En la entrada de Puntarenas se colocaron vallas en las que se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes.

Más de 30 organizaciones sociales, ambientales, académicas, indígenas y de derechos humanos condenaron este 6 de noviembre la colocación de una valla en la entrada a Puntarenas, en la zona de la Angostura, donde se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, reconocidos por su labor en la defensa de los ecosistemas marinos.

En el cartel difundido también en redes locales, aparecen ambos con sus cara tachadas.

Un ataque a la defensa ambiental

Las organizaciones calificaron el acto como un acto de odio e intimidación contra quienes defienden la legalidad ambiental.

Recordaron que tanto Arauz como Brenes han liderado acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, tras la decisión de 2017 de declarar especies amenazadas de tiburones como “comerciales”, medida que fue anulada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2023.

Esa sentencia ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) detener toda captura y comercialización del tiburón martillo, incluso la incidental, reforzando así la posición de los ambientalistas.

“En los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, alimentada por discursos de odio e intolerancia”, señalaron en su comunicado conjunto.

Las organizaciones denunciaron que estos ataques se dan en un clima de creciente inseguridad e impunidad, donde los discursos que desacreditan el Acuerdo de Escazú, que protege a defensores del ambiente en América Latina, han contribuido a normalizar la persecución del disenso.

Contexto de violencia e impunidad

El comunicado recuerda que Costa Rica enfrenta un aumento de amenazas contra líderes ambientales, especialmente en zonas costeras y rurales. En lugares como Talamanca, activistas han recibido amenazas de muerte, mientras circulan en redes discursos que los acusan de “ecoterroristas”.

Además, en años recientes se advirtió sobre los vínculos del narcotráfico con el palangre industrial, una actividad que también opera en áreas como la Isla del Coco, y que, según los firmantes, utiliza tácticas intimidatorias similares para silenciar denuncias.

Llamado al Estado y a la sociedad

Las organizaciones exigieron al Estado costarricense tomar medidas activas para proteger la integridad de las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos, investigar las amenazas y sancionar a los responsables.

Asimismo, instaron a la Defensoría de los Habitantes, al Sistema de Naciones Unidas y a las instancias internacionales de derechos humanos a vigilar y actuar ante posibles agresiones.

"En Costa Rica, lo único “non grato” debe ser la intolerancia, la violencia y la estigmatización hacia las personas que dedican su vida a proteger la naturaleza", cerraron.

El documento está suscrito por:

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales.
  • Costa Rica por los Océanos.
  • Bloque Verde.
  • Covirenas Caribe Sur.
  • Buen Vivir - Costa Rica.
  • Programa Interdisciplinario Costero / UNA.
  • Observatorio de Derechos Humanos.
  • Comité Punta Pelencho.
  • Asociación Civil Pro Natura.
  • Defensores de la Casa Común.
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral.
  • Oilwatch.
  • Fundación Promar.
  • Universidad Bíblica Latinoamericana.
  • Mar y Comercio.
  • Asociación Proyecto Camino Verde.
  • Cultura Kare.
  • Red Biodiversida.
  • Nido de Halcón.
  • Fundación Green Heart.
  • Fumicons.
  • Organización Regenerativa Matzú Insigne.
  • Universite Beesley Revol.
  • Huertos Urbanos de Costa Rica.
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género.
  • Costa Rica por el Océano.
  • Asociación CREMA.
  • Hogar Ecológico Ingeniería.
  • Rewilding Portugal.
  • Fundación El Arca de Noé.
  • Covirena Cabo Blanco Ario.
  • Ubiquity University.
  • APREFLOFAS.
  • Antigentrificación CR.