuerdo entre ambos legisladores, sino una advertencia sobre las consecuencias de mantener el proyecto original.
No fue un acuerdo entre ambos, fue prácticamente una amenaza, porque si dejaba su proyecto se iba a votar en contra. Aparentemente se ha recibido una orden desde Casa Presidencial para que ustedes no aprueben ninguna iniciativa de los diputados de oposición, ninguna iniciativa".
Por su parte, el diputado del Frente Amplio José María Villalta Flórez-Estrada sostuvo que Aguilar accedió a retirar su iniciativa bajo la advertencia de que sería rechazada y que desconocía que Quesada había presentado otro expediente con el contenido del suyo.
La diputada Norjelens Lobo Vargas, del PLN, también cuestionó que Quesada no incluyera a Aguilar entre los proponentes del nuevo expediente y aseguró que su compañera se enteró de su presentación al revisar el sistema legislativo.
Aguilar evitó profundizar en la controversia y pidió a sus compañeros no prolongar el enfrentamiento. La legisladora antepuso la necesidad de resolver la situación de las familias a la discusión sobre la autoría de la propuesta y solicitó respaldar la dispensa de trámites.
Finalmente, el plenario aprobó la dispensa del nuevo expediente por 46 votos a favor y ninguno en contra. Una moción para revisar esa decisión fue rechazada por 47 votos contra cero. La dispensa permitirá acelerar la discusión del proyecto oficialista, pero este todavía necesita la aprobación en primer y segundo debate para convertirse en ley.
PLN también retira proyecto sobre impuesto a las personas jurídicas
La segunda retirada se produjo al final de la sesión, cuando la presidenta legislativa, Yara Jiménez Fallas, anunció que se había presentado un retiro de puesta a despacho del expediente 24.996, una iniciativa del PLN relacionada con el impuesto a las personas jurídicas.
El proyecto fue presentado el 21 de mayo de 2025 por el entonces diputado liberacionista y actual jefe de asesores de la bancada verdiblanca Óscar Izquierdo Sandí y pretende modificar las consecuencias legales del incumplimiento en el pago de ese tributo.
Actualmente, la legislación contempla la disolución de sociedades que acumulen determinados períodos de morosidad. La reforma propone sustituir esa consecuencia por una inmovilización legal, que impediría realizar ciertos trámites registrales mientras persista la deuda, sin provocar automáticamente la disolución de la sociedad.
La iniciativa había sido aprobada en primer debate el 21 de abril de 2026, con 46 votos a favor. Posteriormente, el plenario retrotrajo su trámite el 22 de septiembre para introducir modificaciones y, el 13 de octubre, conoció cinco mociones de fondo, de las cuales aprobó una.
Este martes, cuando correspondía continuar con su discusión, la Presidencia legislativa informó que el expediente había sido retirado de puesta a despacho, por lo que su conocimiento quedaba suspendido conforme al artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
La vocería de prensa del PLN confirmó ante consulta de Delfino.cr que el retiro del proyecto se debió a la posición del oficialismo de archivar toda propuesta que provenga de la oposición.
Otro proyecto que el oficialismo había apoyado terminó archivado
La controversia también alcanzó al expediente 25.506, presentado por el expresidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez para corregir errores de referencias numéricas y vigencia de la Ley 10.905, que regula el régimen sancionador de personas servidoras y suplentes del Poder Judicial.
La iniciativa había recibido 51 votos a favor y ninguno en contra en primer debate, el 27 de agosto. Posteriormente, el plenario retrotrajo su trámite para corregir el texto y, el 6 de octubre, aprobó por 50 votos contra cero una moción de fondo presentada por la diputada Claudia Dobles Camargo, correspondiente a un texto sustitutivo de consenso.
Sin embargo, este martes el proyecto fue rechazado en primer debate por 25 votos contra 22. Una posterior moción de revisión también fue desestimada, por 27 votos contra 22, por lo que el expediente pasó al archivo.
Antes de esa votación, Dobles denunció públicamente que le habían solicitado retirar la iniciativa de la agenda legislativa y que, de no hacerlo, el oficialismo votaría en contra.
Me parece vergonzoso que se me haya dicho que este proyecto había que retirarlo, porque si no ustedes de todas formas lo iban a votar en contra".
La legisladora cuestionó que los diputados oficialistas estuvieran dispuestos a rechazar un proyecto que anteriormente habían respaldado dos veces y cuya finalidad era corregir la normativa aplicable a los procedimientos disciplinarios del Poder Judicial.
Uno de los antecedentes más relevantes fue la intervención del diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña, quien el 6 de octubre había explicado los problemas jurídicos de la iniciativa y defendido expresamente la moción presentada por Dobles.
En aquella ocasión, Villalobos cuestionó que el proyecto original pretendiera aplazar un año la aplicación de disposiciones del régimen sancionador. Sin embargo, reconoció que la propuesta de Dobles corregía ese problema y recomendó respaldarla.
Y usted en su moción sí dice: rige a partir de su publicación, que es en mi opinión lo correcto".
Villalobos votó a favor del texto sustitutivo el 6 de octubre, pero no participó en las dos votaciones de este martes que provocaron el archivo del expediente. El legislador sí había asistido previamente a otras actividades parlamentarias, incluido el espacio de control político y una conferencia de prensa del oficialismo para presentar una reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial consecutiva. También, después de la sesión de plenario estuvo presente en la instalación de la comisión especial investigadora sobre financiamiento de partidos políticos en las campañas electorales de 2022 y 2026.
