El proyecto pretende habilitar al Ministerio de Cultura y Juventud y a sus órganos desconcentrados a que puedan arrendar y establecer mecanismos de garantía para el uso temporal de sus espacios y/o recursos materiales (excepto los recursos culturales protegidos por norma especial), así como permitir el uso gratuito de sus espacios físicos para la difusión, la promoción, el apoyo, la ejecución y la comercialización de productos culturales, y a que reglamenten el rubro de extrafunciones para el desarrollo de las actividades culturales que lo requieran. Así como definir sus propias tarifas por concepto de boletos, entradas, o la realización de talleres y actividades formativas.