El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó la noche de este martes en primer debate, tras una maratónica de votaciones, el proyecto de ley que contiene los préstamos internacionales que financiarán la construcción, equipamiento y puesta en operación de dos líneas del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como Tibi, en la Gran Área Metropolitana (GAM).
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.291, recibió el voto afirmativo de los 48 parlamentarios presentes, por lo que ahora resta su discusión y votación en primer debate. Apenas el miércoles de la semana pasada el expediente salió dictaminado de la Comisión de Hacendarios, y la votación de este 21 de abril fue posible gracias a que ningún legislador presentó mociones de fondo que debieran ser analizadas por ese foro.
El proyecto contiene una línea de crédito de 550 millones de dólares financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otra de 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones (BEI). A esos montos se suman una contrapartida de 26.5 millones de dólares del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y una donación de 21.3 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, para un total de 800 millones de dólares.
Del total del monto, unos 24.37 millones de dólares serán reservados para el pago de expropiaciones ($12.96 millones) y recuperación del derecho de vía ($11.41 millones).
El proyecto del tren eléctrico fue ingresado al Banco de Proyectos de Inversión Pública. Consiste en una obra a lo largo de 52 kilómetros de doble vía electrificada, cuya primera línea conectará Paraíso de Cartago con la Estación del Ferrocarril al Atlántico, en San José; y la otra conectará la Estación al Atlántico con Alajuela Centro.
Asimismo, contempla la compra de 28 trenes eléctricos con capacidad mínima de 300 pasajeros por unidad; la construcción de 26 estaciones nuevas y la rehabilitación de otras cuatro; la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios y la rehabilitación de otros dos, así como la construcción de 14 subestaciones eléctricas, cinco sistemas tecnológicos para el control de la operación y de acceso en estaciones, señalización, comunicación e información; así como pasos a nivel y desnivel, en beneficio de 1.63 millones de habitantes de la GAM.
Las condiciones financieras de los préstamos varían según la entidad que aportará los fondos.
En el caso del BCIE, un monto de hasta 371.3 millones de dólares tendrá dos posibles tasas de interés (el gobierno deberá elegir cual toma): una anual, basada en la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate) a seis meses más un margen variable del Sector Público con Garantía Soberana (2.50% al momento de presentarse el proyecto en el Congreso), o bien una tasa revisable del Sector Público con Garantía Soberana hasta 20 años plazo. El plazo del crédito será de 20 años, con cinco años de gracia, y un plazo de desembolso de seis años.
Un tramo de 128 millones de dólares tendrá una tasa cero de interés, con plazo de 40 años y diez años de gracia; mientras que los restantes 50.7 millones de dólares tendrán una tasa de interés fija del 0,75%, un plazo de 20 años y un plazo de gracia de cinco años.
En el caso de los 250 millones de dólares aportados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el gobierno también deberá escoger entre dos tasas de interés: una anual, basada en la tasa SOFR más un margen fijo de 1,24%; o una tasa fija del 5,01%. El plazo del crédito será de 25 años, con cinco años de gracia.
Para estas obras no se utilizarán los mecanismos ordinarios de contratación pública fiscalizados por la Contraloría General de la República, pues en su lugar se utilizarán los procedimientos tanto del BCIE como del BEI. En el caso de los recursos aportados por el MOPT, se deberán seguir los procedimientos nacionales de licitación reducida.
Por ser este proyecto uno de aprobación de endeudamiento externo y de conformidad con lo que establece el artículo 121 inciso 15) de la Constitución Política, la iniciativa requiere mayoría calificada de dos tercios de los miembros de la Asamblea (38 votos) para ser aprobada en su segundo debate.
Breves
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Ambiente dictaminó afirmativamente el expediente 25.033 "Ley de Seguro Ambiental".
— La Comisión de Asuntos Económicos rechazó el expediente 24.708 "Ley que regula la periodicidad de las declaraciones ordinarias y extraordinarias ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central de Costa Rica". Por el contrario, dictaminó afirmativamente el expediente 24.723 "Interpretación auténtica del artículo 32 de la Ley N° 8634 del 23 de abril de 2007, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, para proteger la suficiencia patrimonial de los bancos estatales".
— La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el expediente 24.890 "Reforma al Código Penal para garantizar el pago del condenado por los daños y/o perjuicios ocasionados producto de una infracción penal", el expediente 25.209 "Adición de un artículo 55 bis a la Ley de Protección al Trabajador, Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000" y el expediente 25.214 "Reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para establecer plazos de resolución".
Por el contrario, dictaminó afirmativamente el expediente 25.002 "Ley para establecer la licencia y subsidio para personas trabajadoras independientes responsables de pacientes en fase terminal y personas menores de edad gravemente enfermas. Reforma a los artículos 1, 5, 6 y 9 de la Ley beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal y personas menores de edad gravemente enfermas, Ley N.° 7756", el expediente 25.176 "Ley para facilitar el ejercicio profesional del notariado", y el expediente 25.259 "Reforma del artículo 5 de la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa, Ley n.º 7352, de 9 de febrero de 1993, para incorporar la movilidad eléctrica como alternativa equivalente al uso de combustibles fósiles".
— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó, a solicitud del Poder Ejecutivo, el expediente 23.760 "Ley de Impuesto sobre la Renta", el expediente 24.173 "Ley para proteger la inversión social en niñez y adolescencia", el expediente 24.525 "Ley de reivindicación del trabajador independiente mediante la reforma al artículo 3 de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y al artículo 15 de la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta", y el expediente 24.663 "Adición de un inciso z) al artículo 6 del Título IV, Capítulo I de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, del 3 de diciembre de 2018 y sus reformas. Ley para excluir al Instituto Costarricense de Ferrocarriles de la aplicación de la regla fiscal".
Por el contrario, dictaminó afirmativamente el expediente 24.227 "Ley para evitar la disminución del aporte del Poder Ejecutivo al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares" y el expediente 24.724 "Impedimento al Ministerio de Hacienda para el cobro abusivo del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores, Aeronaves y Embarcaciones".
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