Durante la discusión, diputados de distintas fracciones cuestionaron el cambio de criterio del PPSO. El frenteamplista Antonio Trejos Mazariegos, la liberacionista María Eugenia Román Mora, la socialcristiana Abril Gordienko López y el liberacionista Álvaro Ramírez Bogantes pidieron al oficialismo reconsiderar su posición y aprobar una iniciativa que consideraban necesaria para mejorar el funcionamiento del régimen disciplinario judicial.
Tras el archivo, Dobles anunció que volverá a presentar el proyecto e invitará a los diputados oficialistas a suscribirlo, con la expectativa de que puedan respaldarlo cuando regrese al plenario.
La legisladora también solicitó a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, que convoque la iniciativa durante el período de sesiones extraordinarias, que comienza en noviembre y en el cual el Poder Ejecutivo determina los asuntos que puede discutir el Congreso.
Antecedentes de disputas por la autoría de proyectos
Los acontecimientos de este martes se suman a otros episodios documentados por Delfino.cr relacionados con el tratamiento que reciben las iniciativas de legisladores de oposición y las condiciones bajo las cuales el oficialismo estaría dispuesto a respaldarlas.
Uno de esos antecedentes corresponde al expediente 25.775, presentado en septiembre por el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta Jaén, para conceder un nuevo plazo a cooperativas mineras de Abangares que necesitan regularizar sus concesiones.
Fuentes de Delfino.cr señalaron que la propuesta fue redactada desde despachos de bancadas de oposición, pero que se les comunicó que no recibiría respaldo si no era presentada por legisladores del PPSO, como finalmente terminó ocurriendo.
La diputada liberacionista Karol Vanessa Matamoros Montoya también hizo referencia a ese expediente durante la sesión del martes, al cuestionar que el oficialismo no reconociera el trabajo de legisladores de otras agrupaciones.
Diferencias en comisión por proyecto de prescripción de deudas
Otro caso que refleja tensiones sobre la continuidad de iniciativas presentadas por la oposición es el expediente 24.517, impulsado por el exdiputado liberacionista José Francisco Nicolás Alvarado, para permitir que los jueces declaren de oficio la prescripción de determinadas deudas financieras en cobro judicial.
La propuesta busca que las personas deudoras no necesiten contratar un abogado para solicitar que se reconozca judicialmente la prescripción de una obligación cuando haya transcurrido el plazo legal correspondiente, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa.
El expediente recibió un dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos en marzo de 2025 y, durante los primeros meses de la legislatura actual, mostró un ambiente favorable entre representantes de distintas bancadas. Sin embargo, durante la discusión de mociones en octubre surgieron diferencias sobre si debía continuarse con el expediente o sustituirlo por uno nuevo.
Según consta en el acta de la sesión del 13 de octubre, la presidenta de la comisión, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, cuestionó debilidades de la propuesta y defendió la elaboración de una nueva iniciativa que abordara integralmente los problemas detectados.
El diputado oficialista José Miguel Villalobos expresó una posición distinta y manifestó su interés en aprobar el proyecto existente, dejando para otra iniciativa únicamente los aspectos que no pudieran incorporarse por razones de conexidad legislativa.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio Joselyn Sáenz Núñez advirtió que abandonar la iniciativa significaría desperdiciar el trabajo de dos integraciones de la comisión y retrasar una reforma sobre la cual, según afirmó, existía un amplio consenso.
La discrepancia continuó durante la sesión del 20 de octubre, cuando Esquivel confirmó que ella y la diputada oficialista Cindy Blanco trabajaban en una nueva propuesta integral sobre la materia.
Cuestionamientos al funcionamiento de las comisiones
Las denuncias también se extendieron a la forma en que el oficialismo tramita las mociones presentadas por otras fracciones en las comisiones legislativas.
Durante el debate sobre el régimen sancionador del Poder Judicial, la diputada socialcristiana Abril Gordienko aseguró que en la Comisión de Asuntos Jurídicos había presenciado situaciones en las que legisladores del PPSO estaban dispuestos a rechazar mociones de la oposición sin discutir su contenido, mientras respaldaban propuestas de integrantes de su propia bancada.
Gordienko relató que, en una sesión de esa comisión, el oficialismo se disponía a votar negativamente una moción que mejoraba un proyecto, hasta que el diputado José Miguel Villalobos intervino para señalar sus virtudes. La legisladora también cuestionó que sus compañeros oficialistas pretendieran respaldar otra moción de su fracción que, según su criterio, habría perjudicado sustancialmente el texto en discusión.
La diputada afirmó haber observado una situación similar en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde, según denunció, el PPSO rechaza propuestas de corrección a proyectos prioritarios para el Ejecutivo, incluso cuando buscan atender observaciones jurídicas formuladas por las propias instituciones gubernamentales.
Una consulta periodística a la bancada del PPSO sobre si existe orden a la bancada oficialista de rechazar toda propuesta proveniente de la oposición seguía a la espera de respuesta al cierre de edición de esta nota.
Breves
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 25.808 "Desafectación de uso público y autorización a la Municipalidad de Liberia a donar un inmueble de su propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Social para la construcción de la sede del Área de Salud de Liberia".
— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 25.864 "Ley de vivienda digna para las familias de la Ciudadela IMAS en Varablanca, Heredia".
— Con 22 votos en contra y 25 a favor se rechazó en primer debate el expediente 25.506 "Reforma a la Ley de Régimen Sancionador de Personas Servidoras e Integrantes de Listas de Suplentes, Elegibles y Meritorias del Poder Judicial, Ley No. 10.905, para correcciones a referencias numéricas".
Proyectos dictaminados
No se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones este martes.
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.