El proyecto establece que en el trámite de aprobación de contratos públicos que requieran refrendo de la Contraloría, las solicitudes de las empresas públicas en competencia tendrán una atención expedita en cuanto a la aprobación de sus actos y contratos que no podrá superar el plazo de quince días hábiles. Y añade que el incumplimiento de los plazos de resolución de las impugnaciones acarreará la responsabilidad administrativa-disciplinaria de los funcionarios encargados de resolver los recursos.