El Parlamento Cívico Ambiental denunció amenazas, acoso judicial y actos de violencia simbólica contra personas defensoras del ambiente, y llamó a adoptar medidas de protección.
El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) realizó un llamado público ante lo que describió como un aumento de intimidación, acoso y vulneración de derechos contra personas defensoras del ambiente en el país. La organización difundió el documento “Manifiesto condenando la intimidación contra los defensores del ambiente en Costa Rica - Noviembre 2025”, respaldado por 38 organizaciones.
Según el comunicado, el manifiesto advierte sobre un deterioro de la democracia ambiental y un debilitamiento de la institucionalidad encargada de proteger el patrimonio natural. El texto señala una “regresión ambiental sin precedentes”, asociada a recortes presupuestarios, pérdida de capacidad técnica en el MINAE y el SINAC, y una mayor concentración de decisiones que desplaza criterios científicos y limita la participación ciudadana.
El PCA también denunció el uso de procesos judiciales que, según la organización, buscan “intimidar y agotar” a quienes presentan denuncias ambientales. De acuerdo con el comunicado, estas acciones representan nuevas formas de censura y constituyen amenazas a la libertad de expresión.
Otro punto señalado es la aparición de actos de violencia simbólica, como una valla colocada recientemente en Puntarenas en la que se declaró “non gratos” a dos ambientalistas. Para el PCA, este tipo de incidentes refleja un clima de intolerancia que pretende deslegitimar la defensa ambiental.
El Parlamento Cívico Ambiental reiteró que “no puede existir democracia sin democracia ambiental” y pidió adoptar medidas inmediatas para proteger a las personas defensoras, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú y de las obligaciones internacionales del Estado costarricense.
Dato D+: Aunque Costa Rica firmó el Acuerdo de Escazú, aún no lo ha ratificado y, por tanto, no está jurídicamente obligada a cumplirlo. El comunicado utiliza esa expresión como parte de la posición del PCA, que aboga por la ratificación del tratado.
La organización insistió en su respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, el cual considera necesario para evitar que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de intimidación. También convocó a todos los sectores sociales a rechazar cualquier forma de violencia simbólica, judicial o política contra quienes resguardan los bienes comunes.
El comunicado concluye señalando que, para el PCA y las organizaciones firmantes, “defender el ambiente no es delito, sino un deber ético y patriótico”.
