La presente iniciativa pretende regular la figura de la subcontratación de servicios, dentro de la Administración Pública en nuestro país, estableciendo que los oferentes deberán cumplir con las obligaciones laborales para con las personas trabajadoras, el pago de la póliza de riesgos de trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros y estableciendo que serán sancionables el incumplimiento de la legislación laboral en cuanto al pago de salarios, aguinaldo, jornada laboral, entre otras. Así como la falta de pago de la póliza de riesgos de trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros, las contribuciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el Instituto Mixto de Ayuda Social.