El presente proyecto de ley propone una reforma al artículo 61 de la Ley de Migración y Extranjería, con el objetivo de endurecer los requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional. La reforma establece que la Dirección General de Migración y Extranjería podrá denegar la entrada a personas extranjeras que tengan antecedentes penales relacionados con delitos graves, como los homicidios, la violencia, la delincuencia organizada, entre otros. Además, se faculta a las autoridades migratorias para rechazar a aquellas personas que hayan ingresado previamente al país sin cumplir con los requisitos legales correspondientes, lo cual representa una medida disuasoria ante posibles infracciones de la ley.