Los 29 diputados oficialistas presentes rechazaron investigar las contrataciones de SGSV con instituciones públicas y su relación con la compra de bonos de deuda política del PPSO por parte de dos personas vinculadas con la empresa.
La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) bloqueó este lunes una moción que pretendía encargar a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa una investigación sobre las contrataciones estatales de la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. y su relación con el financiamiento de la campaña electoral del partido gobernante.
La propuesta, presentada por la diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana, fue rechazada por 29 votos contra 23. Los 29 diputados presentes del PPSO votaron en contra, mientras que las 23 diputaciones presentes de las demás fracciones respaldaron la iniciativa. Cinco legisladores estuvieron ausentes: dos oficialistas y tres del Partido Liberación Nacional (PLN).
La moción buscaba investigar las contrataciones adjudicadas o en trámite a favor de SGSV, así como de los consorcios en los que participa, y su relación con la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSO por parte de Cristian William Rodríguez Villalobos, representante legal y director regional de ventas para Centroamérica de la empresa, y Hermmoth Rothe Paniagua, fiscal de la sociedad desde 2015.
Según las publicaciones periodísticas citadas en la moción rechazada, Rodríguez adquirió certificados de deuda política por ₡43 millones y Rothe por ₡9 millones. Sin embargo, la moción también recoge cifras diferentes atribuidas a reportes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de ₡36,55 millones y ₡7,65 millones, respectivamente. El documento señala que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE inició estudios para verificar la solvencia económica de ambos compradores y la procedencia de los recursos.
La iniciativa también citaba información del Semanario Universidad según la cual Rothe figura como propietario del 18,81% de las acciones de SGSV, conforme a una declaración de beneficiarios finales incorporada a un expediente de contratación pública. Además, señalaba que ambos aparecen copiados en comunicaciones relacionadas con la cotización de ambulancias para el Cuerpo de Bomberos.
Contrataciones que se pretendía investigar
Uno de los principales negocios incluidos en la moción era la compra de 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos, por aproximadamente $13,8 millones, adjudicada el 28 de setiembre de 2026 a un consorcio integrado por SGSV y la empresa brasileña Bem Estar Hospitalar.
La propuesta señalaba que Bomberos invitó a presentar una oferta formal únicamente a ese consorcio, pese a que su precio era el más elevado entre las cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado. Las empresas nacionales Cotisa y AutoStar, que habían presentado precios inferiores hasta en $2,3 millones, fueron descartadas debido a sus plazos de entrega.
El procedimiento también figura entre los asuntos investigados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que abrió una causa contra persona ignorada por presunto tráfico de influencias, sin descartar otros posibles delitos.
La moción pretendía extender el análisis a otras contrataciones en las que participó SGSV, entre ellas la adquisición de terminales ópticas para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), estimada en $7,45 millones para su primer año; un contrato para detectar fugas de agua mediante tecnología satelital en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); y el alquiler de equipos de vigilancia marítima en Moín, adjudicado mediante un consorcio por aproximadamente ₡576,4 millones.
También se pretendía examinar la participación de la empresa en los contratos de monitoreo electrónico de personas mediante tobilleras, las adquisiciones de radares marítimos del Ministerio de Seguridad Pública y los procedimientos relacionados con el fallido primer proyecto del marchamo digital del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La propuesta recogía antecedentes publicados por distintos medios de comunicación sobre procedimientos de contratación en los que SGSV participó como único oferente o único oferente admisible, el empleo de mecanismos excepcionales de contratación y la acreditación de experiencia técnica mediante empresas extranjeras integrantes de los consorcios.
En particular, la moción buscaba determinar si existió algún patrón en las adjudicaciones públicas a SGSV desde el 8 de mayo de 2022, las razones por las cuales otras empresas quedaron excluidas de los procedimientos y si las modalidades de contratación utilizadas contaron con una justificación técnica y jurídica suficiente.
Además de revisar los procedimientos de contratación, la iniciativa proponía establecer una cronología entre la compra de certificados de deuda política, los contactos previos de la empresa con instituciones públicas, las invitaciones a participar en concursos, los estudios de mercado y las adjudicaciones.
La comisión también habría tenido el encargo de analizar la intervención de jerarcas, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo y de las instituciones contratantes, así como la existencia de eventuales conflictos de interés y la suficiencia de los controles sobre contratación pública y financiamiento electoral.
Para desarrollar la investigación, se proponía facultar a la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos para solicitar documentación al TSE, la Contraloría General de la República, el INS, Bomberos, el ICE, AyA, Radiográfica Costarricense (Racsa), distintos ministerios y otras instituciones relacionadas con los procedimientos examinados.
Asimismo, la moción contemplaba convocar a funcionarios públicos y particulares, con fundamento en las potestades constitucionales de investigación de la Asamblea Legislativa. El informe final debía entregarse al Plenario en un plazo de seis meses, prorrogable mediante acuerdo legislativo.
