En las calles, carreteras y parques de Costa Rica, la contaminación visual generada por vallas y rótulos de propaganda es una queja constante. Sin embargo, una reciente directriz de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto de relieve una paradoja crítica: mientras un ente estatal ordena retirar esta publicidad por ilegal, otro podría estarla pagando con fondos públicos.

El pasado octubre, la CGR fue contundente: emitió una orden directa al MOPT y a la CNFL para detener y retirar la publicidad instalada ilegalmente en infraestructura pública, como postes de luz y vallas en derechos de vía, citando violaciones a la seguridad vial y al resguardo de los bienes públicos. Rutas clave como la General Cañas y Circunvalación fueron explícitamente mencionadas.

Esta acción confirma lo que la Ley de Tránsito ya prohíbe: la instalación de rótulos en derechos de vía (se puede, excepcionalmente y cumpliendo requisitos).

Aquí es donde entra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la llamada "deuda política", el mecanismo de financiamiento estatal para los gastos de campaña de los partidos. Una parte significativa de este dinero público se destina a "propaganda electoral", incluyendo el pago de las mismas vallas y rótulos que ahora la CGR cataloga de ilegales.

La pregunta crítica es: ¿Está el TSE financiando, con dinero de todos los costarricenses, una actividad ilegal?

La Constitución Política es clara en su artículo 96: para recibir el aporte estatal, los partidos deben "comprobar sus gastos" ante el TSE. Jurídicamente, un gasto para un fin ilícito —como instalar una valla en un parque o sobre una autopista sin permiso— no es un gasto "comprobable".

Irónicamente, el TSE ya ejerce un control estricto sobre las vallas, pero con un enfoque diferente. La jurisprudencia reciente muestra que el Tribunal rechaza el pago de vallas (aplicando la "Razón de Objeción O-07", en la liquidación de gastos del Partido Restauración Nacional Res. N.° 1888-E10-2024 del TSE) si la empresa proveedora no está debidamente inscrita en el registro oficial de propaganda del TSE.

Esto demuestra que el TSE tiene la potestad de fiscalizar este rubro específico. Sin embargo, parece existir un vacío en el control: se verifica quién factura (el proveedor), pero no la legalidad de lo que se factura (la ubicación).

El TSE tiene ante sí la oportunidad de cerrar este portillo y aplicar un "doble filtro". No solo debe exigir que el proveedor de vallas esté registrado, sino que también debe exigir que la factura venga acompañada del permiso de instalación emitido por la municipalidad o el MOPT.

Si el partido no puede aportar dicho permiso, el gasto simplemente no debería pagarse con fondos públicos.

Mantener el sistema actual crea una contradicción flagrante: la CGR lucha por limpiar el espacio público de estructuras ilegales (de las cuales están llenas nuestras vías —usurpación del dominio público—), mientras que el TSE podría estar incentivando su colocación al reembolsar el costo. Es un doble rasero donde el Estado se persigue a sí mismo, y el dinero público se utiliza para financiar la violación de la propia ley.

Aquí es donde debemos tener cuidado, empresas de publicidad se hacen “millonarias” utilizando el espacio público sin control, mientras “todos” los costarricenses, podríamos estar financiando campañas que se “anuncian” en la ilegalidad. Puede sonar descabellado, pero sí, la colocación de rótulos, vallas, y demás construcciones de forma permanente en el espacio público es un delito, además, ponen en riesgo la seguridad vial, produciendo adicionalmente contaminación visual. Esperemos que el TSE sea vigilante y algún día el Ministerio Público realice apertura “oficiosa”, de estos “mega anuncios”, o debemos pensar que existen intereses para favorecer a quienes se están enriqueciendo de esta forma.

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