El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes 12 de octubre, por unanimidad de los 48 diputados presentes, el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía y la redistribución de sus competencias entre otras instituciones del Poder Ejecutivo. El proyecto recibió 48 votos afirmativos y ninguno negativo en segundo debate, por lo que superó su trámite legislativo y quedó pendiente de los procedimientos correspondientes para convertirse en ley de la República.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.719, fue presentada el 25 de noviembre de 2024 por la administración de Rodrigo Chaves Robles. Su propósito es suprimir una cartera que, con el paso de los años, perdió buena parte de sus funciones originales y quedó principalmente a cargo de instituciones que operan con distintos grados de independencia administrativa.
La reforma dispone que la Dirección General de Migración y Extranjería y el Tribunal Administrativo Migratorio pasarán al Ministerio de Seguridad Pública, mientras que la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) quedará adscrita al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán). Por su parte, la Imprenta Nacional y su Junta Administrativa pasarán al Ministerio de la Presidencia.
Uno de los principales asuntos abordados durante el debate final fue la situación de Dinadeco y las asociaciones de desarrollo comunal. El texto aprobado establece que la institución funcionará como un órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental, lo que le permitirá conservar facultades administrativas y de gestión dentro de su nueva adscripción ministerial.
La diputada Vianey Mora Vega, del Frente Amplio, destacó que el texto incorporó medidas para fortalecer a Dinadeco y preservar derechos de las organizaciones comunales. También insistió en la importancia de que el proceso de reorganización respete los derechos laborales de las personas funcionarias de las instituciones afectadas.
El diputado Rafael Ángel Vargas Brenes, de Liberación Nacional, explicó que organizaciones comunales plantearon inicialmente trasladar Dinadeco al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por considerar que esa cartera mantenía una relación más directa con las actividades productivas y sociales de las asociaciones de desarrollo. Sin embargo, señaló que finalmente se mantuvo su traslado a Mideplán y se incorporaron ajustes para garantizar la continuidad de sus competencias.
En el caso de la Imprenta Nacional, la reforma mantiene a su Junta Administrativa como órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental, aunque sustituye su vinculación con Gobernación por una adscripción al Ministerio de la Presidencia. El Tribunal Administrativo Migratorio conservará, por su parte, su condición de órgano de desconcentración máxima y su independencia funcional para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.
El proyecto también establece que las plazas de las instituciones trasladadas deberán reubicarse con respeto de los derechos laborales de sus ocupantes. Las plazas correspondientes a la actividad central del Ministerio de Gobernación y Policía pasarán al Ministerio de Seguridad Pública o a la Dirección General de Migración y Extranjería. Además, se contemplan disposiciones para trasladar activos, pasivos, contratos y procesos judiciales a las entidades que asuman las funciones.
Cuestionan alcance del ahorro y fecha de aplicación
Durante la discusión, diputados del oficialismo defendieron la reforma como parte de los esfuerzos para modernizar la administración pública. El legislador Juan Manuel Quesada Espinoza, subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, sostuvo que la iniciativa permitirá eliminar duplicidades administrativas y distribuir las responsabilidades estatales entre instituciones con competencias más afines.
La también oficialista Grethel Ávila Vargas defendió la eliminación de una estructura ministerial que, según su criterio, perdió su razón de ser tras el traslado de numerosas funciones a otras carteras. Planteó que la reorganización responde a la necesidad de utilizar de manera más eficiente los recursos públicos.
Sin embargo, el diputado Edgardo Araya Sibaja, del Frente Amplio, cuestionó que la reforma se presentara como una medida de ahorro fiscal, pues señaló que las instituciones trasladadas conservarán sus presupuestos y responsabilidades. Aunque manifestó su respaldo al cierre del ministerio, consideró que sus efectos deben dimensionarse como una reorganización institucional y no como una transformación integral del Estado.
Uno de los cuestionamientos más relevantes surgió del diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña, quien advirtió sobre lo que considera un error en la fecha de entrada en vigencia de la reforma. Explicó que versiones anteriores contemplaban su aplicación desde la publicación de la ley, pero el texto finalmente aprobado dispone que comenzará a regir el 1.º de mayo de 2027.
La observación cobra importancia porque el transitorio IX concede al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 16 meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, para completar el cierre y la reorganización administrativa. En consecuencia, de mantenerse la fecha aprobada y agotarse ese plazo, el proceso podría extenderse hasta septiembre de 2028.
Villalobos también señaló una posible ambigüedad en el transitorio VIII, que reconoce el pago de los derechos laborales correspondientes a los funcionarios que decidan no aceptar el traslado y finalizar su relación laboral con el Estado. El legislador advirtió que, por la ubicación de esa disposición dentro del artículo transitorio, podría interpretarse que únicamente beneficia al personal de auditoría, aunque consideró que su finalidad era abarcar a todas las personas funcionarias afectadas por la reorganización.
La reforma contempla además un plazo de un año para que las instituciones involucradas presenten e implementen sus propuestas de reorganización ante Mideplán, así como seis meses para que el Poder Ejecutivo efectúe los ajustes reglamentarios necesarios, ambos contados a partir de la entrada en vigencia. También establece que Dinadeco deberá financiar, según la disponibilidad presupuestaria, los proyectos comunales aprobados al 31 de diciembre de 2024 que cumplan los requisitos correspondientes, durante los tres años siguientes a la promulgación de la ley.
Breves
— Con 48 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 25.093 "Reformas legales para la implementación del Proyecto de Hacienda Digital (Sistema TRIBU-CR)".
Proyectos dictaminados
Este lunes no sesionaron las comisiones dictaminadoras.
Leyes publicadas
Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.